Tras visibilizar la tala ilegal de árboles que realizaba la hidroeléctrica Oxec, unicada en una parte del río Cahabón, en Alta Verapaz, se inició con el proceso de criminalización en contra de la periodista Rolanda de Jesús García, corresponsal de Telesur en Guatemala. Ahora, el responsable de su detención ilegal fue condenado a cuatro años conmutables. La periodista considera que la sentencia fue una “burla” y que no se mencionó a la compañía Energy Resources.

La periodista Norma Sancir solicitó varias medidas de reparación luego de la condena a un comisario y dos policías por su detención ilegal en 2014. El juez accedió a todas las medidas por lo que la Policía Nacional Civil deberá ofrecerle disculpas y el Estado guatemalteco debe formar a los aspirantes a policías en temáticas de periodismo comunitario y libertad de expresión.

La justicia llegó nueve años después para la periodista comunitaria Norma Sancir. Un juez de Chiquimula condenó al excomisario Ceferino Salquil Solval y a las policías Olga Leticia Segura y Mirna Marleny Agustín a 3 años y 9 meses de prisión conmutables, por el delito de abuso de autoridad, por la detención ilegal de la periodista en septiembre de 2014, mientras ella realizaba su trabajo periodístico en el municipio de Camotán.

Las periodistas guatemaltecas se enfrentan a múltiples violencias que van desde el acoso digital hasta las amenazas de muerte, pero según las estadísticas oficiales, pocas denuncian ante la Fiscalía de Delitos contra Periodistas del Ministerio Público (MP) que regularmente resuelve los casos por medio de salidas alternas y carece de un registro de denuncias desagregado por el tipo de violencia que sufren las reporteras.

La petición judicial solicitada por el Ministerio Público a la empresa pide información de las cuentas de Prensa Comunitaria, Ruda, diario La Hora; y de la cuenta de la diputada de Movimiento Semilla, Lucrecia Hernández Mack, quien falleció el 6 de septiembre pasado, y Leslie Sánchez periodista de Guatevisión. El número de causa penal mencionado en la carta identifica el Caso Toma Usac: Botín Político, anunciado la semana pasada por el Ministerio Público (MP).

El encuentro entre el presidente electo Bernardo Arévalo y periodistas feministas y comunitarios fue transmitido en vivo. Arévalo escuchó y contestó preguntas sobre temas de interés nacional a la red de periodistas.

La embajada salvadoreña en Ciudad de Guatemala pidió a la FILGUA no incluir en la programación de la feria el libro “Sustancia de hígado”, de la escritora Michelle Recinos, cuyos cuentos lanzan duras al régimen de excepción y las políticas de seguridad de Bukele.

Recientemente la Red Centroamericana de Periodistas llevó a cabo el foro titulado: el periodismo centroamericano bajo ataque. Durante este evento, se discutió la preocupante situación en la que se encuentran los medios de comunicación y los periodistas independientes en toda la región, quienes son objeto de hostigamiento, criminalización y persecución.

El 28 de octubre del 2020, la Asamblea Nacional en Nicaragua aprobó la Ley Especial de Ciberdelitos (número 1042), hecho que modificó por completo las interacciones en los espacios virtuales en el país. Este recurso judicial compromete el trabajo de las periodistas en el territorio. Ahora, además, existe un filtro más que los y las nicaragüenses deben tomar en cuenta antes de publicar cualquier información de forma virtual.

Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 19, todas las personas tenemos derecho a la libertad de opinión y expresión, pero en Nicaragua este derecho es violentado día tras día.

El 28 de febrero la defensora maya Kaqchikel, Nanci Sinto, fue notificada por la Corte de Apelaciones que se reactivaría el proceso penal en su contra por el delito de depredación de bienes culturales. Ante esto Nanci Sinto y su defensa técnica presentaron un amparo.

Cada año en Guatemala, el 30 de noviembre se conmemora el Día de la Periodista. Su sentido de reivindicar la libertad de expresión, se hace más necesario en el contexto de regresión autoritaria como el que atraviesa Guatemala, donde varias periodistas están en el exilio, han sido criminalizadas y acosadas por actores aliados al gobierno de Alejandro Giammattei.

Las condiciones para el ejercicio periodístico en Guatemala siguen en franco deterioro. En las últimas dos semanas ocurrió la agresión policial y detención arbitraria del periodista Robinson Ortega, del medio Relax TV de Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla, hecho sucedido el 16 de junio; un día después, el intento de asesinato del periodista Maynor Mérida en Chiantla, Huehuetenango. Cuatro días más tarde, en la capital, se produjo la agresión policial en contra de Vanesa Ordóñez, de Festivales Solidarios, y Carlos Hernández Ovalle, de Prensa Libre y Guatevisión –a quien además le destruyeron parte de su equipo –, mientras ambos reporteros cubrían la detención de un estudiante universitario durante una jornada de protestas.

Guatemala se convertirá en el epicentro de la literatura iberoamericana en Centroamérica, con temas como literatura, cine, música, cultura, modernidad, memoria, libertad de prensa, libertad de expresión, periodismo, democracia y derechos humanos, entre muchos otros.

Tras siete años de la detención arbitraria e ilegal de la periodista comunitaria maya Kaqchikel, Norma Sancir, el juzgado de primera Instancia Penal y Narcoactividad de Chiquimula retoma la audiencia de etapa intermedia en contra de cuatro agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), por el delito de abuso de autoridad.