Aprobada la ley para combatir la explotación sexual de las infancias en las cárceles
Ilustración: Diego Sánchez
En el Congreso de la República fue aprobada con 111 votos la Ley para prevenir y sancionar la trata de niñas, niños y adolescentes en el Sistema Penitenciario. Denominado Decreto 3-2025, establece reformas al régimen de visitas contemplado en la Ley del Régimen Penitenciario, el cual facilitaba el funcionamiento de redes de trata ordenadas desde las prisiones.
Por Jasmin López
El decreto regula, bajo controles estrictos, las visitas de menores de edad en las cárceles, régimen que anteriormente era aprovechado, o directamente incumplido, por los guardias, tratantes y reos para ingresar a niñas que luego violentaron sexualmente, a veces durante días.
Dentro de las medidas más importantes introducidas en la ley, destacan:
Se permiten únicamente las visitas de menores de edad con quienes los reclusos tengan parentesco consanguíneo comprobado, de primer y segundo grado. Durante su entrada, permanencia y salida, las infancias deberán estar acompañadas de un tutor o tutora legal adulta. Estas visitas se efectuarán en un espacio que esté separado de la población reclusa, por lo que el Sistema Penitenciario está obligado a crear un área específica para la recepción de visitas.
Se implementará un sistema de registro biométrico que permita un mayor orden sobre las y los visitantes menores de edad.
Se tipifica como delito organizar, facilitar o permitir el ingreso de menores de edad sin cumplir con los procedimientos establecidos en la nueva normativa, y se prohíben explícitamente las visitas íntimas de niñas, niños y adolescentes, aspecto que no estaba especificado en la ley anterior.
Anteriormente conocida como Iniciativa 6384, la ley fue propuesta por la Bancada Semilla en abril del 2024, y promovida por la vicepresidenta Karin Herrera, quien celebró la aprobación del proyecto como un paso en la protección de las infancias. La vicemandataria expresó que “ya no hay excusas, los responsables deberán enfrentar la justicia”.
Un reportaje realizado por la periodista Mariela Castañón, publicado en diciembre del 2024, investigó 12 casos recientes de adolescentes que fueron llevadas a cuatro cárceles de hombres, donde los reclusos abusaron de ellas.
Las víctimas, que tenían entre 12 y 16 años, fueron contactadas por medio de las redes sociales, para luego ser trasladadas bajo amenazas o engaños dentro de las prisiones. Los siete reos involucrados son criminales que poseen un gran poder económico: cuatro pandilleros del Barrio 18, el hijo de un narcotraficante y dos allegados a él. Ellos seleccionaron a las víctimas, pagaron por su captación, transporte, vestimenta, drogas y alcohol que obligaron a dos de las víctimas a ingerir, y pagaron también para ocultar la visita.
Esto expuso la existencia de un proceso organizado y ejecutado por varios actores, que además pudieron ser contactados desde el interior de las prisiones.
Se determinó la complicidad de los agentes penitenciarios que permitieron que las niñas ingresaran sin registrarse, acreditar su edad ni su parentesco con los reos. Solo una persona (un proxeneta) ha sido condenada por estos delitos.
