La Supervisión General de Tribunales informó que ya existe un proceso penal en contra de Walter Fabricio Rosales, juez presidente del Tribunal Primero de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente en Alta Verapaz, por violencia sexual contra una menor de edad, quien fue rescatada por la Procuraduría General de la Nación (PGN). Sin embargo, Rosales aseguró que esta denuncia será desestimada, de acuerdo a declaraciones brindadas por la Supervisión. 

La relatora de la ONU, sobre independencia de magistrados y abogados, señaló que el MP debe poner fin a la criminalización, pero también llamó al Poder Ejecutivo a “asumir un compromiso claro” para acabar con la persecución.

La Procuraduría General de la Nación (PGN) debe investigar al juez Walter Fabricio Rosales, quien retuvo a una adolescente de 15 años de edad en su juzgado, donde la habría violentado sexualmente. Esto luego de que la Supervisión General de Tribunales pidió a la Junta de Disciplina Judicial que certifique las pruebas mostradas en una audiencia, y que confirma el hecho. Hasta ahora, el proceso que enfrenta Rosales, junto a otros tres jueces de Alta Verapaz: José Alfredo Quiñónez, Luis Paniagua Herrera y William Chen Botzoc, era únicamente administrativo y no penal, ya que no existían denuncias en su contra.

Walter Fabricio Rosales, presidente del Tribunal Primero de Sentencia Penal de Alta Verapaz y señalado por violentar sexualmente a una menor de edad, envió un memorial explicando que su ausencia se debió a problemas de salud.

El 28 de febrero se realizó la segunda audiencia contra Walter Fabricio Rosales, José Alfredo Quiñónez, Luis Paniagua Herrera y William Chen Botzoc, jueces de los Tribunales Primero y Segundo de Sentencia Penal de Alta Verapaz, quienes están acusados de abuso sexual contra menores de edad y cometer abusos de poder. La Supervisión General de Tribunales solicitó que fueran suspendidos para no afectar el proceso, sin embargo la Junta de Disciplina denegó esta petición. 

Cuatro jueces de Alta Verapaz enfrentan un proceso administrativo por consumir alcohol en horario laboral y sostener relaciones con menores de edad. A pesar de las pruebas y testimonios  presentados en la primera audiencia, las instituciones encargadas de proteger a las infancias no se han pronunciado al respecto y no existe aún una denuncia penal en contra de los jueces. 

La gran mayoría en El Salvador, Centroamérica y el mundo ha normalizado la presidencia de Nayib Bukele. Sus innegables logros en materia de seguridad pública se convirtieron en narrativa dominante y oscurecieron todo lo demás, que son las violaciones sistemáticas a los derechos humanos de miles de mis compatriotas, el uso político de la fiscalía para perseguir a críticos, las muertes y torturas en las cárceles, la corrupción que permitió a la familia presidencial aumentar su patrimonio, y todas las violaciones constitucionales cuyo fin último es, como ya lo habían dicho fiscales salvadoreños y estadounidense, que Bukele se quede en el poder el tiempo que le venga en gana.