Ligia Hernández: “Recupero mi libertad con la conciencia tranquila”

Foto: Prensa Comunitaria

Hernández señaló que optó por una aceptación de cargos ante problemas de salud. “Luego de este tiempo me encuentro desolada, deprimida y enferma”, expresó en un comunicado publicado en sus redes sociales.

Por Alexander Valdéz

La abogada y aún directora del Instituto de la Víctima, Ligia Hernández, recuperó su libertad luego de haber aceptado cargos en el caso Semilla, mismos que la mantuvieron encarcelada en la Brigada Mariscal Zavala por 90 días.

Hérnandez fue condenada por los delitos de financiamiento electoral no registrado y fiscalización electoral de fondos. Su defensa explicó que se le impuso una condena de un año de prisión conmutable, más una multa de Q10 mil. Pero, al haberse sometido a ese procedimiento se otorgó la suspensión condicional de la pena, es decir, no deberá ir a prisión y podrá continuar con su vida fuera de la cárcel.

Luego de conocerse esa decisión, la exdiputada publicó un comunicado en sus redes sociales e indicó que tomó esa decisión ante el “panorama sombrío”, y no como un acto egoísta, sino como un acto de justicia y amor para proteger y salvaguardar lo que más importa; su vida, sus hijos y el compromiso de servicio público.

“Agradezco el respaldo incondicional de mis hijos -que aun siendo niños comprendieron la situación-, de mis padres, de mis hermanos, de mi abuelita, de amistades muy queridas, de las organizaciones de mujeres y de todas las personas que, sin descansar, me acompañaron y exigieron justicia desde el primer día de esta pesadilla, que hoy termina”, mencionó.

También señaló que “esperó que las condiciones políticas fueran distintas, pero nada ha cambiado”.

Al mismo tiempo que se dictaba ese fallo, la Cámara de Amparos y Antejuicios, de manera tardía, concedía un amparo provisional a la exdiputada; ordenado su arresto domiciliario, sin embargo, ese fallo quedó sin materia.

Una tortura carcelaria

Lo ocurrido en Hernández no es un caso aislado, en el mismo juzgado a cargo de Orellana y por casos de criminalización, otros han optado por aceptar hechos y así no continuar en prisión. Decisiones similares se tomaron en expedientes relacionados con el periodista Jose Rubén Zamora, proceso en el cual otras personas aceptaron cargos, ante la negativa de acceder a un arresto domiciliario.

Hernández fue detenida el pasado 14 de agosto, desde entonces, estuvo encarcelada sin posibilidad de una medida sustitutiva para estar al lado de sus dos hijos. En la primera audiencia fundamentó el motivo por el que se le podía otorgar un arresto domiciliario, pero no fue tomado en cuenta por el juez.

La FECI la vinculó al caso porque indicó que hay inconsistencia y falta de transparencia en las cifras de estados financieros, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, ya que todas las transacciones financieras del partido oficial no fueron reportadas.

Hernández fungió como integrante de la Asamblea General del Movimiento Semilla y fue secretaria general del partido entre enero y diciembre de 2019 “por lo tanto tenían todos y cada uno de los miembros la responsabilidad de aprobar o improbar el informe económico que presentó el Comité Ejecutivo Nacional”, según la fiscal.

En distintos momentos la defensa de la funcionaria dijo que la FECI no señaló la forma, modo o lugar en que supuestamente Hernández cometió los delitos. “El MP no ha acreditado que las acciones de mi patrocinada en su función de secretaria adjunta hayan recaído en esa conducta ilícita ni tampoco ha demostrado que en el tiempo en que ella pudo haber estado en funciones fuera esa su atribución porque ella era secretaria adjunta, no secretaria de finanzas”.

Acá otra nota que puedes leer:

https://prensacomunitaria.org/2024/09/carta-de-cumpleanos-desde-la-carcel-de-ligia-hernandez-a-su-hija/

Prensa Comunitaria

Somos la agencia de noticias Prensa Comunitaria Kilómetro 169 en Guatemala, conformada por un equipo multidisciplinario que proviene de las ciencias sociales, el periodismo, el arte, los feminismos y el medioactivismo. Estamos trabajando desde el nivel comunitario, nacional y fuera de nuestro país. Prensa Comunitaria se legalizó como una agencia de prensa alternativa el 20 de diciembre de 2012.

Anterior
Anterior

Arévalo: “Las instituciones no deben ser instrumentalizadas para perseguir a la prensa”

Siguiente
Siguiente

Las Pussyhat, el movimiento feminista y Donald Trump