Abuelas de Sepur Zarco reclaman incumplimiento de sentencia

Foto: Juan Bautista Xol

En Sepur Zarco de El Estor, Izabal, las abuelas que lograron la condena en contra de dos militares en 2016, responsables de delitos contra los deberes de humanidad, conmemoraron un año más de esta sentencia. Sin embargo, las medidas de reparación dictadas no han sido cumplidas porque la comunidad no cuenta con certeza jurídica de sus tierras.

Por Juan Bautista Xol

María Ba Caal y Candelaria Maas, dos de las abuelas que impulsaron el juicio contra dos militares sentenciados por los delitos de deberes contra la humanidad, llegaron a la comunidad de Sepur Zarco, en El Estor, Izabal, para conmemorar el 9 aniversario de la sentencia y lamentaron el incumplimiento de las medidas de reparación dictadas por un Tribunal.

La conmemoración se realizó el 26 de febrero, día en que se dictó la sentencia y fueron acompañadas por mujeres de ocho aldeas cercanas. No todas las abuelas, como se les llama respetuosamente, asistieron a este acto porque algunas padecen problemas de salud, según dijeron sus nietas e hijas, que llevaron flores al Sitio de la Memoria donde yacen 112 osamentas de personas asesinadas por el Ejército de Guatemala.

Doña María y doña Candelaria provienen de dos comunidades vecinas ubicadas al norte de Sepur Zarco y estaban presentes en el salón de la comunidad desde las 7 de la mañana.

Doña María junto a Mariano Mez prepara una ofrenda para una ceremonia en el Sitio de la Memoria. Foto de Juan Bautista Xol

Algunos de los sobrevivientes entrevistados por Prensa Comunitaria manifestaron su preocupación por los pocos avances de la sentencia que lograron en 2016, cuando el Tribunal de Mayor Riesgo “A” condenó al teniente coronel Esteelmer Francisco Reyes Girón y al comisionado Heriberto Valdez Asig.

“Han pasado 9 años y no hemos visto lo que la ley ordenó, mi tiempo se está acabando y no he visto nada formal. Lloro de tristeza, pero también de rabia, aun no estoy contenta porque hay muchas cosas que se necesitan reparar, cuando llega este día recuerdo que no fue nada fácil buscar el camino de la justicia”, dijo doña María.

Doña María habla sobre la sentencia y la frustración que siente por la falta de cumplimiento. Foto de Juan Bautista Xol

En la sentencia dictada por la jueza Yassmín Barrios se ordenó el cumplimiento de 16 medidas de reparación, entre ellas, el mejoramiento de una escuela primaria, la construcción de un instituto de diversificado y de un centro de salud tipo A, becas para la niñez, abrir los expedientes para la restitución de terrenos y realizar monumento en memoria de las abuelas, las cuales no se han cumplido.

Sepur Zarco es una comunidad habitada por 450 familias. Su nombre proviene de dos palabras: la primera, en Q’eqchi’, Se’ Pur significa “donde hay jutes”; y la segunda, en español, Zarco, por el color del río donde se recolectan esos caracoles pequeños a los que se les llame jutes.

Cinco abuelas participaron en las actividades de conmemoración. No todas las abuelas pudieron llegar, algunas enfrentan problemas de salud. Foto de Juan Bautista Xol

Mariano Mez, un vecino de la comunidad dice que Sepur Zarco se fundó en 1950. Algunas de las abuelas que fueron víctimas de las violaciones a sus derechos humanos en el destacamento provienen de comunidades vecinas.

Los militares permanecieron en el destacamento militar por unos seis años. Según Mez, unas 50 personas fueron desaparecidas o asesinadas durante este tiempo.

Por solicitar acceso a la tierra fueron sometidas a esclavitud

A sus 79 años, María habla sobre lo que tuvo que vivir junto a sus compañeras y otras personas que fueron asesinadas por el Ejército de Guatemala entre 1982 y 1983. Recordó que por solicitar el acceso a la tierra fueron sometidas a la esclavitud y violencia sexual y varias personas se vieron en la obligación de refugiarse en las montañas.

“Estuve mucho tiempo en la montaña, ya no había comida ni agua, aun así, permanecíamos escondidas, cuando supe que habían retenido a mi esposo, junto a otras compañeras nos llenamos de valentía para poder reclamarlos al destacamento, le dije al viejo que estaba ahí, suelta a mi esposo porque no te está haciendo nada, nos amenazaron con armas y nos retuvieron, y es el mismo viejo que llegó a la justicia, desde luego lo reconocí”, manifestó.

Mujeres de Sepur Zarco. Foto de Juan Bautista Xol

La persona a quien se refería es al comisionado Heriberto Valdez Asig, también conocido como el “Canche Asij”, quien falleció en 2023, mientras cumplía su condena.

Doña Candelaria, originaria de la comunidad de Pombaaq, reafirmó lo que doña María había contado.

“Todo lo que contó mi compañera es verdad, acá sufrimos mucho, perdimos todo, decidimos enfrentar la justicia encomendándonos en las manos de Dios, no sabíamos si íbamos a regresar a casa, no sabíamos si lo que estábamos buscando era nuestra propia muerte ya que nunca habíamos salido de la casa”, comentó doña Candelaria sobre el proceso de llevar este caso a los tribunales.

Mujeres colocan flores en el mausoleo donde están las osamentas de personas que murieron a causa del conflicto armado. Foto de Juan Bautista Xol

Las abuelas finalizaron esta conmemoración con una caminata hacia el Sitio de la Memoria donde se realizó una ceremonia y se colocaron flores en cada nombre grabado en el mausoleo donde están los restos de las víctimas.

Falta de certeza jurídica complica el cumplimiento de medidas

Tanto María como Candelaria desean que se cumplan las medidas de reparación. La directora ejecutiva de la organización Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas (UNAMG), Alejandrina Cano, explica que la comunidad de Sepur Zarco no cuenta con certeza jurídica del terreno donde están y por eso el Estado no ha cumplido con ejecutarlas.

“Lamentablemente la finca Sepur Zarco no cuenta con certeza jurídica y es por eso que el Estado no ha cumplido con las medidas de reparación, aunque en la comunidad existe una clínica móvil, becas para niños, no son como lo que indica la sentencia”, dijo Cano.

Clínica móvil instalada en la comunidad Sepur Zarco. La sentencia dictó la construcción de un centro de salud tipo A. Foto de Juan Bautista Xol

Prensa Comunitaria constató que en la comunidad solo existe una clínica móvil en mal estado, el centro asistencial temporal se encontraba cerrado el día que se visitó la comunidad y no hay atención para emergencias. El instituto del nivel diversificado no existe, aunque los estudiantes sí reciben clases en ese nivel y para ello utilizan el edificio del nivel básico.

Lo único que sí se ha cumplido es la realización de un documental por parte del Ministerio de Cultura y Deportes para enseñar sobre lo ocurrido en las escuelas.

El juicio logrado por las 15 abuelas que se atrevieron a alzar la voz sobre lo ocurrido fue histórico. Fue la primera vez que en Guatemala se juzgó un caso de esclavitud sexual ocurrido durante el conflicto armado interno, según ONU Mujeres.

Sin embargo, como dijo doña Candelaria, a pesar del temor que sentían cuando lo impulsaron “lo hicimos para reclamar justicia, justicia para las mujeres”.