El Paro Nacional no surgió de la nada. Una acumulación de hechos denotó la creciente indignación popular ante el colapso del sistema democrático en Guatemala, plagado por la corrupción y la manipulación política. Los pueblos indígenas, junto a los movimientos sociales y otros actores de la sociedad, exigían la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras y del jefe de la FECI, Rafael Curruchiche, acusados de manipular procesos judiciales y de intentar socavar la voluntad popular expresada en las urnas.

La última gran movilización indígena que se produjo a finales del año 2023 tomó como emblema y objetivo la lucha por la democracia y contra la corrupción. En ese momento, diversos analistas preguntaron: ¿por qué las personas que no se han beneficiado de la democracia en Guatemala, se levantan y usan esta bandera? En principio, el combate por la democracia estaba estrechamente vinculada a exigir el respeto de los resultados obtenidos en las elecciones de agosto de ese mismo año. Dado que las élites corruptas intentaban impedir a toda costa la toma de posesión de los elegidos, para las autoridades indígenas, ese fue un momento adecuado para avanzar y abrir el espacio de participación en beneficio de las comunidades y el país. 

Después de la primera vuelta electoral del 25 de junio de 2023 se presentaron tantos sucesos críticos y amenazantes que cada acción, más que la anterior, anticipaba la intención de perjudicar e invalidar el proceso electoral. En parte, estas amenazas permiten entender la movilización de las autoridades indígenas de 2023. De manera que su salida a la escena nacional no fue intempestiva, sino gradual, acelerada por el curso del evento electoral.

En este artículo no quiero realizar un análisis exhaustivo del primer año de gobierno de Arévalo; sería una tarea demasiado ardua. La realidad de Guatemala es compleja y, a menudo, difícil de comprender, y cualquier intento de emitir juicios definitivos resultaría prematuro. Estas son, más bien, impresiones de septiembre, para citar el título de una conocida canción italiana de los años setenta.

“El racismo no es solo una barrera que oprime a los pueblos indígenas, es una herida profunda que debilita el tejido social en su conjunto, frenando el progreso y el desarrollo de toda la nación. Erradicarlo no es únicamente una responsabilidad de los pueblos indígenas, sino un compromiso impostergable de todos los sectores. Mientras esta injusticia persista, nuestra sociedad seguirá arrastrando cicatrices que nos condenan a un futuro estancado y fragmentado”, Victoria Tubin.

Las transformaciones históricas contemporáneas de la democracia guatemalteca están inextricablemente vinculadas a las luchas para el agua y territorio. El movimiento por el agua creó las condiciones previas para la victoria de Semilla, apoyó en la segunda vuelta, y jugó un papel importante dentro del Paro Nacional para defender las elecciones. Ahora, bajo asedio, Semilla comenzó a trabajar en una propuesta de ley de agua para rescatar su proyecto político.

“Esta resistencia es una universidad. Aquí hemos aprendido a defendernos, a hablar, a enfrentar las cosas con la frente en alto. No solo luchamos por nosotros, luchamos por los que vendrán, porque la tierra no es un recurso, es nuestra madre y si la dañamos, no hay futuro”, expresa doña Licha.

La red de corresponsales de Prensa Comunitaria documentó, minuto a minuto, la movilización ciudadana que rechazó la instalación de una dictadura en Guatemala. A lo largo del año 2023, los pueblos indígenas y sus autoridades establecieron un nuevo escenario de protestas para defender los comicios, un escenario que llevó de las plazas a la toma de las carreteras en todo el país. Además, se logró la articulación con las poblaciones mestizas de la capital y otros espacios rurales de la periferia. A continuación, presentamos una muestra fotográfica que retrata cada uno de los momentos más álgidos de Guatemala.

Las jornadas de movilizaciones sociales de octubre del 2023 a enero del 2024 en defensa de los resultados de las elecciones generales en Guatemala fueron trascendentales por varias razones. 

Desde la quema de la embajada de España hasta el Paro Nacional de 2023, la población maya Ixil ha estado en la primera línea de defensa de los derechos humanos y la democracia en Guatemala.

La finca La Perla retrata una historia de más 70 años de explotación, desigualdad, miedo, violencia y disputa entre la familia Arenas y las comunidades maya Ixil de San Gaspar Chajul, Quiché. Con la promesa de viviendas y tierras para ser trabajadas, dicen los pobladores, los han orillado a trabajar con salarios precarios y sin el reconocimiento de sus derechos.

Hace un año Guatemala era un hervidero. Décadas de represión contrainsurgente y, en su faceta más extrema, de exterminio masivo, habían dado lugar a esperanzas de democracia que rápidamente se transformaron en desencanto ante la mutación de aquella contrainsurgencia en grupos dedicados al desmantelamiento del Estado, los negocios ilícitos y a la corrupción e impunidad generalizadas. El futuro, parecía entonces, continuaría esa misma espiral.

Hace un año, la sociedad guatemalteca logró evitar caer en el abismo de la consolidación del régimen de impunidad que se venía construyendo al menos en los dos últimos gobiernos. Eso creímos en esos momentos.

El 2 de octubre de 2023 inició el Paro Nacional, (Maya’ Yakatäjnem), convocado por la articulación de las autoridades indígenas y ancestrales para hacer respetar el voto ciudadano ante el Pacto de Corruptos, que buscaba evitar el acceso al poder Ejecutivo del Movimiento Semilla, partido ganador de las elecciones generales del 2023. 

En noviembre del año pasado, el Congreso realizó maratónicas sesiones en las cuales terminó aprobando diez leyes, entre ellas la Ley de Competencia y la ganadera, el Presupuesto General de la Nación y las modificaciones a la regulación de la Policía Nacional Civil; sin embargo, la mayoría de los decretos no tuvo análisis técnico.

Las elecciones generales de 2023 parecían condenadas al fraude y terminaron siendo una esperanza para Guatemala. Con la lucha contra la corrupción como bandera, una candidatura de bajo perfil, millones de votantes y un sinfín de movimientos y grupos sociales, liderados por las autoridades ancestrales de los pueblos indígenas, lograron ganar un pulso a los pactos de poder que pretendían consolidar su régimen de saqueo, impunidad y miedo.

El dirigente campesino ha dejado a su comunidad de El Caulote, en Jutiapa, las enseñanzas de cómo acompañar los procesos de resistencia en un territorio complejo como Guatemala. A un año de su muerte, la comunidad Xinka sigue replicando las dinámicas de diálogo y el consenso comunitario.

La CC no otorgó la protección solicitada para periodistas y columnistas que trabajaron en elPeriódico. La FECI de Rafael Curruchiche criminalizó a los comunicadores y los señaló de obstrucción a la justicia.

La gran mayoría en El Salvador, Centroamérica y el mundo ha normalizado la presidencia de Nayib Bukele. Sus innegables logros en materia de seguridad pública se convirtieron en narrativa dominante y oscurecieron todo lo demás, que son las violaciones sistemáticas a los derechos humanos de miles de mis compatriotas, el uso político de la fiscalía para perseguir a críticos, las muertes y torturas en las cárceles, la corrupción que permitió a la familia presidencial aumentar su patrimonio, y todas las violaciones constitucionales cuyo fin último es, como ya lo habían dicho fiscales salvadoreños y estadounidense, que Bukele se quede en el poder el tiempo que le venga en gana.

La organización Guatebelga solicitó la extradición de antiguos mandos militares y exfuncionarios por el asesinato y tortura de miembros de la Congregación del Inmaculado Corazón de María, cuyos hechos ocurrieron durante el Conflicto Armado Interno.  Desde 2022, la justicia belga pidió la detención de Lucas García, Guevara, Callejas y Callejas, Álvarez Ruiz y García Arredondo.