La falla del sistema judicial es que no protege a las víctimas de violencia de género
Foto: Jazmin López
Flor Gálvez es una abogada con maestría en Derecho Penal y 19 años de experiencia en el sector de justicia. Fue mandataria de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) durante casi 12 años. Desde su vasta experiencia en casos de corrupción y de violencia sexual contra mujeres, nos habla de las fallas en el sistema judicial que permiten que casos como los de los jueces de Alta Verapaz raramente sean procesados y queden, casi siempre, en la impunidad.
Por Jasmin López
Este año comenzó el proceso administrativo contra Walter Fabricio Rosales, presidente del Tribunal Primero de Sentencia Penal de Alta Verapaz, y José Alfredo Quiñónez, presidente del Tribunal Segundo de Sentencia Penal del mismo departamento, en el que se les señala de “sostener relaciones” con menores de edad.
A pesar de las pruebas presentadas en las primeras audiencias, los jueces no tienen aún una denuncia penal en su contra, por lo que su caso está siendo revisado por la Junta de Disciplina Judicial y las acusaciones están siendo tratadas como faltas administrativas. Ambos continúan en sus respectivos cargos por decisión de la Junta, que consideró que suspenderlos afectaría los servicios que prestan dentro del Organismo Judicial.
Conoce más de este caso en el siguiente link:
Flor Gálvez, quien se encuentra en el exilio debido a la persecución emprendida contra las operadoras de justicia por parte del Ministerio Público desde el 2022, analizó las dificultades que existen en el sistema judicial para procesar a las figuras de autoridad señaladas de delitos, así como los obstáculos que desmotivan a las sobrevivientes de denunciar estos hechos.
Durante su carrera, ¿ha acompañado usted algún caso similar a este, que haya sido perpetrado por autoridades o por figuras de poder?
Sí, acompañé a varios, uno fue en contra de una agente de la PNC (Policía Nacional Civil), que abusó de una niña. En estos casos siempre es una figura de poder, ya sea un papá, o una persona adulta. Entonces allí siempre va a haber una desigualdad, no sólo de índole sexual, sino que también hay una asimetría de poder, porque siempre son personas adultas versus una niña, ya sea adolescente o más pequeña.
Estos casos tienen en común que siempre son las víctimas las más perjudicadas, y sobre todo, las más vulnerables. Me gustaría resaltar que las víctimas, aunque están voluntariamente en un lugar o estén aceptando algunas situaciones, hay que analizar sus contextos. Por ejemplo, pueden ser inducidas porque no tienen una familia estable. Muchas de ellas vienen de familias que las han violentado, o que no tienen recursos económicos, y entonces son más vulnerables para ser captadas por este tipo de agresores. Por eso muchas aceptan involucrarse en una relación de este tipo. Los agresores aprovechan toda esa vulnerabilidad que hay.
En los casos que usted acompañó, ¿qué dificultades encontró al momento de emprender los procesos contra los agresores?
Siempre es complicado trabajar con víctimas de violencia sexual, porque muchas de ellas tienen temor y sus contextos son complicados. También el hecho de que ellas no quieran declarar, por este mismo temor o por las amenazas que en algún momento les hayan dicho las personas agresoras. Más cuando son personas que detentan algún poder: maestros, el pastor de una iglesia, sacerdotes, hombres que detenten alguna autoridad frente a la comunidad, eso hace que las niñas o mujeres se retraigan porque dicen: ‘no me van a creer’.
¿Y en cuanto a dificultades dentro del sistema de justicia?
Yo lo que miro como dificultades en estos temas donde (el agresor) es una figura de autoridad, es que primero se tenga que seguir un proceso disciplinario y se pierdan muchos elementos de prueba, porque empieza el estigma en la sociedad.
Se está perdiendo mucho de prueba que pueda haber para un posible caso penal, porque si se está exponiendo de esa manera a las víctimas, si (los jueces) llegan a ser sancionados disciplinariamente y ordenen que se investigue penalmente, puede perderse el testimonio de las víctimas. No se está protegiendo la integridad de la niña que ha sido víctima, porque siempre hay que verla como una víctima, ella no es capaz de decidir todavía por su cuerpo y por lo que haya estado sucediendo, en el contexto en el que se da esta denuncia.
Ante la duda de que sea o no sea menor, se debe tratar siempre como menor (de edad). Esos son estándares internacionales en materia de protección tanto de niñez como en temas de indemnidad sexual, cuando se investigan delitos contra la indemnidad sexual.
¿Qué fallas observa en el sistema disciplinario judicial y qué modificaciones necesita para abordar de mejor manera casos similares?
La Ley de la Carrera Judicial y el reglamento deberían ser modificados, porque (la Junta de disciplina) no es un órgano distinto, sino que son jueces juzgando jueces. El Consejo de la carrera judicial es el que elige a las personas que integran la Junta de disciplina judicial, y quienes la integran son jueces o magistrados. Son los mismos jueces juzgando a sus pares. No debería de ser así.
El que ellos tengan esa discrecionalidad para decidir es también donde puede haber una falla en el sistema.
Ni Walter Rosales ni José Quiñónez tienen aún denuncias penales. Las ciudadanas y ciudadanos que conocen la situación no se atreven a denunciar por temor a represalias, sin embargo, sorprende el silencio de las instituciones encargadas de proteger a la niñez. ¿A qué cree que se debe la falta de acción de estas entidades?
En muchos casos es porque no se enteran, y en otros casos quiero pensar yo que es porque tienen mucho trabajo. No sé (en esta situación) qué pasaría, pero en muchos casos no intervienen de la manera debida. En algunos casos les rebasa, hay demasiados casos y a veces no tienen tanto personal.
El sistema de protección a la niñez debe ser reformulado totalmente. Yo creo que debería de haber un ente único que se encargue de concentrar a todas las instituciones de niñez y dar una buena atención. No digo que no la den, pero por burocracia y que dependan de la presidencia, se ven limitados en muchas cosas. La PGN (Procuraduría General de la Nación) también está limitada en muchas cuestiones: en asistir a las audiencias, y dar ese acompañamiento que se necesita.
¿Por qué la ciudadanía teme represalias?
Más allá de que sea un juez o no, temen también someterse a un proceso que siempre es complicado cuando se ha sido víctima de violencia sexual o cualquier tipo de violencia, porque es un desgaste emocional, y es estigmatizante. También por el descontento que hay en el sistema de justicia, se tardan demasiado en atender a las mujeres, en este caso, en darle la debida diligencia a la situación. Aparte de las amenazas, yo creo que es también el temor a someterse a todo ese escrutinio público, o a que ellas (las sobrevivientes) tengan que estar yendo al Inacif (Instituto Nacional de Ciencias Forenses), a contar nuevamente su historia y gastar en pasajes, comida… También creo que eso desincentiva a las personas para que puedan denunciar.
¿Qué se necesita para poder responsabilizar a las figuras de poder por los delitos que cometen?
Seguir denunciándolas, lo que es muy complicado para quienes están inmersas en esta situación, pero seguir exponiéndolas. Y visibilizar que estos hechos ocurren, porque mucha gente no piensa que esto pueda ocurrir. Pero si se visibiliza cómo ocurren estas cosas, si se empodera a las niñas y a las mujeres en que tenemos derechos, solo así puede ir cambiando esta mentalidad de que se van a quedar impunes estos hechos. Para mí siempre es visibilizar y sensibilizar, porque si no sensibilizamos tampoco la gente empatiza con las causas. Si no sensibilizamos sobre los efectos que tiene en la vida de una niña y una mujer la violencia sexual la gente no va a empatizar con la causa.
Un sistema que no garantiza justicia
La falla del sistema judicial, señaló Gálvez, “es que no protege a las víctimas, y ese es un gran problema a la hora de elevar estos procesos”. La constante revictimización que enfrentan las denunciantes al tener que contar una y otra vez sus historias, así como el trato del personal encargado -que no siempre es adecuado-, más la lentitud de los procesos, dificulta o impide que puedan continuar los procesos para obtener justicia.
Gálvez encontró que la forma en que la Junta Disciplinaria está manejando el proceso contra Rosales y Quiñónez no es adecuada y podría vulnerar los derechos de una persona que es, presuntamente, menor de edad. De acuerdo a numerosos testimonios recogidos en la investigación realizada por la Supervisión General de Tribunales, una adolescente a la que el personal se refiere como “pareja” de Rosales, vivió durante un tiempo no especificado en el juzgado. Durante las audiencias se han expuesto fotografías que muestran su presencia en las oficinas, en el parqueo del Tribunal y en la cocina de una cantina a la que también acudían los jueces. Esto, de acuerdo a la experta, “ha sido un grave error”.
De acuerdo a análisis realizados por Gálvez sobre la efectividad de las denuncias disciplinarias en contra de jueces de instancia penal, del 2019 al 2024, hubo 582 denuncias administrativas realizadas a jueces de instancia penal. De ese número, a 542 no les dieron trámite, y sólo 24 procedieron. La Supervisión General de Tribunales actúa como un primer filtro y decide si se continúa o no el proceso disciplinario.
Conoce más de la última audiencia del caso de los jueces de Alta Verapaz en el siguiente link:
Esta es una clara evidencia de la corrupción existente en el sistema de justicia en el país, lo que dificulta procesos judiciales que lleven a las víctimas a la obtención de justicia.
