Histórico fallo de la ONU en caso de Fátima busca prevenir las maternidades forzadas en Guatemala

En el país hay cifras que detallan que niñas de 10 a 14 años son forzadas a continuar con embarazos producto de una violación sexual, y a convertirse en madres, una situación que podría cambiar con la condena histórica que exige el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas -ONU- al Estado de Guatemala, con el caso de Fátima, una niña que a los 13 años fue víctima de violencia sexual y fue obligada a ser madre, un hecho que casi le cuesta la vida, además de robarle su infancia.

Foto: Sistema de Alertas Regional

Por Ana Alfaro

Fátima era una niña en condición de pobreza, originaria de Huehuetenango, que entre 2009 y 2010, cuando tenía 13 años, fue violada sexualmente por un profesor y obligada a llevar a término el embarazo resultante del abuso continuo. Durante el embarazo, tras el hostigamiento del personal educativo, ella también se vio forzada a abandonar la escuela. 

Tiempo después, cuando quiso regresar para continuar con sus estudios, el personal del establecimiento educativo condicionó su reingreso: para conseguirlo debía contraer matrimonio, detalló el Movimiento Son Niñas, No Madres, organización que llevó su caso al litigio internacional ante el Comité de Derechos Humanos y el Comité de Derechos del Niño (y la Niña) de la Naciones Unidas. 

La madre de Fátima presentó una denuncia contra el agresor por las violaciones sexuales cometidas contra su hija. Inmediatamente, la familia empezó a recibir amenazas e intimidaciones para que retiraran la denuncia, y aunque un juez emitió una orden de captura y la familia ha aportado información al Ministerio Público (MP) sobre el paradero del agresor sexual, hasta el día de hoy no ha sido capturado.

En 2016 el Centro de Derechos Reproductivos realizó el informe “Vidas Robadas” que documentó el impacto de las maternidades forzadas. Físicamente, las niñas tienen cuatro veces más probabilidades de tener complicaciones mortales durante el embarazo, el parto y el postparto, en comparación con una mujer adulta, enfrentándose a barreras para acceder a servicios de salud y justicia; así como el impacto en su salud mental y social para retornar su proyecto de vida.

Esta situación alcanza a muchas niñas y se ha convertido en una “epidemia silenciosa, la epidemia de las maternidades forzadas en niñas sobrevivientes de violencia sexual”, manifestó Mariany Sánchez, de la coordinadora del Movimiento Son Niñas, No Madres.

Registro de niñas embarazadas

En Guatemala, entre 2018 y 2024, el Registro Nacional de las Personas (Renap) registró 14 mil partos en niñas entre 10 y 14 años (un promedio de 2 mil partos por año), una tendencia que se mantiene ya que entre enero y marzo de 2025 el Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva (OSAR) documentó 556 nacimientos en niñas del mismo rango de edad.

El agresor, para lograr acercarse a la familia de Fátima, daba regalos, útiles escolares hasta que bajo engaños la trasladó a la capital para, según él, participar en una actividad académica. Fátima, siendo una niña de 12 años, desconocía sobre la menstruación y no contaba con educación sexual.

Fátima no tenía información sobre violencia sexual. A partir de la resolución del Comité de Derechos Humanos de la ONU, el Estado, a través del Ministerio de Educación, tendrá que sumarse a lo establecido en un sistema que garantice capacitación en el tema, tanto para maestras y maestros, como para las y los estudiantes. “Esto puede prevenir la violencia sexual. Esto nos reafirma que la educación integral en sexualidad es una urgencia”, explicó Victoria Maldonado, de OSAR.

Tanto la violación sexual como el embarazo no deseado causaron graves consecuencias en la salud mental de Fátima, incluyendo ideas suicidas. En reiteradas oportunidades, ella manifestó que no quería continuar con el embarazo. “El acceso a los servicios de salud fueron estigmatizantes, obligándola a responder como una mujer adulta. Esto le causó un trauma, ella recuerda mucho ese temor, a sus 12 años enfrentarse a un parto y lo que eso significaba”, contó Paula Barrios, abogada de Mujeres Transformando el Mundo.

Foto: Archivo Ruda

América Latina y el Caribe es la segunda región del mundo con las tasas más altas de partos en niñas menores de 15 años, según el Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas. Incluso, han monitoreado que el 2% de las mujeres en edad reproductiva tuvieron su primer parto antes de los 15 años. En la región donde prevalece la violencia sexual y embarazos en niñas, es donde también hay leyes de aborto más restrictivas y punitivistas, señaló el Centro de Derechos Reproductivos. 

En 2022 la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó a los Estados eliminar el delito de aborto de los códigos penales. Sin embargo, en Guatemala el aborto es criminalizado, excepto cuando la vida de la mujer está en riesgo.

La historia de las niñas de Guatemala puede cambiar

Después de 15 años, Fátima obtuvo una victoria tras acudir a la justicia internacional, tanto para ella como para las demás niñas. El 5 de junio de 2025, el Comité de Derechos Humanos de la ONU emitió una condena contra el Estado de Guatemala por la violación de los derechos humanos de Fátima, por medio de un litigio internacional que comenzó en 2019, impulsado por el Movimiento Son Niñas, No Madres.

Según el comité, el Estado violó sus derechos a una vida digna, a decidir de manera autónoma sobre su cuerpo, a recibir información y a la igualdad y no discriminación. “La maternidad forzada interrumpe y obstaculiza los objetivos personales y profesionales de las niñas, restringe gravemente su derecho a una vida digna”; además del sufrimiento extremo que le causó la violencia sexual, el embarazo y una maternidad forzada.

“Cuando obtenemos este tipo de dictámenes también hay una esperanza para transformar el panorama y cambiar el futuro para las niñas, y sobre todo hay una esperanza cuando ellas, como sobrevivientes, y nosotros, nosotras como ciudadanía, rompemos la inercia del silencio y nos organizamos para decir que son niñas y no madres”, expresó Sánchez.

Guatemala no puede ignorar más la educación sexual

Guatemala tiene 180 días desde que se emitió el fallo para presentar avances sobre las medidas de no repetición. “Realizar las adecuaciones necesarias para que ninguna niña sea forzada a llevar un embarazo, existir protocolos para que las niñas victimas de violencia sexual tengan acceso efectivo a servicio de interrupción voluntaria del embarazo. Tienen que hacer todas las adecuaciones normativas necesarias”, señaló Carmen Cecilia Martínez, estratega legal del Centro de Derechos Reproductivos.

Las acciones que debe tomar el Estado de Guatemala para que las niñas no repitan la historia y la crueldad que vivió Fátima son: 

-Garantizar el acceso a servicios de salud reproductiva, eliminando barreras médicas, judiciales y administrativas, así como fortalecer los protocolos para el aborto terapéutico existentes.

-Emprender acciones para prevenir la violencia sexual, incluyendo el acceso a educación sexual integral.

-Crear una política pública de reparación para sobrevivientes de violencia sexual, embarazo y maternidad forzada, abarcando educación, salud y acompañamiento psicosocial.

-Crear un sistema nacional de registro unificado que documente casos de violencia sexual y embarazaos forzados para diseñar políticas públicas efectivas.

-Capacitar obligatoriamente al personal de salud, justicia y educación en temas de género, niñez y derechos.

La Procuraduría General de la Nación ya ha recibido el dictamen emitido por el Comité de Derechos Humanos de la ONU y será remitido a la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (COPADEH), como entidad rectora en esta materia a nivel nacional, para su análisis y seguimiento.
Este hito histórico podría garantizar que se hable libremente de educación sexual, prevenir la violencia en la niñez y asegurar que ninguna niña enfrente maternidades forzadas. Además, obliga al Estado de Guatemala a facilitarle educación superior a Fátima, acceso a actividades extracurriculares, como medidas de reparación.

Ana Alfaro

Mujer, bisexual. Me he dedicado al periodismo, fotografía, gestión cultural y realización audiovisual.
La comunicación y el arte me han permitido recorrer otras miradas y posibilidades de crear. Me gusta escribir, viajar y cuando no hago eso cocino. En el 2020 publiqué el libro “Vulcánica”.

Anterior
Anterior

Jueces niegan medidas de reparación digna a la familia de Josselin Arias

Siguiente
Siguiente

Anely Girón: “La memoria, el arte y la creatividad son herramientas de lucha contra la LGBTIQ+fobia”