Jueces de Alta Verapaz señalados por violentar a menores de edad no han sido denunciados

Cuatro jueces de Alta Verapaz enfrentan un proceso administrativo por consumir alcohol en horario laboral y sostener relaciones con menores de edad. A pesar de las pruebas y testimonios  presentados en la primera audiencia, las instituciones encargadas de proteger a las infancias no se han pronunciado al respecto y no existe aún una denuncia penal en contra de los jueces. 

Por Jasmin López

Los jueces Walter Fabricio Rosales Hernández, presidente del Tribunal Primero de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente de Alta Verapaz, y  José Alfredo Quiñónez Lemus, presidente del Tribunal Segundo de Sentencia Penal, son señalados por pobladores de Cobán de consumir bebidas alcohólicas en horario laboral y sostener  “relaciones sentimentales” con menores de edad. Una de ellas habría vivido en el juzgado, donde los jueces habrían abusado de ella. 

Por estos hechos, el Observatorio Ciudadano para la Paz (OCP) de Alta Verapaz presentó en 2023, una queja ante el entonces magistrado de la Corte Suprema de Justicia Sergio Amadeo Pineda. Esto dio pie a que la Supervisión General de Tribunales iniciara en septiembre de ese mismo año una investigación interna para determinar la veracidad de estos testimonios.

El informe elaborado por la Supervisión encontró a Rosales, Quiñónez y otros dos miembros del Tribunal Segundo: Luis Alejandro Paniagua Herrera y William Arturo Chen Botzo, responsables de conducir audiencias en estado de ebriedad, realizar fiestas en las instalaciones judiciales y acudir a una cantina -que se encuentra justo al lado de la entrada al Tribunal- en horario laboral.

La investigación estableció que al despacho de Rosales acudían diariamente menores de edad, quienes no tienen ninguna relación laboral con el juez. La seguridad de la sede no registró a las adolescentes y les permitió ingresar sin corroborar su identidad. 

A pesar de la gravedad de estos hallazgos, no existe aún una denuncia penal en contra de los jueces por estos hechos. Un integrante del OCP informó que las y los pobladores conocen estos comportamientos desde hace más de una década, pero que no se atreven a denunciar por temor a sufrir represalias contra su seguridad personal, pues los señalados son personas con gran poder e influencia política dentro de la comunidad. Manifestó que el Observatorio responsabiliza a los jueces involucrados por  posibles daños a la integridad física de las y los testigos.

Debido a esto, Rosales, Quiñónez, Paniagua y Chen están siendo procesados por la Junta de Disciplina Judicial, quien determinará si serán sancionados solamente por faltas administrativas o se iniciará una persecución penal en su contra.

Otras entidades gubermentales, como la Secretaría Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas; la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia; y la Procuraduría de los Derechos Humanos, no se han pronunciado al respecto en este caso, en defensa de las menores de edad que han sido violentadas por los jueces.

María Eugenia Solís, abogada y defensora de derechos humanos, explicó que, aunque en Guatemala no son penalizadas las relaciones consensuadas entre adultos y menores de edad a partir de los 14 años, la falta de educación sexual, la pobreza, así como las desigualdades estructurales entre mujeres y hombres, infancias y personas adultas, hacen imposible que una adolescente pueda ejercer libre y sanamente su voluntad dentro de una relación así. 

Añadió que los jueces señalados en el proceso son personas con un mayor poder económico, así como figura de autoridad dentro de la comunidad, por lo que se estarían vulnerando los derechos de las adolescentes al involucrarlas en una relación de naturaleza coercitiva.

La primera audiencia

En la primera audiencia de la Junta de Disciplina, realizada el 10 de febrero en la Torre de Tribunales de la ciudad de Guatemala, se exhibieron fotografías que muestran a una adolescente menor de edad saliendo del despacho de uno de los jueces, y dentro del parqueo del Tribunal Primero. De acuerdo a un testigo, la adolescente -a quien se refieren como “conviviente” de Rosales- vivió en el juzgado durante un tiempo, y “bajaba envuelta en toalla” a bañarse en un sanitario del juzgado que tiene ducha.    

La menor de edad también fue fotografiada dentro de la cocina de la cantina que Rosales, Quiñónez, Paniagua y Chen frecuentaban, por lo que se sospecha que podría ser víctima de explotación sexual.

Siete personas han declarado hasta ahora, de un total de 28 propuestas por la Supervisión General. La siguiente audiencia fue programada para el viernes 28 de febrero. 

El Observatorio hizo un llamado a los medios de comunicación y a la ciudadanía a seguir de cerca este caso, que consideran un primer paso en la fiscalización de los operadores de justicia corruptos, y por lo tanto, trascendental en la transformación del sistema judicial de Guatemala.