Este artículo es la segunda y última entrega sobre los relatos de resiliencia de Lápiz Rabioso*, Lisa*, Violeta* y Aurora*, feministas nicaragüenses. Algunas, radicadas en Nicaragua y otras, migrantes en Europa. Desde sus voces e historias, buscamos comprender cuál es el significado de resiliencia y cómo afrontan las condiciones actuales de Nicaragua y las circunstancias específicas que surgen de ser migrante en Europa.

El rol de las personas que se dedican a defender los derechos humanos y el medio ambiente es vital para la restauración de las democracias. Sin embargo, las violencias contra ellos y ellas persisten, según indicó La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el primer cuatrimestre del año 2023.

El trabajo en defensa de los derechos humanos en general y de las mujeres en particular enfrenta desafíos específicos a nivel regional. Nombrarse feminista en el contexto de la dictadura Ortega Murillo conlleva riesgos de persecución, asedio, encarcelamiento, migración forzada, destierro y afectaciones en la salud mental por la política de terror y la criminalización de la protesta que ha instaurado el régimen.

La violencia obstétrica es un conjunto de prácticas deshumanizantes contra las mujeres al momento de dar a luz, por parte del personal de la salud en los consultorios, hospitales y clínicas del ámbito público o privado. Estas acciones representan una violación de los derechos humanos de las mujeres, desde el enfoque de los derechos de la salud y de los derechos sexuales y reproductivos.

Hace 12 años, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 11 de octubre como el Día Internacional de la Niña, con el propósito de reconocer los derechos y los desafíos específicos que las niñas se enfrentan en el mundo. “El Día Internacional de la Niña se focaliza sobre la necesidad de abordar los retos a los que se enfrentan las niñas, promover su empoderamiento y el cumplimiento de sus derechos humanos”, explicó la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en su sitio web.

En este artículo conversamos con Charli*, una activista feminista nicaragüense, beneficiaria del Parole y radicada actualmente en Georgia, Estados Unidos. Ella comparte bajo este seudónimo su experiencia.

Nicaragua, como país, ha atravesado diferentes crisis previas al levantamiento cívico de abril 2018. Pero, a partir de ese momento, los mecanismos de represión del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo han aumentado y amenazan a diferentes iniciativas que contribuyen al goce de los derechos de la niñez, la adolescencia y mujeres nicaragüenses.

En Nicaragua, donde el femicidio, como término legal, ha sido reducido únicamente al marco de relaciones de pareja, existen distintas organizaciones y colectivas feministas que resisten a la violencia del Estado, y realizan esfuerzos importantes para registrar y analizar las violencias letales contra mujeres por razones de género. Durante los primeros seis meses del 2023, registraron 48 femicidios, con una serie de particularidades que demuestran que la seguridad, los derechos y las vidas de las mujeres y niñas están en constante riesgo.

En Nicaragua, desde la crisis sociopolítica iniciada en abril del 2018, la actual dictadura, a través de la Dirección General de Migración y Extranjería, retiene pasaportes, hace largos interrogatorios en los puestos fronterizos y prohíbe la entrada y salida de personas vinculadas a organizaciones de Derechos Humanos, en general, y de las mujeres y niñas en particular.

Vivir en Nicaragua, un país en dictadura y  con constantes retrocesos en materia de  derechos humanos, es particularmente difícil para las mujeres y niñas.

El 28 de octubre del 2020, la Asamblea Nacional en Nicaragua aprobó la Ley Especial de Ciberdelitos (número 1042), hecho que modificó por completo las interacciones en los espacios virtuales en el país. Este recurso judicial compromete el trabajo de las periodistas en el territorio. Ahora, además, existe un filtro más que los y las nicaragüenses deben tomar en cuenta antes de publicar cualquier información de forma virtual.

El pasado 9 de febrero, 222 presos políticos fueron liberados por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Luego fueron deportados de manera inmediata rumbo a Washington D.C, Estados Unidos. Pero, aunque recuperaron su libertad, el régimen nicaragüense decidió arrebatarles su nacionalidad, convirtiéndolos así en apátridas.

En los últimos cuatro años, el éxodo de mujeres en busca de mejores condiciones de vida fuera de Nicaragua ha aumentado.

Nota de aclaración: escribí este texto desde los afectos y por tanto, no se trata de una sistematización minuciosa de la trayectoria militar, política o intelectual de Dora María Téllez. Más bien, léase como un intento por luchar contra el terror y el silenciamiento que pretende infundir OrMu. La construcción de lo político a través de los afectos y la creatividad es también una forma de esquivar las emboscadas de nuestra viciada política institucional.

Vestida con el traje protector azul

en la cara la visera transparente

la mascarilla en la boca y la nariz

mi hija Melissa

Las interlocutoras de este ensayo son mujeres garífunas activistas de la Asociación Afrogarífuna Nicaragüense (AAGANIC) provenientes de La Fe, una de las cinco comunidades garífunas ubicadas en la cuenca de Laguna de Perlas en el Caribe Sur de Nicaragua. Geopolíticamente, se ubica en una región autónoma de Nicaragua, lo que significa que la comunidad, su territorio y recursos se encuentran bajo una regulación jurídica de nivel constitucional, conocida como Estatuto de Autonomía o Ley 28.