La Perla. Una historia de explotación y disputa en el territorio Ixil de Chajul

Créditos: Diseño de Estuardo de Paz

La finca La Perla retrata una historia de más 70 años de explotación, desigualdad, miedo, violencia y disputa entre la familia Arenas y las comunidades maya Ixil de San Gaspar Chajul, Quiché. Con la promesa de viviendas y tierras para ser trabajadas, dicen los pobladores, los han orillado a trabajar con salarios precarios y sin el reconocimiento de sus derechos.

Por Prensa Comunitaria

El 31 de octubre pasado, unos 500 comunitarios de la aldea Xemac, ubicada en la finca La Perla, en el municipio de San Gaspar Chajul, Quiché, retuvieron y posteriormente liberaron a Enrique Arenas Echeverría y Ricardo Arenas Menes, dueños de una de las extensiones de tierra más grandes en el área Ixil. Las razones que motivaron la retención, según relatos de las autoridades comunitarias, están asociadas a las constantes amenazas y amedrantamiento que habían sufrido los pobladores de la aldea por parte de la seguridad de la familia Arenas, relacionadas al uso de la tierra.

Los pobladores de la aldea Xemac, en Chajul, Quiché, han demandado por varios meses el pago de salarios atrasados por parte de los dueños de la finca La Perla, que, según Pedro Juan Carrillo Pedro, alcalde comunitario de la aldea, mantienen una deuda histórica con los comunitarios por el cuidado de las tierras que viene de varias generaciones atrás.

¿Cómo se llegó a este conflicto? Un repaso a la historia de la finca La Perla y las voces de los actores de esta problemática nos permiten hacer una explicación.

I. «No son trabajadores sino esclavos», la versión de la Coordinadora de Organizaciones Ixiles y el reclamo de salarios

La Coordinadora de Organizaciones Ixiles (COI), dijo en su momento que las agresiones las iniciaron los agentes de seguridad de la finca, “y todo hecho es de su responsabilidad”.

La COI sostiene la versión de que la familia Arenas dijo que miembros de la seguridad de la finca intentaron desalojar a las familias que ocuparon lotes de La Perla, violando completamente la ley, pues lo que debieron hacer era la denuncia ante las instancias de justicia correspondientes y que un juzgado ordenara el desalojo utilizando los protocolos establecidos en ley.

“Esto demuestra la utilización de métodos criminales y arbitrarios para agredir a los comunitarios, obviando completamente los mecanismos legales. La utilización de grupos armados clandestinos, que no se presentaban desde el conflicto armado interno, esas sombras del pasado reviviendo épocas oscuras son utilizados por la familia Arenas. Asimismo, la criminalización de los comunitarios, que al ubicarse alrededor del vehículo de la familia Arenas como la única manera de salvar sus vidas ante los disparos, eso no fue ningún secuestro”, aseveró.

Por ello, exigieron al Ministerio Público (MP) realizar una investigación exhaustiva, objetiva y en el lugar, para determinar a los hechores materiales e intelectuales y que se les aplique todo el peso de la ley, porque hubo un muerto y varios heridos, incluyendo dos menores de edad.

“Que se desmantele el grupo armado clandestino organizado por la familia Arenas, de manera que, se evite el clima de enfrentamientos de violencia criminal”, fue otra de sus peticiones y que la investigación incluya la identificación exacta de los responsables intelectuales de los hechos y la criminalización de los comunitarios. Sobre lo anterior, la familia Arenas sostiene que no se trata de grupos clandestinos sino de la seguridad de la finca, a quienes, según dicen, se les dio la directriz de “no emplear fuego letal”.

Otra de las peticiones de la población es que las autoridades actúen con celeridad, se preocupen por la seguridad y la salud de los comunitarios, para que les sean canceladas sus prestaciones laborales pendientes que los dueños de la finca La Perla les han negado.

Por ejemplo, los pobladores de la aldea Xemac, en Chajul, han estado demandando por varios meses el pago de salarios atrasados por parte de los dueños de la finca La Perla, que, según Pedro Juan Carrillo Pedro, alcalde comunitario de la aldea, mantienen una deuda histórica con los comunitarios por el cuidado de las tierras que viene de varias generaciones atrás.

Según Carrillo Pedro, a algunos de sus compañeros les debe de 12 a 14 jornadas de trabajo, por distintas actividades que realizaron, pero a más o menos 300 trabajadores se les debe hasta Q40 mil quetzales, razón por la cual, afirma, la familia Arenas decidió despedir a 12 trabajadores adultos mayores.

Además, refiere que el salario por el trabajo que realizan es muy bajo, desde que inició la finca a operar pagaban 50 centavos de quetzal por ser jornalero, limpiando los cafetales, recabando y podándolos, eso a los adultos, mientras que a los niños lo obligaban a cortar la cosecha de los “patrones”. Actualmente el pago es de Q45 a Q75 por cada quintal que recogen de café, y todavía se pueden encontrar niños trabajando, aunque no se tiene el dato completo de cuántos trabajan en la finca.

Por otro lado, la Alcaldía Indígena Ancestral Maya Ixil se solidarizó con los comunitarios afectados por los hechos violentos en la finca La Perla, mediante un comunicado. “Tenemos conocimiento que en dicha finca la esclavitud y explotación de personas es alta, en la finca no existen trabajadores, hay esclavos. Este tipo de tratos es humillante no solo para los Ixil, sino para cualquier persona”, mencionaron.

Pidieron, no señalar a personas, organizaciones y a las autoridades indígenas de ser responsables del hecho o de tener vínculos con organizaciones del crimen organizado. Y exigieron a la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (Copadeh), asumir el caso con responsabilidad y garantizar los derechos de las personas afectadas. Hicieron un llamado a los organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) observar la garantía de los derechos de los trabajadores indígenas de la finca.

II. Los hechos: la retención y liberación

El 31 de octubre de 2024, aproximadamente 500 comunitarios de la aldea Xemac, ubicada en la finca La Perla retuvieron a Enrique Arenas Echeverría y Ricardo Arenas Menes, propietarios de las extensiones. Las razones de la retención, según el relato de Pedro Juan Carillo Pedro, se debió a las constantes amenazas y amedrentamiento que ha sufrido los pobladores de la aldea por parte de la seguridad de la familia Arenas relacionadas al uso de la tierra.

En La Perla, situada a más de 302 kilómetros de distancia de Ciudad de Guatemala, habitan alrededor de unas 1 mil 500 familias, del pueblo Ixil, Q’anjob’al y algunos mestizos; existen dos aldeas, una de ellas Xemac, y la otra, Santa Delfina. El recorrido hasta ahí es complicado, debido al estado de las carreteras y el acceso difícil por el camino a la sierra en donde se encuentra el área Ixil, entre montañas.

Según testimonios de las personas, el 20 de octubre del presente año, la administración de la finca autorizó la construcción de alrededor de 30 viviendas en la aldea Xemac a jóvenes que vivían con sus padres en la misma aldea.

La aprobación, según los relatos de los pobladores, fue hecha por Carlos Alberto Arenas, quien informó ser el dueño de esas tierras, asegurando que no habría ningún tipo de represalia o intimidación en contra de las familias que construyeran sus viviendas en el lugar conocido como “Casa Parroquial” de dicha aldea, esto, debido a que en el pasado habrían existido algunos conflictos similares por construcciones.

Sin embargo, la familia Arenas ha manifestado que estas construcciones se hacen sin su autorización, calificándolas como invasiones, pero las versiones de las familias se contraponen, pues afirman que han recibido autorización, pero posteriormente los llegan a violentar y amedrentar, sin solucionar la situación de forma pacífica, sino agrediendo a la población.

El 30 de octubre dos guardias de seguridad con pasamontañas, armados y sin identificarse, llegaron en horas de la madrugada a destruir una de las viviendas de uno de los comunitarios identificado como Eduardo Ariel Pedro García. La vivienda habría sido autorizada previamente por la administración de la familia Arenas. Los comunitarios de la aldea Xemac, apoyaron de nuevo a Pedro García para volver a construir la vivienda.

Al día siguiente (31 de octubre) aproximadamente a las 10 de la mañana, llegaron 11 hombres desconocidos armados y encapuchados con pasamontañas al patio de la Casa Parroquial, en la aldea Xemac, enviados por los empresarios.

En ese momento se reunieron al menos 200 comunitarios, quienes discutieron con los guardias que buscaban desalojar a las familias, quienes también reclamaban el pago de salarios atrasados.

A las 10:30 horas, los ánimos entre los comunitarios y los guardias subieron de tono, pues estos últimos iniciaron a disparar al aire por al menos 20 minutos, narró Pedro Juan Carrillo Pedro, alcalde comunitario de la aldea. Toda la discusión y los disparos fueron observados por los empresarios, Enrique Arenas Echeverría y Ricardo Arenas Menes, quienes se encontraban adentro de un vehículo.

Al percatarse de la presencia de los empresarios, los comunitarios se aglomeraron, los rodearon y no permitieron que se movilizaran, para entablar un diálogo y resolver la situación que ha sido recurrente en dicha finca.

III. La versión de los Arenas y la posición del sector empresarial

El empresario Rodrigo Arenas, denunció por medio de sus redes sociales sobre el supuesto secuestro de su hermano y su tío en la finca La Perla. “En estos momentos un grupo de delincuentes invasores asesinaron a un hombre conocido como Juan Caballón (identificado como Juan Lucas Pérez Carrillo de 52 años de edad), e hirieron a 3 personas y tienen secuestrados a mi hermano, mi tío, un ingeniero y un abogado en finca La Perla. Todas las denuncias a las respectivas autoridades están hechas. Esto no quedará impune”, escribió en la red social X.

A esta denuncia se le sumaron la Cámara del Agro de Guatemala y la Asociación Civil en Defensa de la Propiedad Privada y Contra el Prevaricato (ACDEPRO), quienes expresaron su profunda preocupación por el “secuestro” de los empresarios, y hacían un llamado urgente a las autoridades tanto del Ministerio de Gobernación, como a las autoridades competentes, para garantizar la integridad de todas las personas involucradas.

Posteriormente, el 07 de noviembre la familia Arenas emitió un comunicado en el que aseguraron que lo sucedido el 31 de octubre en la finca La Perla, fueron “movimientos amenazantes” realizados por “un reducido y deshonesto grupo de individuos”, insinuando una inminente invasión en un área contigua al centro de la finca que es parte de su propiedad.

Aseguraron que el grupo de personas incitaron a la violencia, incluyendo amenazas de amarrarlos, quemarlos y asesinarlos. “En medio de esta agresión, los invasores dispararon, lo que llevó a la seguridad de la finca a responder con disparos disuasivos, siguiendo la directriz de no emplear fuego letal. A pesar de ello, Juan Lucas Pérez Carrillo, un guardia de seguridad desarmado de la finca, fue asesinado a sangre fría por los invasores”, refirieron.

La familia Arenas sostiene que la retención de Ricardo Arenas Menes y Enrique Arenas Echeverría fue un secuestro que duró más de seis horas, por lo que agradeció y reconoció “el excelente trabajo de las autoridades del Ministerio Público y del Organismo Ejecutivo, así como de los elementos de la fuerza pública, que permitieron resguardar la vida y la libertad de las víctimas que aún estaban con vida”.

También señalaron a los líderes y grupos de manifestantes en la finca La Perla, de tener un “historial de vínculos con la guerrilla y el crimen organizado, quienes continúan invadiendo propiedad privada y violando derechos a ciudadanos honestos”, por lo que, exigieron que se les aplique todo el peso de la ley, sin excepción.

El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), catalogó como “exitoso” el operativo de rescate ante el supuesto secuestro de los miembros de la familia Arenas.

“Cuando las instituciones de gobierno trabajan en conjunto y oportunamente, se salvan vidas y se protegen derechos, como en este caso, la libertad y la propiedad. Instamos al Estado de Guatemala, en especial a las instituciones que tienen el mandato constitucional de proteger la vida, la libertad y la propiedad, que apliquen este tipo de protocolos para velar por los derechos inalienables de todos los guatemaltecos”, refirió el CACIF en un comunicado.

IV. «Fue una retención y no un secuestro». La prontitud de las autoridades

El gobierno no ha dado mayores detalles de lo sucedido ese 31 de octubre. Sin embargo, se conoce que desde la publicación de Rodrigo Arenas se actuó con prontitud para disuadir de la retención.

La jefa de Relaciones Públicas del Ministerio de la Defensa Nacional, Pamela Figueroa, informó que, a las 20 horas de ese día, habían arribado seis adultos y una niña que se encontraban detenidos en la finca La Perla.

Prensa Comunitaria se comunicó con el vocero de turno de la Policía Nacional Civil (PNC), César Mateo, quien informó que no sabía cuántos elementos policiales participaron en el operativo para “rescatar” a los empresarios. Tampoco supo informar si en el operativo participaron miembros del Ejército de Guatemala, sin embargo, dijo que habrían participado únicamente en el traslado de los empresarios y heridos a la ciudad capital.

Según la parte policial, el problema se habría originado por el reclamo de tierras, para ver si se negociaban o se entregaban “y un guardia de seguridad de la finca disparó al aire como amedrentando, y balas perdidas alcanzaron a unas personas, lo que generó que la situación se tornara difícil”.

La PNC detuvo a Marco Aurelio Rodas, guardia de seguridad que habría disparado contra los comunitarios. A causa de las balas perdidas falleció Juan Lucas Pérez Carrillo de 52 años de edad, alias Juan Caballón, miembro de la seguridad de la finca La Perla, además resultaron heridas 6 personas, con esquirlas y perdigones de las armas de fuego que utilizó el personal de seguridad de la finca. Entre los heridos, hay tres menores de edad, dos de ellos son hijos del alcalde comunitario, Pedro Juan Carrillo Pedro, y una niña, hija de Eulalia Carrillo Pedro, hermana del alcalde, que fue trasladada al Hospital San Juan de Dios, en la ciudad capital.

“Mediante el diálogo entre la PNC y los pobladores fueron evacuados los empresarios vía área del lugar”, dijo el vocero de la Policía.

El vocero fue enfático al asegurar que los empresarios fueron retenidos y no secuestrados. “El término de secuestro es cuando se pide rescate, dinero a cambio de la persona que esta privada de su libertad, pero en este caso los pobladores no pedían rescate por los empresarios”, explicó.

Por aparte se le consultó al Ministerio Público sobre el proceso de investigación del supuesto “secuestro” de los empresarios, sin embargo, la oficina de prensa informó que trasladarían la información solicitada, pero hasta el cierre de este reportaje no se obtuvo respuesta por parte del ente investigador.

V. Una historia de explotación y violencia

Juan Carlos Mazariegos, sociólogo de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) y antropólogo social de la Universidad de Columbus, Nueva York, Estados Unidos, realizó un trabajo de investigación en el área Ixil, en el que detalló cómo fue la expropiación de tierras comunales del pueblo Ixil, llevándolos a una disputa y conflicto con las fincas que se establecieron en la región a finales del siglo XIX.

Desde la llegada de la finca, muchos de los pobladores y comunitarios perdieron sus tierras y fueron obligados a trabajar en las fincas, eso ocurre a finales del siglo XIX en el caso del área Ixil. Esta práctica se puede ver en otros lugares de Guatemala como las Verapaces y la Boca Costa, que comenzaron desde a mediados del siglo en 1850, en el caso del área Ixil fue en 1870.

En el caso específico de la finca La Perla, esta fue subastada a finales del siglo XIX, bajo el nombre de Xemac, la persona a la que adjudican la finca fue a Lisandro Gordillo, de quien se sabe muy poco, se conoce que venía de Oaxaca, México. En la época de la Revolución Mexicana llega a Guatemala y empieza a trabajar como administrador de fincas, y es de esa manera que Gordillo se entera de que muchas tierras empiezan a subastarse en toda Guatemala, ya que el Estado había dicho que toda aquella tierra que no estaba trabajada era baldía, es decir tierras productivas; pero mucho de lo que el Estado consideraba como tierras baldías eran tierras comunales.

Fue en ese momento que Lizandro Gordillo empieza a agenciarse de tierras y las adquiere en el área Ixil a finales del siglo XIX en lo que luego se llegó a llamar finca La Perla, en ese entonces Xemac. Gordillo compra esas tierras y las trata de hacer productivas con café y caña de azúcar para producir panela y alcohol, había un mercado de alcohol importante en el área Ixil que estaba controlada por ladinos, cuenta el académico Mazariegos en entrevista con Prensa Comunitaria.

La adquisición de esas tierras pone en conflicto a Lisandro Gordillo con comunidades de origen Ixil cercanas, específicamente con la aldea Ilom y Tx’el, esto debido a que Gordillo quería titular las tierras, pero para eso tenía que haber un proceso de medición para luego adjudicar el título, a lo que los comunitarios se oponían porque perdían territorio que les pertenecía. Según Mazariegos, es difícil saber cuánto medían en un inicio esas tierras, sin embargo, lo que sí se sabe es el reclamo por 30 caballerías.

Gordillo adquiere 30 caballerías de tierra en un inicio, a eso se le llamó La Perla en el año 1900; para 1927 y 1930 compró 72 caballerías más, a lo que se le conoció como Santa Delfina, que también es parte de La Perla, tierra que fue otorgada por el expresidente Manuel Estrada Cabrera a un grupo de ladinos de Momostenango, Totonicapán, que le estaban reclamando tierras, esa tierra era de complejidad de Chajul. Los ladinos de Momostenango son quienes posteriormente le venden a Gordillo, quien adquiere esas tierras expropiadas ilegalmente.

En 1934, Gordillo vende La Perla y la adquiere el Crédito Hipotecario Nacional, en total se adquirieron 102 caballerías de tierras, posteriormente en 1941 es comprada por José Luis Arenas Barrera, un anticomunista y reaccionario de la época. Fue miembro fundador del Partido de Unificación Anticomunista, y gana una diputación en 1950, proceso de elección en el que fue electo el presidente Jacobo Árbenz Guzmán (1951-1954).

Paralelamente intentaba hacer producir a La Perla con café, caña de azúcar y él le introdujo ganado, además de la producción de panela que era utilizada para endulzar, que para ese entonces había un mercado importante, y el jugo de caña lo fermentaban para hacer aguardiente, ese aguardiente también tenía un mercado regional importante, y era utilizado para embriagar a los indígenas quienes se endeudaban con los contratistas de jornaleros para consumir el aguardiente y era así como los obligaban a trabajar en la cosecha de café, comenta Mazariegos.

En esa época, se realiza el decreto 900 que establecía que toda tierra que no tenía uso pasara a favor del Estado, pero no de forma de expropiación sino se las comprarían, entonces las comunidades reclamaron la posesión de esas y el Estado se las otorga, sin embargo, vino la contrarrevolución. Arenas Barrera, se va a El Salvador donde inicia su contraofensiva contra Árbenz. Luego de este ser derrocado las tierras volvieron a pasar a nombre de José Arenas.

Este hombre también adquirió tierras en Ixcán, en el norte de Quiché, otra zona de conflictos con los pueblos indígenas. En 1975 llegó al área Ixil, el Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP), a quienes se les atribuye el asesinato del finquero José Luis Arenas Barrera, llamado «El Tigre del Ixcán». “Supuestamente le llamaron así por ser un tipo terrible y sin escrúpulos que obtenía tierras sin permiso y obligaba a los pobladores a trabajar en las peores condiciones que pueden existir, les quitaba la tierra y no les pagaba nada”, señaló Mazariegos.

Cuando el EGP inició a operar, hubo una gran movilización de la población en la región y un gran número apoyó a la guerrilla, no eran guerrilleros pero estaban de acuerdo, por lo que a principio de los años ochenta, los Arenas llevan al Ejército de Guatemala, tal es así que en la finca La Perla se instaló un destacamento militar, “donde operó un centro de detención clandestina, allí llevaban a gente a torturarla y luego la desaparecían, la gran masacre ocurrida en Ilom surge de gente que se encontraba en el destacamento de La Perla”, añadió el sociólogo y antropólogo.

VI. Obligados a trabajar, sin educación y desarrollo

En la masacre de Ilom murieron alrededor de 100 personas, y a las que quedaron las obligaron a ser parte de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), además de obligarles a reorganizarse y a vivir dentro de Santa Defina o en La Perla, y muchos se quedaron viviendo ahí creando una situación de conflictividad que en la actualidad persiste.

De acuerdo con Mazariegos, la falta de oportunidades en el área Ixil exacerba los conflictos entre los finqueros y la población y es una de las causas detrás de esta disputa histórica.

“Históricamente el trato de finqueros hacia la población indígena tiene una visión racista en la que los indígenas son «brutos», se oponen al progreso porque no son educados, es gente que detiene el desarrollo del país, es algo escrito que está instalado, son tratados de esa forma, no se les reconoce sus derechos, ni mucho menos se les reconoce que estas tierras fueron adquiridas literalmente del despojo, porque una enorme cantidad de caballerías que pasaron a nombre de los Arenas fueron expropiadas ilegalmente a los chajules. Es una visión en donde se ve al indígena como un sujeto ignorante, en el que la única vía para civilizarlos es obligarlos a trabajar, forzarlos. Ha sido una relación violenta al verlos como personas sin derechos”, señaló.

Su opinión también apunta a que, dentro de la finca La Perla lo que había eran mozos colonos y la relación que los Arenas tenía con ellos, era dejarlos utilizar un pedazo de tierra para que cultiven maíz y frijol para su subsistencia y a cambio tenían que ir a recoger la cosecha del café o ir a cortar caña, y esa es la única relación que existe.

“No hay una relación de decir vamos a llevar escuelas, algo que desde el principio del siglo XIX y a finales de los años 80 no existía. Donde empiezan las grandes masacres y el genocidio Ixil, ahí no había nada absolutamente nada. La institución que lleva algunos proyectos educativos y desarrollo económico a inicios de 1954, fue la Acción Católica y fue por cooperativas de educación, financieras y de producción de miel al área Ixil, los finqueros no movieron un solo dedo ni para educación ni para proyecto de educación, eso no pasó ahí”, manifestó el antropólogo social.

Fueron los catequistas y la Iglesia Católica quienes llevaron el desarrollo al área, pero fueron perseguidos por el Ejército de Guatemala y posteriormente forzados a abandonar la zona a principios de los años ochenta. “Hasta donde yo sé, y mi investigación llega es hasta donde empieza la matanza genocida. Ahí proyectos educativos y de desarrollo no hubo, en el caso más benefactor, el papel de los finqueros fue ver a los indígenas como niños y en el mejor de los casos, el finquero vio al indígena con una visión paternalista, en el peor era de eterna violencia”, concluye el investigador.

Aquel 31 de octubre, se vivió en San Gaspar Chajul un suceso violento y una serie de enfrentamientos entre unos y otros. No obstante, La Perla, como en muchas otras zonas agrícolas y no agrícolas del país, es una historia más de desigualdades, la falta de oportunidades de un trabajo digno y bien remunerado, la falta de acceso a la educación, la salud y el desarrollo, para cientos de familias que viven con condiciones similares a los pobladores de Xemac.