La Relatoría Especial llama al Estado de Guatemala a respetar y garantizar la labor periodística

Fotografía: Carlos Ernesto Choc

Washington D.C. – La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifiesta su preocupación frente a los reportes recibidos sobre ataques, amenazas e intimidaciones a periodistas y medios de comunicación en Guatemala, y recuerda al Estado sus deberes de respeto y garantía a la labor de la prensa conforme a estándares internacionales de derechos humanos.

En las últimas semanas, la Relatoría ha recibido reiterados​​ reportes que advierten sobre el deterioro de las garantías para ejercer el periodismo en Guatemala. Según pudo conocer esta Oficina, el pasado 22 de octubre, al menos cuatro periodistas de Prensa Comunitaria habrían sido agredidos cuando informaban sobre las manifestaciones de la población Q’eqchi’ en El Estor, Izabal, y sobre el uso de la fuerza pública para dispersarla. Además de las reportadas amenazas a periodistas para que se abstengan de grabar estos hechos, agentes policiales habrían utilizado gases lacrimógenos en contra de manifestantes y trabajadores de medios de comunicación, algunos de los cuales resultaron heridos. Asimismo, varios integrantes de la Policía Nacional Civil habrían resultado lesionados, incluyendo cuatro agentes con heridas de arma de fuego, según reporte oficial. De acuerdo al Gobierno, las manifestaciones estarían obstaculizando rutas de acceso y lesionando los esfuerzos de diálogo que se habrían procurado.

Según fue reportada la Relatoría, el periodista Carlos Ernesto Choc de Prensa Comunitaria habría sido golpeado y despojado de sus equipos de trabajo. Por otra parte, la Relatoría recibió información sobre diligencias de inspección y registro por parte de la Policía Nacional Civil en la vivienda del corresponsal de Prensa Comunitaria, Juan Bautista Xol, que según información de fuente pública habría sido autorizada en relación con una investigación judicial en curso. Según pudo conocer esta Oficina, el periodista ha dado cobertura permanente en las últimas semanas a los hechos de interés público mencionados.​​

La Relatoría también fue informada sobre un alegado registro a las instalaciones de la radio comunitaria Xyaab’ Tzuultaq’a por parte de agentes policiales el 24 de octubre, luego de que se decretara un estado de sitio en el municipio de El Estor. La radioemisora ha informado en las últimas semanas acerca de los reclamos de la comunidad maya Q’eqchi’ que se opone a la explotación minera, según la información disponible.

Los reportes recibidos incluyen, además, restricciones de acceso a la información y fuentes oficiales, intimidaciones y asedio a las residencias de comunicadores, provenientes tanto de funcionarios estatales como de personas vinculadas a la empresa minera. En este contexto, organizaciones de la sociedad civil han denunciado a esta Oficina un creciente clima de temor en la prensa local.

Entre otros hechos documentados por la Relatoría, el 19 de octubre, el periodista y presidente de El Periódico, José Rubén Zamora, denunció actos de persecución penal, promovido por altos funcionarios públicos con fines intimidatorios. Según pudo conocer la Relatoría, el Ministerio Público habría confirmado la vigencia de una investigación que data de 2013, a cargo de la Fiscalía de Delitos Administrativos, a raíz de una denuncia presentada por auditoría interna del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).

Esta Oficina llama a la investigación imparcial y exhaustiva de estos hechos, considerando fundamental que sean puestos en conocimiento de las autoridades competentes cuando así el ordenamiento interno lo requiera.

La Relatoría recuerda que es deber de los Estados brindar a la prensa las más altas garantías para ejercer su labor de forma libre, segura e independiente, ya que son las y los periodistas quienes mantienen informada a la sociedad y contribuyen a la consolidación y el fortalecimiento del Estado de Derecho. En contextos de manifestaciones y situaciones de alta conflictividad social, el trabajo de la prensa cobra especial relevancia, en tanto representa el principal instrumento de control y difusión del accionar del Estado y de la fuerza pública. Tal como señala la Declaración Conjunta de relatores de 2013, este deber de los Estados no se limita a otorgar a las personas comunicadoras medidas concretas de protección, sino que incluye también la obligación de crear las condiciones necesarias para mitigar el riesgo del ejercicio de la profesión en esas situaciones.

Esta Oficina considera oportuno resaltar que los líderes políticos y autoridades o personas que ejercen la función pública deben abstenerse de expresar ideas que estigmaticen la labor de periodistas, aumenten su vulnerabilidad o pongan en riesgo sus derechos. Como sostiene la Declaración Conjunta de Relatores de 2021, dado el papel que desempeñan en la sociedad y la configuración del debate y la opinión pública, «el comportamiento y las actitudes éticas por su parte, incluso en sus comunicaciones públicas, son esenciales para promover el Estado de Derecho, la protección de los derechos humanos, la libertad de los medios de comunicación y el entendimiento intercultural, y para garantizar la confianza del público en los sistemas democráticos de gobierno».

La jurisprudencia interamericana ha entendido que el uso arbitrario o desproporcionado de la facultad sancionatoria del Estado contra un medio de comunicación como consecuencia de su línea editorial o su postura crítica a la gestión gubernamental representa una forma de restricción indirecta a la libertad de expresión. Este tipo de reacciones estatales desalientan e inhiben el debate sobre asuntos de interés público, contraviniendo los principios de pluralismo y tolerancia propios de las sociedades democráticas.

En atención a las consideraciones previas, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión manifiesta su disponibilidad para brindar acompañamiento técnico al Estado de Guatemala en el cumplimiento de su deber de respeto y garantía al derecho a la libertad de expresión y de prensa.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es una oficina creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a fin de estimular la defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, considerando su papel fundamental en la consolidación y el desarrollo del sistema democrático.

R286/21