Miles de niñas son obligadas a ser madres, mientras el 99% de sus violadores quedan impunes
Las niñas siguen siendo violentadas en el país y forzadas a ser madres, mientras enfrentan serias dificultades para obtener atención médica y otros servicios esenciales mínimos para su sobrevivencia. Los abusadores rara vez son castigados.
Por Ruda
Los últimos siete años no fueron nada alentadores para miles de niñas. Y es que un informe de Human Rights Watch registró que de 2018 hasta 2024, un total de 14 mil 696 niñas menores de 14 años se convirtieron en madres.
Solo el año pasado, según esta organización, hubo 1 mil 953 partos en niñas de ese grupo de la población. La institución indicó que todo esto ocurrió mientras las niñas tenían un acceso “severamente limitado" a los servicios de salud.
“Las largas distancias de traslado, la escasez de personal capacitado y la insuficiencia de recursos en los centros de salud dificultan gravemente el acceso oportuno a recursos y servicios de salud esenciales, como anticoncepción de emergencia y atención prenatal, intraparto y postnatal”, refirió la entidad.
Human Rights Watch agregó que las anteriores barreras tienen un “impacto desproporcionado” en las niñas de comunidades rurales e indígenas, que “a menudo deben viajar durante horas o incluso días fuera de sus comunidades para llegar a instalaciones de salud en las cabeceras departamentales”.
Estas agresiones tampoco son sancionadas. El estudio explicó que el camino hacia la justicia para las niñas que son sobrevivientes de violencia sexual está lleno de “vacíos y desigualdades sistémicas”.
Los datos recopilados al respecto por esta institución indican que, desde enero de 2018 a octubre de 2023, el Ministerio Público y el Organismo Judicial desestimaron 6 mil 697 casos de violencia sexual contra niñas menores de 14 años.
En ese mismo lapso hubo apenas 102 condenas por violencia que involucran a niñas sobrevivientes de dicho flagelo. “Las fallas del sistema de justicia evidencian la ausencia de un enfoque sensible al género y centrado en las niñas”, acotó el ente.
La justicia ha sido afuncional y, para muestra, Human Rights Watch documentó el caso de una niña de una zona rural que fue violada por su padre y buscó atención médica después de descubrir que estaba embarazada, con cinco meses.
“Aunque denunció el caso, las autoridades la enviaron de regreso a casa con su padre. Nunca arrestaron al padre y, dado que el caso nunca fue objeto de una resolución judicial, la niña no recibió reparaciones por el daño que sufrió”, añadió.
Por otra parte, la institución detalló que el sistema educativo de Guatemala falla en apoyar a las niñas embarazadas, porque hasta noviembre del año pasado apenas habían sido inscritas en el sistema educativo 213 estudiantes embarazadas.
El programa Vida, creado para darle una reducida asistencia de Q1 mil 500 a la niñas madres, tiene una baja cobertura, porque para Human Rights Watch los requisitos de elegibilidad son “restrictivos” y existen “difíciles barreras democráticas”.
Por eso, Cristina Quijano, investigadora de la organización, manifestó que “sin reformas significativas, que incluyan el fortalecimiento de la prevención, los servicios y el acceso a la justicia, las niñas en Guatemala seguirán enfrentando niveles alarmantes de violencia sexual y barreras insuperables para ejercer sus derechos”.
