Este artículo es la segunda y última entrega sobre los relatos de resiliencia de Lápiz Rabioso*, Lisa*, Violeta* y Aurora*, feministas nicaragüenses. Algunas, radicadas en Nicaragua y otras, migrantes en Europa. Desde sus voces e historias, buscamos comprender cuál es el significado de resiliencia y cómo afrontan las condiciones actuales de Nicaragua y las circunstancias específicas que surgen de ser migrante en Europa.

El rol de las personas que se dedican a defender los derechos humanos y el medio ambiente es vital para la restauración de las democracias. Sin embargo, las violencias contra ellos y ellas persisten, según indicó La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el primer cuatrimestre del año 2023.

El trabajo en defensa de los derechos humanos en general y de las mujeres en particular enfrenta desafíos específicos a nivel regional. Nombrarse feminista en el contexto de la dictadura Ortega Murillo conlleva riesgos de persecución, asedio, encarcelamiento, migración forzada, destierro y afectaciones en la salud mental por la política de terror y la criminalización de la protesta que ha instaurado el régimen.

La violencia obstétrica es un conjunto de prácticas deshumanizantes contra las mujeres al momento de dar a luz, por parte del personal de la salud en los consultorios, hospitales y clínicas del ámbito público o privado. Estas acciones representan una violación de los derechos humanos de las mujeres, desde el enfoque de los derechos de la salud y de los derechos sexuales y reproductivos.

En este artículo conversamos con Charli*, una activista feminista nicaragüense, beneficiaria del Parole y radicada actualmente en Georgia, Estados Unidos. Ella comparte bajo este seudónimo su experiencia.

En Nicaragua, donde el femicidio, como término legal, ha sido reducido únicamente al marco de relaciones de pareja, existen distintas organizaciones y colectivas feministas que resisten a la violencia del Estado, y realizan esfuerzos importantes para registrar y analizar las violencias letales contra mujeres por razones de género. Durante los primeros seis meses del 2023, registraron 48 femicidios, con una serie de particularidades que demuestran que la seguridad, los derechos y las vidas de las mujeres y niñas están en constante riesgo.

En Nicaragua, desde la crisis sociopolítica iniciada en abril del 2018, la actual dictadura, a través de la Dirección General de Migración y Extranjería, retiene pasaportes, hace largos interrogatorios en los puestos fronterizos y prohíbe la entrada y salida de personas vinculadas a organizaciones de Derechos Humanos, en general, y de las mujeres y niñas en particular.

El 28 de octubre del 2020, la Asamblea Nacional en Nicaragua aprobó la Ley Especial de Ciberdelitos (número 1042), hecho que modificó por completo las interacciones en los espacios virtuales en el país. Este recurso judicial compromete el trabajo de las periodistas en el territorio. Ahora, además, existe un filtro más que los y las nicaragüenses deben tomar en cuenta antes de publicar cualquier información de forma virtual.

Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 19, todas las personas tenemos derecho a la libertad de opinión y expresión, pero en Nicaragua este derecho es violentado día tras día.

La frontera entre lo digital y lo físico es inexistente, los espacios digitales son una construcción y extensión de nuestra identidad. En Nicaragua las defensoras están comenzando a presenciar lo difuso de esta frontera.

“Un día seré libre con los brazos abiertos, con los ojos abiertos y limpios frente al sol…seré libre presiento, con una gran sonrisa a flor de corazón…”

La violencia femicida en el contexto de migración de mujeres nicaragüenses.

En los últimos cuatro años, el éxodo de mujeres en busca de mejores condiciones de vida fuera de Nicaragua ha aumentado.

Las limitaciones en la ruta de acceso a la justicia, producto de los cambios a la Ley 779 en Nicaragua, está dejando sin opciones de denuncia a las mujeres que viven violencia pública y privada, permitiendo que sus casos terminen en femicidios.

La ley 779 es la Ley Integral contra la violencia hacia las mujeres en Nicaragua. Después de 10 años de su aprobación, aunque sigue siendo necesario reconocer el avance que representa para la norma jurídica, se hace evidente que en la actualidad hay un completo desmontaje a la ruta de acceso a la justicia y a las iniciativas autónomas que brindaban apoyo, acompañamiento y atención a las mujeres en situaciones de violencia machista en este país.

Dar la vida solo puede ser un proyecto humano basado en la libertad, en la voluntad; la mujer no es un útero disponible para el patriarcado.

En Centroamérica, penalizar el aborto funciona como reforzamiento de la violencia de género e induce a las mujeres a prácticas clandestinas.