A pesar de que el trabajo doméstico es imprescindible y existe una alta demanda del mismo, es muy poco valorado social y económicamente, al igual que el resto de los trabajos feminizados. Es ejercido en su gran mayoría por mujeres indígenas e inmigrantes, con primaria completa o incompleta, que vienen a trabajar a la ciudad de Guatemala ante la pobreza y la falta de fuentes de empleo en sus comunidades. Por todos estos factores identitarios y sociales, las trabajadoras de casa particular son personas altamente vulneradas por quienes se benefician de su labor.

Walter Fabricio Rosales, presidente del Tribunal Primero de Sentencia Penal de Alta Verapaz y señalado por violentar sexualmente a una menor de edad, envió un memorial explicando que su ausencia se debió a problemas de salud.

Ser mujer en una sociedad patriarcal es una lucha constante por obtener respeto y visibilidad, pero las desigualdades se vuelven aún más grandes para las identidades femeninas que, además, viven con una discapacidad. La violencia sexual y física, la discriminación y desestimación de sus capacidades, la falta de infraestructura en ámbitos públicos y privados de uso cotidiano son algunos de los obstáculos impuestos por la sociedad ante los que, a pesar de todo, muchas mujeres valientes conquistan espacios.

Flor Gálvez es una abogada con maestría en Derecho Penal y 19 años de experiencia en el sector de justicia. Fue mandataria de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) durante casi 12 años. Desde su vasta experiencia en casos de corrupción y de violencia sexual contra mujeres, nos habla de las fallas en el sistema judicial que permiten que casos como los de los jueces de Alta Verapaz raramente sean procesados y queden, casi siempre, en la impunidad.

El informe “Nos quitaron todo menos la dignidad”, publicado el 23 de octubre, expone la estrategia bélica que constituyó la violencia sexual ejercida en su gran mayoría contra las mujeres mayas, y de forma específica contra las personas LGBTIQA+, a lo largo de los 36 años que duró la guerra civil en Guatemala. Desde la mirada de las sobrevivientes, explora las formas de reparación necesarias para que puedan sobreponerse a las secuelas que todavía sufren en la actualidad. 

Un caso de violación sexual sin precedentes ha sacudido al mundo: Dominique Pélicot, un hombre francés de 71 años, es procesado penalmente por drogar a su esposa y propiciar que más de 70 hombres la violaran sexualmente y en repetidas ocasiones entre el 2011 y 2020.

Rompió el silencio el exjefe del Estado Mayor General del Ejército, Manuel Benedicto Lucas García, defendiéndose de los hechos acusando a familiares, víctimas y fiscales de un supuesto odio sin razones. La perito Paloma Soria explicó en el peritaje sobre violencia de género cómo este caso se encuadra en el delito de genocidio y crímenes de guerra.

Angelina tenía 12 años cuando fue violada por el administrador de una finca en Alta Verapaz; resultó embarazada y tuvo gemelas. Han pasado cinco años y Angelina todavía espera justicia contra su agresor. Solo ha obtenido cerca de cuatro aportes económicos del Programa Vida y actualmente se dedica al cultivo de verduras y a la crianza de pollos para mantener a sus hijas.

Alta Verapaz, Huehuetenango, Quiché, Petén, Guatemala y San Marcos, departamentos con una tasa alta en embarazos.