Periodistas nicaragüenses resisten a ley que busca criminalizarlas

El 28 de octubre del 2020, la Asamblea Nacional en Nicaragua aprobó la Ley Especial de Ciberdelitos (número 1042), hecho que modificó por completo las interacciones en los espacios virtuales en el país. Este recurso judicial compromete el trabajo de las periodistas en el territorio. Ahora, además, existe un filtro más que los y las nicaragüenses deben tomar en cuenta antes de publicar cualquier información de forma virtual. 

La Ley Especial de ciberdelitos entró en vigencia el 30 de diciembre del 2020, con el objetivo de “prevenir, investigar, perseguir y sancionar delitos cometidos por medio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)”. Es de orden público, lo que significa que cualquier persona puede denunciar a otro individuo por faltar a ella, aunque no sea la víctima directa del ciberdelito. 

Esta ley aplica a quienes cometan los delitos establecidos en ella, dentro y fuera del territorio nacional. Si una nicaragüense se encuentra fuera del país y publica algo considerado ciberdelito, en ese momento no podrá ser acusada puesto que no existe una ley para enjuiciar a personas ausentes del país. Pero una vez ingrese a Nicaragua, puede ser acusada y enjuiciada. 

La ley fue creada para sancionar crímenes cibernéticos como el hackeo, robo de identidad o espionaje informático. Pero en la práctica, está siendo utilizada como herramienta legal para controlar las libertades ciudadanas, criminalizar la defensa de derechos humanos y acallar las voces disidentes. Al ser promulgada en un contexto posterior al estallido socio-político en el 2018, es posible afirmar que la ley no fue creada para proteger, sino para obstaculizar y criminalizar, violentando los derechos a la información, opinión y libertad de expresión. 

Para la formulación de esta ley no se utilizó como referencia instrumentos internacionales que protegen la libertad de expresión, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos de San José de Costa Rica de 1969 o el mismo artículo 13 de la Constitución Política de Nicaragua, que protege la libertad de pensamiento y expresión. Más bien, el principal antecedente para la creación de esta ley fue el Convenio de Budapest de 2001, único acuerdo internacional sobre delitos informáticos, el cual enfatiza en las infracciones de derechos de autor, fraude informático, pornografía infantil, delitos de odio y violaciones de seguridad digital. Esto ha sido criticado por diversas organizaciones defensoras de los derechos digitales y de la sociedad civil. 

El periodismo bajo ataque 

El artículo 30 que refiere a la propagación de noticias falsas a través de las tecnologías de la información y la comunicación de la ley, ha sido utilizado para criminalizar a periodistas, activistas y defensoras de derechos humanos. Para analizar cómo se está implementando la ley y sus limitaciones para el ejercicio periodístico, conversamos con tres mujeres nicaragüenses, que para protegerse de la aplicación de esta ley, han elegido mantenerse anónimas y utilizar un seudónimo.  

El periodismo y la libertad de prensa es uno de los sectores sociales afectados por esta ley. Según Geovanela*, abogada nicaragüense, feminista y defensora de derechos humanos, el periodismo ofrece un marco de suma importancia para el análisis y la tutela de la libertad de expresión, siendo esta la piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática e indispensable para la formación de la opinión pública. “Es posible afirmar que una sociedad que no está bien informada no es plenamente libre", enfatiza.  

A partir de la aprobación de esta ley, diversas abogadas participantes en la investigación de Elvira Cuadra Lira y el Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica del año 2022 titulada Quebrar el cuerpo, quebrar el alma, alertaron sobre las implicaciones que esta podría tener para las mujeres que denuncian a través de las redes sociales, puesto que está diseñada y ha sido utilizada para acusar, juzgar y condenar a las personas a partir de publicaciones que realicen en los espacios virtuales. “Es evidente el silencio existente en las redes sociales por temor fundado a ser detenida y acusada sin ninguna garantía de defenderse, ante un sistema de justicia totalmente parcializado”, menciona Geovanela. 

El panorama laboral y social de Guadalupe*, periodista nicaragüense y activista social cambió completamente con la aprobación de la ley. Ahora, está obligada a reforzar sus medidas de seguridad para protegerse y continuar trabajando. Además, ella ha visto, de primera mano, cómo las vidas de sus colegas periodistas han cambiado y a algunas, se les ha obligado a tomar salidas como el exilio forzado y la autocensura. 

Guadalupe se ha obligado a sí misma a evitar tocar temas de la coyuntura política y no reportar en ningún medio de comunicación, “la frustración que tengo con el hecho de no poder ejercer mi profesión libremente aumenta, pero siempre hay maneras de expresarte. Yo sigo trabajando con bajo perfil y a pequeña escala, resistiendo desde la sombra, pero resistiendo,” comenta. 

Ahora, el panorama laboral en el área de comunicación, en especial del periodismo, es limitado. “Es frustrante estudiar 5 años de tu vida y ahora aceptar que no vas a trabajar de eso, o que se te va a complicar o que las oportunidades van a ser muy específicas y solo por un periodo de tiempo”, relató Marie*, recién egresada de la carrera de comunicación. 

En el país, se vive un proceso de autocensura en el periodismo, en donde no se puede expresar, opinar, ni decir lo que está sucediendo porque alguien puede estar detrás y tenerte en la mira. “Como comunicadora, si queres dar la noticia, debes tener mucha precaución, verificar toda la información, las fuentes e incluso citar fuentes del gobierno y de los medios estatales, para no caer en un “ciberdelito” y que no lo digas de los dientes para afuera” recomendó. 

Tanto ella como Guadalupe continúan con su labor mientras toman medidas, tanto físicas como digitales, para seguir ejerciendo su profesión de forma creativa. “Informar a grandes rasgos, decir las cosas de manera segura sin caer en apodos o elementos descriptivos, verificar toda la información y evitar brindar opiniones personales son estrategias que aplico”, indicó Marie. 

Según Guadalupe es necesario también “tomar medidas de seguridad digital, dejar de comentar sobre temas sensibles en páginas públicas, utilizar aplicaciones seguras para la comunicación y salirse de chat masivos, así como evitar colocar opiniones personales”. Desde la promulgación de la ley, comunicar demanda innovación encaminada a evitar caer en riesgos legales. Por ejemplo, si el trabajo está relacionado con la demanda de justicia, las periodistas deben tomar precauciones, publicar lo que la ley establece y solicitar justicia sin utilizar lenguaje que pueda ser interpretado como crítica al Estado. 

Actualmente, en Nicaragua, la ley se utiliza de forma arbitraria para aplicar criminalización, cárcel, exilio y destierro, no solamente a periodistas, defensoras de derechos humanos o activistas, sino también personas de diferentes sectores de la sociedad, como estudiantes universitarios y abogadas. Es una herramienta que reprime y violenta las libertades. Por ello, es imperante conocerla a profundidad, escudriñarla y aplicar la creatividad para continuar con el trabajo de comunicar lo que pasa en nuestro contexto.