Investigan a juez de Alta Verapaz por abuso sexual, pero no hay avances
Crédito: Nathalie Quan.
La Supervisión General de Tribunales informó que ya existe un proceso penal en contra de Walter Fabricio Rosales, juez presidente del Tribunal Primero de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente en Alta Verapaz, por violencia sexual contra una menor de edad, quien fue rescatada por la Procuraduría General de la Nación (PGN). Sin embargo, Rosales aseguró que esta denuncia será desestimada, de acuerdo a declaraciones brindadas por la Supervisión.
Por Jasmin López
La Junta de Disciplina Judicial conoció el martes 27 de mayo las conclusiones en el proceso administrativo contra Walter Rosales, juez presidente del Tribunal Primero de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente; José Alfredo Quiñónez Lemus, presidente del Tribunal Segundo de Cobán, y los jueces William Arturo Chen Yat y Luis Paniagua Herrera. Los cuatro ejercen sus cargos en Alta Verapaz y son investigados por abuso sexual de menores de edad y abusos de poder. Sindie García, de la Supervisión General de Tribunales, solicitó que los cuatro togados sean destituidos.
Durante las audiencias, los testigos los señalaron de “relacionarse” frecuentemente con menores de edad y de tener un trato prepotente hacia el personal, consumir alcohol en horario laboral en un comedor conocido como Comidas y bebidas exprés y de realizar reuniones dentro de las oficinas.
Tras la audiencia realizada el 27 de mayo, la supervisora Sindie García indicó que el caso contra Rosales escaló al ámbito penal.
De acuerdo a una investigación iniciada por la Supervisión de Tribunales en el 2023, Rosales ingresó al juzgado en múltiples ocasiones a una adolescente de, en ese entonces, 15 años de edad. Rosales transportaba a la menor de edad en su propio automóvil, evadiendo el registro correspondiente, y la habría retenido en las oficinas durante varios días. Este hecho era conocido por los demás jueces, según se pudo comprobar en un chat compartido por ellos.
Mediante declaraciones brindadas por guardias, personal del juzgado y por la propia sobreviviente, se logró confirmar “su vínculo” con Rosales. Hay además fuertes indicios de que la joven fue víctima de explotación sexual.
“Cuando inicia la investigación no se individualiza a este comedor (Comidas y bebidas exprés) con el tema de la trata. Lo que se dice es que los funcionarios, posiblemente, están involucrados con este tema”, indicó García. “Lo que vincula al comedor es el hecho de que la adolescente que estaba en el despacho del juez se traslada a este comedor y, curiosamente, también el juez, al mismo tiempo”, agregó.
La propietaria del comedor, en el que se sirven bebidas alcohólicas, reconoció que conoce a la menor de edad, a Rosales, a José Quiñónez e incluso a la conviviente actual de Quiñónez, quien es amiga de la dueña, informó García. El comedor fue cerrado posteriormente.
Por otro lado, la Procuraduría General de la Nación (PGN) comunicó que la adolescente ya fue rescatada luego de que la Junta de Disciplina certificara las evidencias presentadas por la Supervisión y que acreditan la edad de la víctima. Actualmente, se encuentra en un hogar de protección y abrigo especializado, a cargo de la Secretaría de Bienestar Social, ya que no se encontró un recurso familiar idóneo.
“En la audiencia de medidas de protección, la PGN solicitó al juez que remitiera el expediente al MP (Ministerio Público), para que se realizaran las investigaciones correspondientes”, informó esta institución.
No obstante, la supervisora indicó que la actuación del Ministerio Público ha sido infructuosa, a pesar de la rapidez con que intervino la PGN y de las evidencias mostradas. El caso de Rosales está siendo investigado por la Fiscalía de Alta Verapaz.
“Extrañamente, él (Rosales) tiene información muy puntual de qué es lo que el fiscal va a requerir en el caso. Él mismo dice ‘la van a desestimar’”, manifestó García. La investigación penal “no ha avanzado en ningún sentido”, indicó.
Los jueces José Alfredo Quiñónez, Walter Rosales y Luis Paniagua Herrera durante la audiencia el pasado 27 de mayo. Crédito: Nathalie Quan
La penúltima audiencia
El 27 de mayo, la Supervisión de Tribunales y los jueces Paniagua y Quiñónez presentaron sus conclusiones en el proceso administrativo. La supervisora, Sindie García, solicitó que los cuatro togados sean destituidos, tras haberse probado ampliamente sus comportamientos, que constituyen graves faltas éticas.
“Los hechos que han sido acreditados en contra de los funcionarios judiciales son deplorables, y habilitan plenamente la solicitud de su destitución y separación al cargo de jueces de primera instancia que han ostentado hasta el día de hoy”, expresó García. Los usuarios del Organismo judicial requieren credibilidad de sus funcionarios, agregó.
Por su parte, el abogado Walder Leonardo Figueroa, que representa a Rosales, Paniagua y Quiñónez, pidió que no se tomen en cuenta los testimonios de las y los trabajadores que declararon contra sus defendidos.
Según algunos testimonios, los jueces se presentaban a trabajar ebrios y con olor a alcohol, o licor, pero Figueroa argumentó que estas personas no tienen la competencia para afirmarlo. Dijo que el olor a alcohol podría deberse al uso de gel desinfectante, hábito adquirido luego de la pandemia del Covid-19.
De acuerdo a Figueroa, el personal de los tribunales Primero y Segundo de Sentencia Penal tiene algún tipo de “molestia” o resentimiento hacia los jueces.
Mientras, Quiñónez y Paniagua negaron todos los señalamientos, incluido el de intimidar a las y los testigos para que no declararan. Ambos solicitaron a la Junta de Disciplina que los absuelva. Paniagua lamentó que parte del personal haya testificado contra ellos, después de todos los favores que les han hecho. Quiñónez es asesor de tesis del hijo de uno de los empleados y Paniagua solicita con frecuencia los servicios de uno de los guardias, aseguró.
Por motivos de tiempo, quedó pendiente la pronunciación de William Chen, que se hará en la siguiente audiencia programada para el 17 de junio. Se prevé que esta sea la última y se dicte una resolución en contra, o a favor, de los señalados.
La supervisora Sindie García expone sus argumentos mientras el juez William Chen junto a su abogado escuchan su intervención. Crédito: Nathalie Quan
