Durante la pandemia atendieron a la población, aún a costa de sus propias vidas. En Quetzaltenango se retiraron al menos 300 comadronas desde el 2019. A partir de 2020 también influyó el temor a la COVID-19.

En marzo de 2020, el anuncio de la llegada de la COVID-19 paralizó distintos sectores en el país. La magnitud de la emergencia sanitaria obligó a las autoridades a organizar el sistema de salud pública de una forma diferente. La prioridad se centró en la atención de aquellas personas que se contagiaron con el coronavirus, provocando que miles de personas se quedaran sin atención a enfermedades comunes.

Una de las primeras medidas tomadas por las autoridades de salud fue el cierre de las consultas externas. Ante esta realidad, buena parte de la población optó por buscar otras alternativas.

Andrea Poz estaba embarazada de cuatro meses cuando el presidente decretó una serie de medidas en el país, para contener el avance de la COVID-19. Especialmente se restringió el horario de movilización en los 22 departamentos de Guatemala. Poz hacia su seguimiento prenatal en el Hospital Regional de Occidente, pero se le complicaba estar a tiempo en la cita mensual, porque además de ser originaria de Cajolá, el toque de queda y la falta del servicio de transporte colectivo se lo impedían.

Relató que tuvo miedo porque estaba habituada a llevar el control de su embarazo en el hospital. “Pero luego hablamos con la familia y mi suegra me recomendó con una comadrona”, expresó.

Para Andrea, ser atendida por una comadrona, para que atendiera el parto de su primer hijo fue una experiencia nueva, porque no quería, dijo, que algo fallara en el proceso y que afectara la salud del bebé.

La abuela Trina, como se le conoce a la comadrona en el municipio y otras comunidades, aceptó dar seguimiento al proceso prenatal y el parto del hijo de Poz. Virginia Tzul, lleva más de 40 años ejerciendo este trabajo.

Durante el tiempo restante, la abuela Trina decidió apoyar a la joven madre, porque sabía, respondió, que Andrea no tenía opciones en el sistema de salud. El parto salió sin novedades, Poz quedó agradecida y su bebé nació saludable.

Como el caso de Andrea, se cuentan miles a nivel nacional, en los que muchas comadronas cubrieron una necesidad que había pasado a segundo plano por el Ministerio de Salud, porque los esfuerzos y recursos se concentraron en la atención de la pandemia de la COVID- 19.

La abuela Trina cuenta que no recibió ninguna capacitación de parte de las autoridades de salud, no le indicaron qué era, cuáles eran las medidas de seguridad que debía tomar tanto para ella como para la mujer embarazada. No sabía si el bebé recién nacido estaba vulnerable a la COVID-19.

A Trina tampoco le explicaron que usar mascarilla era una medida fundamental que podría salvarla de un contagio del coronavirus. Con el paso del tiempo escuchó los mensajes presidenciales en los que se informaban algunas de estas medidas. Pero, asegura, del Ministerio de Salud no recibió ningún insumo.

Al inicio de la pandemia, dijo la abuela Trina, utilizaba mascarillas de tela que algunas personas de su comunidad confeccionaban, pero después su familia también decidió que debía usar las desechables. La información sobre el número de contagios era más cercana cada día.

Trina no se contagió y en los primeros meses que mantenía la atención a mujeres embarazadas, no tuvo ninguna que resultara con el virus. En el 2021 decidió dejar de prestar sus servicios por el incremento del riesgo, porque a sus 65 años era parte de los grupos poblacionales con mayor vulnerabilidad por el contagio.

Comadronas dejan de atender por riesgo

Pero la abuela Trina no fue la única en tomar la decisión de dejar de brindar atención, especialmente por el riesgo de su vida con la pandemia. Según el Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva (OSAR), desde el 2019 se retiraron más de 300 comadronas, la mayoría de ellas entre 2020 y 2021.

Nohemí Racancoj, integrante de OSAR, dijo que antes de la pandemia eran más de 900 comadronas registradas que trabajan en el departamento de Quetzaltenango, cinco murieron por el COVID-19 y ahora son 665 las que están activas.

OSAR monitorea las condiciones de trabajo de las comadronas, un sector de la población que es fundamental para la atención de personas en los territorios menos favorecidos y con poco acceso a servicios de salud.

“A nivel municipal son 60 las comadronas que están registradas en nuestros seguimientos y a pesar de que la cantidad de fallecidas en este sector es baja, deja un vacío en la atención que realizan y evidencia la falta de acciones del Ministerio de Salud para proteger a las comadronas”, dice Racancoj.

La Coordinadora Departamental de Comadronas Tradicionales (Codecot), señala que durante los dos años de pandemia registraron el fallecimiento de parteras que murieron por causa de la COVID-19, pero también otras dejaron de atender por el riesgo que esto causó.

OSAR reporta que un número importante de mujeres parteras, están en el rango de los 60 y 70 años, por lo que están dentro de los grupos vulnerables al contagio y a enfrentar condiciones de gravedad.

Por su parte, Marcia Ortiz, integrante de la Codecot, dijo que el Ministerio de Salud no entregó equipo de protección a las comadronas, a pesar de que ya trabajan con ellas en otros proyectos. Durante 2021 dieron algunos galones de alcohol y guantes, pero no era suficiente para abarcar a la cantidad de parteras que trabajan en el departamento.

Otra falencia que resalta Ortiz, fue la poca comunicación con autoridades de salud para explicar en un principio qué medidas de seguridad se estaban implementando.

Promoción lenta y desinformación sobre la vacuna

Según los reportes de la Codecot, las más de 600 comadronas ya se vacunaron contra el COVID-19, pero antes tuvieron pérdidas de mujeres con conocimientos ancestrales.

Aurelia Chaj, una comadrona en el Palmar, Quetzaltenango, consideró que la vacuna llegó tarde al municipio, porque una de sus compañeras se enfermó y su cuadro clínico fue grave. Actualmente quedó con secuelas que afectan su diario vivir, agregó.

“Acá en el Palmar nunca nos dieron información detallada sobre qué era, si representaba riesgo para nosotras que tenemos más de 50 años. Tampoco tuvimos alguna capacitación de parte del centro de salud, solo nos dijeron que, si queríamos la vacuna, que nos teníamos que inscribir en la página de internet, pero muchas de las personas acá no sabemos usar esa tecnología”, aseguró Chaj.

La comadrona mencionó que, en conjunto a otras organizaciones no gubernamentales, pudieron tener acceso a más información para muchas de las mujeres que por décadas se han dedicado a este servicio. Solo así se redujo el temor a vacunarse, anotó.

Telma Suchí, de OSAR, mencionó que este panorama no afectó únicamente a las comadronas, sino a la población en general. No hicieron material informativo con pertinencia cultural y de idioma, todos los recursos fueron presentados en español y en lugar de buscar acercamiento con la población, solo la culparon por no querer vacunarse, agregó.

Además, Suchí resaltó que algunas organizaciones de la sociedad civil fueron fundamentales para transmitir confianza en la vacuna, pero las comadronas debían ser un perfil fundamental al que debían enfocar esfuerzos para informarlas y protegerlas, ya que son un pilar de confianza y seguridad en las comunidades, justamente donde ahora hay bajo porcentaje de vacunación.

En Totonicapán se reportó un panorama similar al de Quetzaltenango, las comadronas no fueron capacitadas ni les entregaron equipo de protección. En comunidades de Momostenango algunas de las parteras se contagiaron mientras trabajaban, indicó Aurelia Pérez, trabajadora de un puesto de salud.

“Se les brindó la atención y se les pidió que utilizaran equipo de protección al realizar las atenciones a las mujeres en proceso de parto. Muchas de las comadronas se negaban a vacunarse, fue lenta la llegada de ellas para que les pudiéramos aplicar el biológico”, dijo.

Esperan subsidio para comadronas

En 2022 el Congreso de la República aprobó, con 93 votos, para que cada 19 de mayo se conmemore el Día de la Dignificación Nacional de la Comadrona. Según el Decreto de Ley 22- 2022, se busca dignificar su labor a favor de la vida y las familias, garantizar el apoyo económico y establecer un apoyo institucional para el ejercicio del trabajo de las comadronas.

A pesar de este decreto, las organizaciones que trabajan en favor de los derechos de las comadronas esperan la entrega de un incentivo económico de Q3 mil a cada una de ellas, recurso que han requerido desde hace varios años para su beneficio.

A nivel nacional son más de 20 mil 300 abuelas comadronas las que se beneficiarían con el dinero, pero deben establecer la cantidad de ellas que estén activas y qué pasará con el insumo que aún no se les entrega.

Nohemí Racancoj, de OSAR, agregó que en la cabecera departamental de Quetzaltenango se perderán al menos Q15 mil de las comadronas que ya no están activas, algunas por edad y otras porque murieron a causa de la pandemia y se pregunta ¿qué harán con ese dinero? Porque a las que se resguardaron de contagiarse por su edad, están inactivas, pero sirvieron a la comunidad una vida entera.

La promotora de salud en la ciudad de Quetzaltenango, Silvia Quijuvix, mencionó que este incentivo es apenas un paso pequeño para reconocer el trabajo y sabiduría ancestral de las mujeres que atienden a mujeres en los lugares donde la presencia del Estado y servicios de salud son escasos o nulos, por eso deben pensar más allá de un solo pago, este debería ser mensual o bimensual.

Representantes de Codecot y OSAR están planteando algunas modificaciones al decreto, para que también se incluyan a las comadronas que, a pesar de ya no asistir a las capacitaciones o que se hayan retirado en estos últimos dos años, reciban el incentivo. También buscan que se establezca un ingreso mensual, pero para esto deben realizar un proceso largo en el Congreso y tomaría años.