Camila* espera justicia después de un embarazo forzado

En 2017, Camila*, una niña del área rural peruana y víctima de violencia sexual, fue forzada a continuar con un embarazo no deseado. Después de experimentar un aborto espontáneo, fue revictimizada y violentada por las instituciones estatales. Dos años después, el caso fue llevado ante el Comité de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), quien pidió que Perú legalice el aborto cuando involucra violencia sexual en niñas y adolescentes. 

Camila* nació en Huanipaca, en el departamento de Apurímac, una zona rural de los andes peruanos. Vivía con su mamá, una mujer quechua hablante y con una discapacidad motora, su hermano y su papá, a quien acompañaba a pastear a los animales. Cuando Camila tenía nueve años fue violada por su padre cuando salieron al campo. 

Las violaciones continuaron por años, durante los cuales ella guardó silencio porque su agresor amenazaba con asesinar a su familia si ella hablaba. En el 2017, a los trece años, resultó embarazada. Su madrina denunció al padre por violación sexual en una comisaría y la llevó al hospital de Abancay, donde Camila, llorando, pidió no continuar con el embarazo porque no quería tener un hijo.

Los exámenes médicos y psicológicos realizados a Camila revelaron el riesgo del embarazo y el estado crítico en el que se encontraba su salud mental. Ante ello, y atendiendo a sus deseos, su madre solicitó un aborto terapéutico, el cual, según el artículo 119 del Código Penal peruano, “no es penalizado si es practicado por un médico con el consentimiento de la mujer embarazada o de su representante legal, cuando es el único medio para salvar la vida de la gestante o para evitar dañar su salud”. 

El hospital respondió a la solicitud tardíamente, por lo que Camila fue forzada a continuar con el embarazo y, debido a los riesgos que esto implicaba, experimentó un aborto espontáneo. Ante esto, la obstetra que llevaba su caso en el hospital se presentó a su casa junto a agentes de la policía a exigir que ella continuara con los cuidados prenatales. De esta manera, sus vecinos se enteraron de lo que le sucedía y a partir de ello, Camila fue  el centro de chismes y rechazo en su comunidad. 

La fiscal que conoció el caso de violación de Camila también la denunció por el delito de autoaborto por el cual, según el decreto legislativo 653 de Perú, la niña podría ser sentenciada  hasta con dos años de prisión. Ese sistema convirtió a Camila de víctima en victimaria, y revictimizada constantemente, porque  incluso se le obligó a asistir junto a su agresor a un examen en una de las escenas del crimen, además a declarar sus vivencias frente a un juzgado. 

El agresor de Camila fue sentenciado a cadena perpetua por la violencia a la que la sometió. Sin embargo, seis años después de los hechos, las autoridades estatales que ignoraron las  peticiones de Camila y la obligaron a continuar con un embarazo no deseado, no han llevado sus demandas  ante la justicia peruana. 

Buscar justicia a nivel internacional 

El caso de Camila es solo uno de los miles que se reportan en América Latina y el Caribe, la única región en el mundo donde los partos en niñas van en aumento, según la campaña Niñas No Madres. Ante la ineficiencia del Estado peruano para responder a las violencias a las que ella fue sometida, una coalición de organizaciones en favor de los derechos sexuales y reproductivos, entre las que se encuentran Planned Parenthood y el Centro de Derechos Reproductivos, unió la historia de Camila con las de otras cuatro niñas de la región forzadas a continuar con un embarazo: Fátima de Guatemala, Norma de Ecuador y Lucía y Susana de Nicaragua. 

Los cinco casos fueron presentados en el 2019, en una iniciativa denominada Golpe Regional, ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU . Este órgano de expertos independientes supervisa la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por parte de los Estados que lo han ratificado, como es el caso de Nicaragua, Guatemala, Perú y Ecuador. “El comité emite recomendaciones vinculantes que los Estados tienen que cumplir”, señaló Alejandra Coll, del Centro de Derechos Reproductivos. 

Con la sentencia las cinco niñas, ahora  mujeres, buscan acceder a la reparación digna y a un verdadero proceso que les permita alcanzar justicia.. Por medio de esta acción, además, las organizaciones buscan denunciar el problema regional de violencia contra niñas y adolescentes y la falta de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva. Una sentencia positiva en estos casos podría promover cambios estructurales en los Estados y la región en la materia.

El fallo 

El Comité de los Derechos Humanos de la ONU conoció el caso de Camila en junio. “Estoy consternada por el modo en que las autoridades nacionales han tratado a una niña de 13 años víctima de violación e incesto. Lejos de ser protegida, dada su extrema vulnerabilidad, fue revictimizada y acosada por las autoridades sanitarias, policiales y judiciales. De hecho, pasó de víctima a delincuente", señaló Ann Skelton, Presidenta del Comité. 

En su fallo, el comité reconoció que la falta de información sobre los servicios de interrupción voluntaria del embarazo puso en riesgo la salud (física y emocional) y la vida de Camila. Señaló, además, que la niña fue revictimizada por las autoridades policiales, judiciales y de salud, debido a que se ignoró su petición  de interrumpir el embarazo. Al hacerlo también se le castigó por no cumplir los estereotipos de género sobre su función reproductiva, es decir, por no desear ser madre.. “El Comité consideró que Camila fue objeto de discriminación por motivos de edad, género, origen étnico y condición social”, señaló en un comunicado de prensa. 

El Comité pidió a Perú, en su resolución, que se despenalice el aborto en casos de embarazo de niñas y adolescentes, así como que se garantice “el acceso de las niñas embarazadas a servicios de aborto seguro y atención postaborto, especialmente en casos de riesgo para la vida y la salud de la madre, violación o incesto, y que modificara la normativa que regula el acceso al aborto terapéutico para prever su aplicación específica a las niñas”. 

"Esperamos sinceramente que este caso contribuya a desencadenar cambios estructurales en la legislación y las instituciones peruanas para que las niñas puedan acceder a un aborto seguro, dado el alto riesgo que los embarazos suponen para su salud y su vida", finalizó Ann Skeleton.

Camila* es un nombre ficticio utilizado para proteger la identidad de la niña.