Varias organizaciones de mujeres indígenas participaron en un proceso colectivo para recuperar la legitimidad de la DEMI, una institución clave en la defensa de sus derechos. Con la integración de una nueva Junta Coordinadora y la elección de la nueva defensora de esta entidad, se abre un camino esperanzador para fortalecer la justicia y la igualdad desde las propias comunidades.

Después de tres décadas de guerra contrainsurgente en nuestro país, la reinstalación de gobiernos civiles y la firma de la paz parecieron traer la posibilidad de una democracia que permitiera atender las necesidades históricas de la población de Guatemala.

“El racismo no es solo una barrera que oprime a los pueblos indígenas, es una herida profunda que debilita el tejido social en su conjunto, frenando el progreso y el desarrollo de toda la nación. Erradicarlo no es únicamente una responsabilidad de los pueblos indígenas, sino un compromiso impostergable de todos los sectores. Mientras esta injusticia persista, nuestra sociedad seguirá arrastrando cicatrices que nos condenan a un futuro estancado y fragmentado”, Victoria Tubin.

“Esta resistencia es una universidad. Aquí hemos aprendido a defendernos, a hablar, a enfrentar las cosas con la frente en alto. No solo luchamos por nosotros, luchamos por los que vendrán, porque la tierra no es un recurso, es nuestra madre y si la dañamos, no hay futuro”, expresa doña Licha.

Durante los últimos años los pueblos originarios de Alta Verapaz e Izabal han sido criminalizados por defender sus derechos y bienes naturales; una situación similar vive el pueblo en la sierra Tarahumara en el Estado de Chihuahua, México. La reciente gira “La vida esta en juego” permitió que defensores del territorio, organizaciones internacionales de derechos humanos y prensa extranjera comprobaran la continuidad de estos agravios. 

Representantes del pueblo Kaqchikel conmemoraron la resistencia de sus ancestros y pidieron no celebrar el genocidio cometido por los españoles en 1524.

Autoridades de los 48 Cantones de Totonicapán y autoridades del pueblo Ixil quienes por más de 100 días han liderado la defensa de la democracia junto a otras autoridades ancestrales criticaron la inclusión de dos ministras afines al sector privado en el gabinete de Bernardo Arévalo, así como la falta de representación de los pueblos originarios en el mismo.

En el marco del 25 de noviembre, Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres, Guatemala se convierte en escenario de una manifestación. Las mujeres guatemaltecas levantan la voz para denunciar la persistente violencia, discriminación y corrupción que afecta sus vidas.

Las autoridades ancestrales han logrado convocar a comunidades de todo el país que han venido desde sus territorios hasta la sede del Ministerio Público (MP) en Gerona, zona 1 de la capital. En el 25 día del paro indicaron que no desistirán de esta lucha para lograr la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras.

En Guatemala, este martes se cumplen 23 días de Paro Nacional Indefinido, liderado por los pueblos originarios que se manifestaron en defensa de la democracia y exigiendo la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras. La protesta ha sido apoyada por diversos sectores en todo el territorio nacional.

El tercer día del Paro Nacional convocado por los 48 Cantones estuvo marcado por diferentes incidentes e intentos por agredir a quienes se encontraban participando en la manifestación pacífica.

En un contexto político cargado de tensiones y judicialización, luego de las elecciones generales 2023, las manifestaciones ciudadanas pacíficas y expresiones de solidaridad colectiva se destacaron la noche del lunes 2 de octubre, cuando inició el paro nacional convocado por diversos sectores sociales, que además de la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras y otros empleados del Ministerio Público, también piden que se respete la democracia, la voluntad popular y termine la corrupción.

Organizaciones señalaron que la alimentación para las representantes indígenas han sido de manera diferenciada de participantes de otros departamentos y otros países; piden la intervención de CODISRA y la DEMI para que investiguen lo denunciado.

La manifestación tendrá varias demandas, entre ellas pedir al Ministerio Público (MP) que cese la persecución que ha emprendido en contra del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y que se respete el voto de la ciudadanía.

Para muchas niñas y adolescentes el camino a la justicia es un proceso muy largo, lleno de burocracia, personal insensible y apatía. Pese a esa situación, para adolescentes como Rocío también es un mecanismo necesario que contribuye a su bienestar.

“Las universidades no tienen ningún mecanismo incluido en el pensum académico para el abordaje de las necesidades y los valores de las mujeres y el pueblo garífuna”, expuso Elsy Edith Zúñiga, mujer garífuna.

María Toj Medrano es una dirigente histórica de Quiché que ha sido partícipe de la historia del país en más de cuatro décadas, desde la fundación del Comité de Unidad Campesina (CUC), que salió a la luz en 1978, del que ella fue parte, hasta su participación como integrante del Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP), una de las cuatro agrupaciones guerrilleras que posteriormente conformaron la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG).

Al menos 17 organizaciones y las únicas tres diputadas indígenas del Congreso se aliaron con el propósito de analizar y promover propuestas de leyes a favor de los derechos de las mujeres indígenas.

El 9 de agosto de 2021, en aldea Sehubub, Alta Verapaz, autoridades del territorio q’eqchi’ se reunieron para discutir la importancia de abordar el territorio q’eqchi’ desde una mirada de nación. Las autoridades y líderes comunitarios, preocupadas por la situación política, social y ambiental del territorio q’eqchi’ plantean la importancia de asumir una representatividad más integrada y legítima para garantizar el bienestar y prevalencia de los principios, espiritualidad y tradiciones del pueblo q’eqchi’.