Mujeres con discapacidad, indígenas, mestizas, musulmanas, LGBTIQA+, artistas, trabajadoras, niñas y adolescentes salieron a las calles de la capital este 25 de noviembre, para denunciar la violencia machista en todas sus manifestaciones, y dar a conocer propuestas para combatirla.

Por Jasmin López

Las mujeres ya no permanecemos calladas ni invisibles: desde la Corte Suprema de Justicia hasta el Palacio Nacional se escuchó la voz de las manifestantes el pasado lunes, exigiendo no más indiferencia ni complicidad del Estado frente a la violencia de género.

La marcha fue convocada por la Coordinadora 25 de Noviembre, como parte de una serie de acciones de incidencia política organizadas alrededor del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Las asociaciones feministas, de mujeres con discapacidad, trans, LGBTIQA+, mayas, xincas, afrodescendientes, trabajadoras domésticas, musulmanas, niñas, adultas mayores y jóvenes demandaron que se implementen las políticas propuestas por las ciudadanas para mejorar las condiciones de vida de las poblaciones vulnerables.

En la caravana también estuvo presente la lucha de las mujeres palestinas, quienes llevan ya 76 años resistiendo al exterminio étnico que Israel está llevando a cabo en la Franja de Gaza. En dos informes recientes publicados por la ONU, se documentó que un 70% de las personas asesinadas por el ejército israelí desde el 7 de octubre del 2023 son mujeres, niñas y niños. A diario, matan a 37 madres. Hasta febrero del 2024, Israel había lanzado “el equivalente de dos bombas nucleares” en explosivos sobre la población civil.

Torturas físicas, psicológicas y sexuales en centros de detención ilegales, hambruna impuesta y traslado forzoso son otras maneras en las que el Gobierno de Israel deshumaniza a las mujeres, hombres, niños, niñas ancianos y bebés  palestinas. Estos métodos “corresponden a las características de un genocidio”, de acuerdo a los informes.

Otra situación importante que las manifestantes visibilizaron es la persecución de las defensoras de la tierra, activistas y operadoras de justicia guatemaltecas. Destacaron los casos recientes de Angelina Coy Choc, Olivia Mucu Ich y Rosa Ichi Xi, mujeres indígenas de El Estor, condenadas a 75 años de cárcel por oponerse al desalojo de sus territorios; y de Virginia Laparra, Claudia Gonzáles y Ligia Hernández, todas ellas judicializadas por el Ministerio Público en procesos irregulares.

“Cuando son desalojadas las mujeres, les queman sus enseres, les queman sus pertenencias y luego las desalojan. Cuando han sido estas mujeres y estas comunidades que han estado cuidando a la madre tierra, el agua, las semillas y el río”, denunciaron las colectivas.

432 mujeres asesinadas, 131 femicidios, 12 transfemicidios, mil 297 niñas, en edades comprendidas entre 10 a 14 años, y 38 mil 488 de 14 a 19 años, embarazadas como producto de violaciones, 4 alertas activadas a diario por desaparición y más de 8 mil denuncias por agresiones sexuales registradas este año son algunas cifras que muestran la magnitud de la violencia machista.

Lo que caracteriza la violencia dirigida contra las identidades femeninas es que “está basada en unas relaciones de poder que en el orden patriarcal le asignan a los hombres los recursos, los espacios, la toma de decisiones, mientras las mujeres estamos en desventaja. Esa relación de poder es la que promueve, sustenata y reproduce la violencia contra las mujeres”, explicó la socióloga y comunicadora feminista Ana Silvia Monzón.

Además, Monzón añadió que “todos los indicadores nos muestran que la situación de las mujeres en general es más precaria que la de los hombres. Las mujeres tienen menos acceso a la educación. Aún cuando en el ámbito universitario la matrícula es más femenina que masculina, en el campo y en la ciudad las niñas todavía tienen mucha dificultad para el acceso, la permanencia y el egreso de la escuela. También los indicadores de salud, que generalmente ven a las mujeres solo en la etapa reproductiva. En la participación política, tenemos 25 años demandando la paridad o al menos alguna acción afirmativa para que más mujeres estén en la política, y no lo conseguimos”.

Apenas un 20% de las diputaciones del Congreso, y 12 de las 340 alcaldías en el país, están ocupadas por mujeres, indicó la experta. La falta de reconocimiento al aporte de las mujeres en el trabajo doméstico y asalariado es otro indicativo de la desigualdad estructural.

Indicó que aunque el gobierno de Bernardo Arévalo demuestra un nivel importante de compromiso con la igualdad de género,  “todavía falta concretar acciones más contundentes para ir avanzando”.

Estas son algunas de las acciones que las mujeres han presentado a las respectivas instituciones del Gobierno, elaboradas desde sus diferentes necesidades, vivencias y conocimientos:

Actualización de la Política Nacional de las Abuelas Comadronas.

Iniciativa 6157 Ley de educación integral en sexualidad.

Reparación digna para las sobrevivientes del genocidio maya.

Asignación presupuestaria para la Estrategia de Atención Integral y Diferenciada para Personas Trans.

Iniciativa 6430 Ley para prevenir el abuso sexual infantil. 

Aprobación de la Iniciativa 4981 Convenio sobre el trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos

Iniciativa 5452 Ley de desarrollo económico de las mujeres.

Iniciativa 6396 Ley Integral del virus de inmunodeficiencia humana (VIH)