De enero a septiembre de este año se han registrado 43 mil niñas y jóvenes embarazadas, según el Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva (Osar). mientras esta cifra aumenta mes a mes, los diputados del Frente Parlamentario por la Vida y la Familia presentaron en el Congreso la iniciativa de “Ley para la conservación integral de la sociedad”, una iniciativa que ignora a las niñas, mujeres, personas gestantes y  a los diferentes tipos de familias que viven en el país. Busca imponer multas de 100 mil hasta 200 mil quetzales y prisión de cuatro a ocho años a quien promueva o facilite el aborto en Guatemala.

Mi primer acercamiento a la lucha por la despenalización del aborto fue cuando introduje misoprostol en mi vagina. Aquella muchacha de 19 años, de familia católica y conservadora, dijo, “No quiero ser madre”. Aún no me consideraba feminista, ni lesbiana, y categorías como el derecho a decidir, la autonomía corporal y la autodeterminación parecían lejanas a mi existencia. Sin embargo, atravesó mi cuerpo una decisión, y en ese contexto salvadoreño de silencio, miedo, vergüenza, culpa y criminalización, aborté.

Ante la criminalización del Estado, existen articulaciones de mujeres en Guatemala que, desde el anonimato, proporcionan guía para las personas que por diferentes razones quieren interrumpir su embarazo.

La Suprema Corte de México, despenalizó el aborto en todo el país. Todas las mujeres y personas con capacidad de gestar, podrán acceder a servicios de aborto gratuito en los hospitales públicos de ese país.

A sus doce años, Fátima fue obligada a abandonar sus sueños y continuar con un embarazo producto de una violación sexual. Más de diez años después, su caso será conocido por el Comité de Derechos Humanos de la ONU. La sentencia emitida podría transformar la realidad de miles de niñas embarazadas en Guatemala.

En la actualidad el aborto no está totalmente penalizado en Guatemala, se permite en el caso de ser un aborto terapéutico. A pesar que existe la posibilidad de acceder a este, todavía se tiene mucha incertidumbre al momento de practicarlo, incluso de proponerlo, como una opción ante alguna emergencia obstétrica, por los mitos y la discusión moral conservadora que existe en el país a su alrededor.

En 2017, Camila*, una niña del área rural peruana y víctima de violencia sexual, fue forzada a continuar con un embarazo no deseado. Después de experimentar un aborto espontáneo, fue revictimizada y violentada por las instituciones estatales. Dos años después, el caso fue llevado ante el Comité de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), quien pidió que Perú legalice el aborto cuando involucra violencia sexual en niñas y adolescentes.

Después de enfrentar años de injusticia, Berta*, una mujer que nació en Guatemala pero vive en El Salvador, recuperó su libertad el 7 de junio de este año. Su caso, marcado por una emergencia obstétrica, la criminalización de las mujeres y penas que se le imponen, también destaca por la fuerza y resiliencia de cientos de mujeres que la han acompañado.

El pañuelo verde comenzó a ser utilizado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito de Argentina en 2005. Años más tarde, en 2018, el símbolo cruzaría fronteras y sería utilizado en el resto de Latinoamérica- Una región donde tres de cada cuatro abortos ocurren de forma peligrosa, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Beatriz era una mujer joven que vivía con lupus eritematoso sistémico y artritis reumatoide. En el 2013, el Estado salvadoreño le negó la posibilidad de interrumpir un embarazo que arriesgó su vida. Beatriz murió en 2017, sin embargo, este 22 y 23 de marzo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) conoció su caso en dos audiencias que podrían sentar un precedente sobre el acceso a un aborto para las mujeres en Latinoamérica.

Iglesia y Estado, asunto separado

Los actores detrás de una ley conservadora

Casi seis meses pasaron para que “María”, una niña de 12 años, se diera cuenta que estaba embarazada. Su padre había abusado de ella repetidas veces.

La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el caso Manuela vs. El Salvador tendría importantes implicaciones para la promoción y defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en El Salvador y la región, así como el rol del Estado frente a resoluciones internacionales de este tipo. Por ello, la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local, en coordinación con la Universidad de El Salvador (UES), realizaron en San Salvador el foro público “Caso Manuela: impactos de la penalización absoluta del aborto en El Salvador”.

República Dominicana: avanza en la despenalización del aborto, pero solo por riesgo de muerte de la mujer

República Dominicana: Ataques contra el “Movimiento por la despenalización de la interrupción del embarazo en 3 causales”

Por 166 votos contra 7 el Senado tailandés aprobó la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 12. Posterior a ese plazo, se permite la realización de abortos solo para determinadas causales, caso contrario se mantiene una penalización.

Médicas: criminalizar a las mujeres no evita que aborten, las aleja de los centros de salud

Mientras el Estado deja de reconocer los derechos de las mujeres, adolescentes y niñas en su legislación y es deficiente en crear mecanismos para denunciar la vulneración de éstos y no garantiza estos derechos, según UNICEF más de 100 mil niñas y adolescentes podrían resultar embarazadas en 2020.