En manos de la PGN investigar a jueces por abuso sexual en Alta Verapaz
Crédito: Jasmin López
La Procuraduría General de la Nación (PGN) debe investigar al juez Walter Fabricio Rosales, quien retuvo a una adolescente de 15 años de edad en su juzgado, donde la habría violentado sexualmente. Esto luego de que la Supervisión General de Tribunales pidió a la Junta de Disciplina Judicial que certifique las pruebas mostradas en una audiencia, y que confirma el hecho. Hasta ahora, el proceso que enfrenta Rosales, junto a otros tres jueces de Alta Verapaz: José Alfredo Quiñónez, Luis Paniagua Herrera y William Chen Botzoc, era únicamente administrativo y no penal, ya que no existían denuncias en su contra.
Por Jasmin López
En la tercera audiencia realizada el pasado miércoles 2 de abril contra cuatro jueces de los Tribunales Primero y Segundo de Sentencia Penal de Cobán, Alta Verapaz, señalados de realizar fiestas en el juzgado, maltratar al personal del mismo y presentarse a trabajar en estado de ebriedad, la Supervisión de Tribunales presentó el certificado de nacimiento de una adolescente a quien el juez Walter Fabricio Rosales habría abusado sexualmente.
El documento constata que la joven tenía apenas 15 años cuando Rosales la llevaba dentro de su vehículo, evadiendo el registro, al Tribunal Primero, del cual era presidente. Se ha establecido, además, mediante diversas pruebas fotográficas y testimoniales, que Rosales retuvo a la menor de edad dentro del juzgado durante varios días, aunque no se especificó cuántos.
Personal del tribunal declaró en audiencias anteriores que la adolescente era la “conviviente” de Rosales, y que mientras supuestamente “vivió” en las oficinas bajaba a bañarse envuelta en una toalla.
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Al haber pruebas sólidas de que se vulneraron los derechos de una persona menor de edad, la Supervisión de Tribunales requirió a la Junta de Disciplina Judicial que el caso sea conocido por la Procuraduría General de la Nación (PGN) para intervenir en la formación de un proceso penal. La Junta de Disciplina accedió, por lo que la PGN será notificada para dar seguimiento al caso de la menor.
“Se trata de una persona menor de edad, que ya fue acreditado legal y fehacientemente, la Supervisión General de Tribunales tiene la obligación de observar lo establecido en la Convención de los Derechos del Niño, y la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, que regulan que toda situación que pueda catalogarse como una posible amenaza o violación a los derechos humanos de un niño, niña o adolescente debe ser atendido de forma urgente”, informó la supervisora Cindy García.
Este no sería el único abuso cometido por Rosales, pues, de acuerdo a un informe realizado por la Supervisión General de Tribunales, a su despacho “llegan” diariamente “señoritas menores de edad”.
El Ministerio Público (MP) tenía conocimiento de estos hechos desde el 2024, por lo que se abrió ese mismo año una solicitud de antejuicio contra Rosales. Esta petición no avanzó y simplemente desapareció de los registros del Organismo Judicial (OJ).
La única consecuencia que Rosales ha enfrentado hasta ahora fue ser suspendido durante un tiempo y, luego, ser trasladado al juzgado de primera instancia de Escuintla, donde continúa laborando.
La defensa de los jueces
José Alfredo Quiñónez Lemus, presidente del Tribunal Segundo, también fue encontrado responsable, en el informe elaborado por la Supervisión, de “mantener relaciones con menores de edad” quienes por temor a represalias no denuncian.
Otras faltas de las que Quiñónez y Rosales están siendo señalados en el proceso administrativo, junto a los también jueces Luis Alejandro Paniagua Herrera y William Arturo Chen, son conducir audiencias en estado de ebriedad, tratar de forma prepotente a las y los trabajadores, y realizar frecuentemente reuniones con personas ajenas al OJ dentro de las oficinas, en horas laborales, quienes entraban sin registrarse.
Esto, de acuerdo al subdirector de seguridad Edwin Sandoval, está estrictamente prohibido.
El testigo que mintió
En la audiencia del 3 de abril testificó a favor de los jueces el abogado Bartolo Pérez Paiz, quien ahora también podría enfrentar un proceso penal por testificar bajo juramento que no tenía ninguna relación de amistad con los acusados, y que, en las ocasiones en que acudió a los tribunales de Alta Verapaz, jamás observó una conducta indebida por parte de los jueces.
Sin embargo, durante el interrogatorio Quiñónez -quien de acuerdo a la investigación discutía con su esposa dentro de su despacho- le pidió a Paiz que respondiera si él “que conoce a su familia” ha visto alguna vez que pelee con ella. El abogado Pérez Paiz dijo que Quiñónez no ha tenido problemas con estas personas, incurriendo en una contradicción, y tuvo que admitir que ha almorzado algunas veces con la familia de Quiñónez.
Ante el hecho, García solicitó a la Junta de Disciplina que proceda en contra de Paiz por haber cometido el delito de falso testimonio, al haber mentido bajo juramento. Se ha encontrado que Paiz participó de las fiestas realizadas en el juzgado, indicó García.
Mientras, otro de los testigos convocado por los jueces para su defensa, el auxiliar Leandro Pop, fue sancionado en el 2024 por acudir a la misma cantina que los jueces en horario laboral. Pop estuvo suspendido cuatro días sin goce de salario. El próximo 9 de mayo continuará el proceso en contra de los jueces.
