Este 28 de junio se celebró en la ciudad de Guatemala el Desfile de la Diversidad Sexual e Identidad de Género, bajo un amparo de la Corte de Constitucionalidad. Diferentes colectivas y organizaciones de personas LGBTIQ+ recorrieron el trayecto que dio inicio en la Plaza de la República, en la zona 4, de la capital hasta llegar a la concha acústica del Parque Centenario, en el Centro Histórico. Las personas diversas fueron acompañadas por sus amigxs y familiares, haciendo de la manifestación una fiesta diversa.

Narrativas que incitan al odio, amparos legales e iniciativas de ley que buscan criminalizar a la población LGBTIQ+, son las acciones promovidas desde sectores ultraconsevadores, grupos profamilia e iniciativas antiderechos en Guatemala. Mientras la regresión autoritaria parece hacer un retorno histórico en la política internacional, las organizaciones que defienden los derechos humanos de las personas diversas en el país, hacen frente a esta arremetida desde la resiliencia y la articulación entre movimientos.

A pocos días de celebrarse el Desfile de la Diversidad Sexual e Identidad de Género, han surgido cuestionamientos sobre su realización, así como señalamientos por violencia, exclusión y falta de transparencia.

En cada rincón del mundo, los seres humanos compartimos la aspiración de gozar de dignidad, igualdad y acceso a la justicia. Como representante de un gobierno que prioriza los derechos de sus ciudadanos y ciudadanas, incluyendo a los miembros de la comunidad LGBTQ+, escribo este artículo con profundo respeto hacia el pueblo de Guatemala, y con la esperanza de contribuir a la construcción de un futuro más incluyente.

Los jueces Walter Rosales, José Quiñónez, Luis Paniagua y William Chen son responsables de faltas graves y leves al código ético de la carrera judicial, por haber ingresado y retenido a una menor de edad en el Tribunal Primero de Sentencia Penal de Cobán, Alta Verapaz, y por ingerir bebidas alcohólicas en horario laboral, entre otras acciones, según el dictamen emitido por la Junta de Disciplina Judicial el miércoles 18 de junio. La Junta consideró que Rosales y Quiñónez deben ser destituidos de sus cargos.

Las autoridades egipcias han deportado a decenas de activistas, algunos de ellos han sido detenidos en los hoteles en los que se alojaban en El Cairo, adonde habían llegado para participar en la Marcha Mundial a Gaza.

Solo una de las seis medidas de reparación solicitadas por familiares de Josselin Arias Regalado fue declarada con lugar por el Tribunal de Sentencia Penal de Puerto Barrios, Izabal. La audiencia se realizó el 10 de junio, cinco días después de que el mismo Tribunal dictara una sentencia condenatoria contra Thelma Yulissa Marroquín por el asesinato de Josselin y de su bebé, Génesis. 

En el país hay cifras que detallan que niñas de 10 a 14 años son forzadas a continuar con embarazos producto de una violación sexual, y a convertirse en madres, una situación que podría cambiar con la condena histórica que exige el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas -ONU- al Estado de Guatemala, con el caso de Fátima, una niña que a los 13 años fue víctima de violencia sexual y fue obligada a ser madre, un hecho que casi le cuesta la vida, además de robarle su infancia.

Nyny Jhoanna Montaña Rodríguez desapareció el 23 de mayo en Panajachel, Sololá. Quienes la conocían y notaron su ausencia, activaron la Alerta Isabel-Claudina para dar con su paradero. Cinco días después, su cuerpo sin vida fue encontrado. La causa de su muerte no ha sido establecida por las autoridades. ¿Qué refleja esta historia en la sociedad guatemalteca?

La Supervisión General de Tribunales informó que ya existe un proceso penal en contra de Walter Fabricio Rosales, juez presidente del Tribunal Primero de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente en Alta Verapaz, por violencia sexual contra una menor de edad, quien fue rescatada por la Procuraduría General de la Nación (PGN). Sin embargo, Rosales aseguró que esta denuncia será desestimada, de acuerdo a declaraciones brindadas por la Supervisión. 

Desde la ética feminista resulta imprescindible problematizar las relaciones desiguales de poder que operan, explícita e implícitamente, detrás de cualquier proceso, incluso académico.

Del 19 al 23 de mayo la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sesionó en Guatemala, en su 176 periodo ordinario. El pasado 22 de mayo la Corte IDH conoció el caso Celia Ramos Durand vs. Perú, una historia de esterilizaciones forzadas contra mujeres rurales, campesinas, indígenas y empobrecidas durante el conflicto armado interno en el país del sur, impulsadas por el régimen de Alberto Fujimori a finales del siglo pasado.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) realiza sus sesiones desde el 19 de mayo en la ciudad de Guatemala. Este jueves 22 conocerá el caso de Celia Ramos vs. Perú sobre la esterilización forzada impulsada por el régimen de Alberto Fujimori a finales de los años 90 en ese país sudamericano.

En Guatemala los animales también son violentados. Desde abandonar, torturar y hasta dejarlos sin vida son hechos que generan indignación ante una normativa que no les hace justicia y que deja en libertad a sus agresores al pagar una sanción económica de entre cuatro a doce salarios mínimos. 

Organizaciones de mujeres y hombres trans se pronunciaron este 19 de mayo contra la discriminación, exclusión y violencias que viven en Guatemala, en el marco del Día Internacional contra la LGBTIQ+ fobia.

A la hora de esta publicación la abogada estaba en situación de desaparición forzada: ni su familia ni su abogado han tenido noticias de ella.

Previo al establecimiento del Instituto de la Víctima (IDV), las personas que sufrían las consecuencias de un delito no contaban con un acompañamiento integral que les permitiera retomar su proyecto de vida. La visión y trabajo de la doctora Rebeca González Leche, actual directora de esta entidad, permitió que las víctimas de delitos fueran atendidas en Guatemala desde la victimología.

La ODHAG manifestó la necesidad de renovar el sistema de protección a la niñez y adolescencia y que dé prioridad a la prevención tomando en cuenta las necesidades de cada niña y niño y que no proponga aislarlos y aislarlas en centros residenciales como única solución. “El sistema de protección de la infancia no sólo es el Estado, sino que debe contar con la activa participación de toda la sociedad”, afirmó.

Cada 26 de abril las lesbianas conmemoran su existencia y lucha por lograr que sus derechos sean respetados en un contexto libre de prejuicios y discriminación estructural, que se manifiesta en violencia física y verbal. En Guatemala, mujeres que aman a otras mujeres contaron a Ruda cómo viven su lesbiandad desde distintos espacios.

Gladys es un nombre ficticio y su historia podría ser la de cualquier mujer que conozcamos. Mujeres que han logrado retornar a la vida, de manera simbólica aunque también material, después de sentir que no serían capaces de hacerlo.