Nicaragua: 10 cosas que no sabías sobre la Ley 779
Fotografía: ITA
La ley 779 es la Ley Integral contra la violencia hacia las mujeres en Nicaragua. Después de 10 años de su aprobación, aunque sigue siendo necesario reconocer el avance que representa para la norma jurídica, se hace evidente que en la actualidad hay un completo desmontaje a la ruta de acceso a la justicia y a las iniciativas autónomas que brindaban apoyo, acompañamiento y atención a las mujeres en situaciones de violencia machista en este país.
¿Cómo la aprobación y aplicación de la Ley 779 ha impactado en la vida de las mujeres nicaragüenses en los últimos 10 años?
Aquí un resumen de 10 cosas que no sabías y te servirán para responder a la pregunta:
Esta ley nace como iniciativa de organizaciones feministas y de mujeres, en procesos de reflexión colectiva, asambleas y consultas territoriales; y luego es tomada, reformada y presentada ante la Asamblea Nacional como iniciativa del Poder Judicial.
“Esta es la ley con más historia en el movimiento de mujeres de Nicaragua. Tanto sus contenidos como su nombre tienen treinta años de historia, de esfuerzos y de luchas de dos generaciones de mujeres nicaragüenses (Solís: 2013)”.
Fue aprobada el 22 de junio de 2012 y es el primer instrumento jurídico en Nicaragua que no solo nombra la violencia contra las mujeres como una manifestación de discriminación; sino que nombra la misoginia como una forma de violencia contra las mujeres y la obligatoriedad de la denuncia.
A la Ley 779 la precedió la Ley 230, Ley Contra la Violencia Intrafamiliar, que marcó la historia en su momento pero: no incluyó las violencias que afectan a las mujeres en los espacios públicos y no incluyó la creación de nuevas tipologías delictivas para nombrar y procesar penalmente a las mismas: sólo reformas al Código Penal relacionadas a las violencias entre los miembros de la misma familia. Uno de los vacíos más sentidos de esta ley es que no nombraba a las ex parejas como agresores.
Ley 779 fue reformada un año después de su aprobación, pero la versión original tipificó por primera vez el femicidio, la violencia económica, la violencia contra las mujeres en el ejercicio de la función pública y prohibió el recurso de la mediación en casos de violencia contra las mujeres.
La versión actual (reformada en 2013) limita el concepto de femicidio a los asesinatos de mujeres que se dan “en el marco de la relaciones interpersonales de pareja”, permite la mediación e incorpora la figura de Consejerías Familiares como espacios en los que se facilitarán a las mujeres en situaciones de violencia “mecanismos para que restablezcan la armonía familiar”.
La actual definición del delito de femicidio es limitada y sólo reconoce los femicidios íntimos, es decir los que se enmarcan en las relaciones de pareja; dejando por fuera otros contextos donde también se dan casos de femicidios. Las estadísticas oficiales solo incluyen los femicidios íntimos y reflejan menos del 40% del total de femicidios documentados por los observatorios feministas.
Los observatorios feministas han jugado un papel fundamental durante todos estos años, documentando todos los casos y generando estadísticas completas del fenómeno, hoy por hoy siguen resistiendo y siguen haciendo denuncias y analizando de forma estructural los femicidios.
Aunque la Ley 779 continúa vigente, en Nicaragua se vive un deterioro que pone en peligro el cumplimiento de los Derechos Humanos en general y de las mujeres en particular. En los últimos años se ha desmontado todo el sistema democrático en el país y con ello han colapsado las instituciones que ofrecían atención a las víctimas de violencia, como eran las extintas comisarías de la mujer.
Ante la violencia machista y la ausencia del Estado en la atención a esta problemática, las defensoras de Derechos Humanos son las únicas que acompañan a las víctimas. Sin embargo, desde 2018 esta labor se criminaliza y coloca a las defensoras en situación de riesgo, llevando a muchas al punto del exilio para proteger sus vidas y las de sus familias.
En los años posteriores a la aprobación de la Ley 779, los medios de comunicación en Nicaragua han empezado a hacer un abordaje menos sensacionalista de los femicidios y han dejado de relajar el tema a sus páginas de sucesos, ubicando en algunas ocasiones el tema de la violencia en sus portadas, otorgando desde ahí la relevancia que tiene la lucha contra la violencia.