Un año después ¿nos babosearon?

Por Santiago Bastos Amigo

Hace un año, la sociedad guatemalteca logró evitar caer en el abismo de la consolidación del régimen de impunidad que se venía construyendo al menos en los dos últimos gobiernos. Eso creímos en esos momentos.

El Paro Nacional convocado por las autoridades indígenas y comunitarias, apoyado por muchos sectores organizados y, sobre todo, por mucha población en todo el país, sirvió para poner un alto a las pretensiones ilegales de la amalgama de intereses conocida como “Pacto de Corruptos”, que pretendían mantener el sistema de enriquecimientos ilícitos diversos a base de una impunidad asegurada por el control de los tres poderes de la República. Pero la gente lo impidió saliendo a las calles.

Lo que movilizó a organizaciones y población no fue tanto el apoyo al presidente electo como el rechazo a esas estructuras en su pretensión antidemocrática. Por eso la demanda central fue la renuncia de Consuelo Porras como fiscal general del Ministerio Público (MP), y de Rafael Curruchiche como responsable de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI). Esa fue la consigna de los convocantes, para eso se movilizó la gente, así lo reconoció Bernardo Arévalo y por eso se organizó el plantón en la sede central del MP en el barrio capitalino de Gerona. 

Este Paro Nacional corroboró y dio cauce a la voluntad de cambio que había aparecido en las elecciones al votar al candidato que rechazaba todo este sistema corrupto asegurado desde prácticamente todas las instancias del Estado. La respuesta generalizada, entusiasta, diversa y lúdica a la convocatoria, mostró la posibilidad del optimismo en la sociedad respecto a su futuro.  Las sonrisas, juegos y canciones en las calles y carreteras mostraban la voluntad de una vida que no dependiera del control ilegal de la República por unos cuantos.  

Sin embargo, el tiempo transcurrido desde la toma de posesión no nos deja mucho espacio para ese optimismo de entonces. 

A pesar del empuje popular, de la buena voluntad y los espacios logrados, no parece que el panorama haya cambiado mucho. Las y los exiliados no han podido regresar, e incluso han aumentado en el primer año de gobierno de Arévalo. Las comunidades siguen siendo desalojadas por órdenes de jueces comprados. La manipulación de la ley y de los procesos judiciales ha continuado para liberar a los acusados de corrupción y encausar a quienes intentan oponerse a esas prácticas; llegando al Ejecutivo y al mismo presidente. El muy probable retorno a la cárcel del periodista Jose Rubén Zamora es la última muestra –por ahora- de cómo se mantiene esa judicialización perversa. 

El proceso de renovación de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y las Salas de Apelaciones mostró la impunidad de estas prácticas que van en contra del espíritu mismo del proceso. Quisiera equivocarme, pero parece que no tenemos elementos para pensar en un futuro más limpio y justo: las formas de actuación de la Cortes recién electas muestran que la cúpula judicial del país sigue permitiendo y promoviendo las formas de acción impune.

Todo esto nos hace ver que, así como fuimos entusiastas, pecamos de ingenuos. Nuestro optimismo no nos permitió avizorar lo que venía después de la ansiada toma de posesión presidencial.   

Quienes manejan y se benefician de las redes de corrupción e impunidad supieron leer mucho mejor las condiciones, las posibilidades y los tiempos. Se aseguraron su continuidad pese a no contar con la importante figura presidencial y su Ejecutivo, y ya no solo buscan mantenerse los cuatro años de este gobierno, han pasado a consolidar su poder como si este no existiera. 

Quienes finalmente sustentan este modelo criminal por activa o pasiva, conocen el poder desde hace mucho y han sabido salir de muchas crisis sin que se cuestione su lugar en la sociedad. Ahora no iba a ser menos y, como consecuencia, el tiempo avanza y con ello las posibilidades de que el Pacto de Corruptos deje de gobernarnos, son cada vez menores.

Quizá todo esto suene pesimista, ojalá estuviera tan equivocado como cuando hace más de un año escribí que “sea quien sea quien se ciña la faja presidencial el próximo 14 de enero, será para mantener y profundizar esta forma de entender y practicar la política” y, en cambio, el pueblo de Guatemala supo encontrar la salida a esa encerrona. 

Por eso, quizá sea momento de regresar la mirada a esas tres semanas de octubre del año 2023, para ver qué es lo que ocurrió, cómo se logró ese gran acto de poder de la sociedad guatemalteca que logró que, al menos, la voluntad popular se respetara en lo formal cuando todo indicaba que ni siquiera iba a ser así. 

Quizá no sea con memoriales, cartas firmadas, recursos y amparos como esta conjunción de intereses va a dejar de actuar impunemente. El 30 de septiembre de 2023, fue el allanamiento del Tribunal Supremo Electoral (TSE) la gota que colmó el vaso de la paciencia política de unas autoridades comunitarias que llevaban actuando contra los corruptos desde antes de las elecciones. Y ese vaso estaba tan lleno, estábamos tan hartos, que buena parte de la sociedad les siguió, saliendo a calles y carreteras a paralizar el país pese a las amenazas e intimidaciones. 

¿Hasta dónde vamos a tener que esperar mientras ellos siguen consolidando su régimen criminal a costa de nuestra dignidad y nuestro futuro? ¿A qué vamos a tener que esperar ahora para que se llene el vaso? ¿Quién va a ser esta vez quien diga “basta ya!”? ¿Será que la sociedad guatemalteca responda aún a un llamado a poner alto, o nos confiamos mucho tiempo y ya se perdió esa ilusión y esa energía?