Violaciones a derechos humanos persiste en Centroamérica
Detenciones arbitrarias contra defensoras de derechos humanos, amenazas a la integridad de mujeres y niñas, penalización del aborto y asesinatos contra personas de la comunidad LGTBIQ+, son los hallazgos de un informe publicado por Amnistía Internacional, donde se recopila la situación de los derechos humanos en Centroamérica y otros países.
Por Violeta Cetino
Guatemala presenta en dicho informe un registro de detenciones arbitrarias y juicios injustos, dirigidos contra defensoras de los derechos humanos. El Ministerio Público (MP) ha demostrado falta de independencia del sistema judicial y ha adoptado medidas arbitrarias hacia personas que combatieron la impunidad y la corrupción.
Tal es el caso de Virginia Laparra. En mayo del 2023 el Grupo de Trabajo de la Organización de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria, declaró “arbitraria” la detención de la exfiscal anticorrupción y pidió su puesta en libertad. En diciembre del mismo año, la Corte Suprema de Justicia ordenó que se le concediera arresto domiciliario, pues ya había pasado en prisión la mitad del tiempo de la pena impuesta.
La Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (UDEFEGUA), registró 5 mil 965 agresiones (amenazas, homicidios, hostigamiento y detenciones arbitrarias), entre enero y noviembre, en contra de las personas defensoras de los derechos humanos, quienes continuaban realizando sus actividades en un entorno hostil y de alto riesgo. Estas agresiones se dirigieron especialmente hacia quienes luchaban contra la impunidad y la corrupción, como la abogada Claudia González, acusada del delito de abuso de autoridad, según el informe.
Las mujeres y las niñas se exponen a niveles elevados de violencia. Así lo denunciaron organizaciones locales, sumado a que las sobrevivientes de violencia de género encontraban dificultades para tener acceso a la justicia. De acuerdo al informe, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), expresó preocupación por la penalización del aborto en Guatemala, donde es viable únicamente si la vida de la mujer embarazada corre peligro.
También le preocupa el acceso limitado a servicios de aborto en condiciones seguras y la atención posterior a este, y los índices elevados de embarazos en niñas, continúa. Solo el Observatorio en Salud Reproductiva registró 52 mil 877 alumbramientos de madres entre 10 y 19 años en 2023.
Sumado a esto, los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGTBI) han sido violentados. Según el Observatorio Nacional de Derechos Humanos LGBTQ+, al menos 34 personas habían sido asesinadas por su orientación sexual o identidad de género y el matrimonio entre personas del mismo género, seguía siendo ilegal.
EL SALVADOR, CRIMINALIZACIÓN
Por otro lado, en El Salvador, el informe de Amnistía Internacional encontró vigente la prohibición total del aborto y registró que las mujeres se expusieron a encarcelamiento por cargos relacionados con emergencias obstétricas, lo que vulneraba sus derechos sexuales y reproductivos.
A consecuencia, al menos 21 mujeres se enfrentaban a procedimientos judiciales por acusaciones referentes a situaciones de emergencia obstétrica al concluir 2023.
Según Amnistía Internacional, las autoridades continuaron con la estigmatización y hostigamiento a través de redes sociales en contra de defensores y defensoras de los derechos humanos. Autoridades difundieron desinformación e incitaban a acosar y atacar la reputación de personas y organizaciones, para desacreditar e intimidar a las voces críticas.
HONDURAS, LA TASA MÁS ALTA DE ASESINATOS DE DEFENSORAS
En Honduras se registraron algunos avances en torno a los derechos sexuales y reproductivos, pero el aborto continuó siendo ilegal. Las personas LGBTI sufrían violencia y discriminación.
El informe incluye datos de Global Witnees, que indica que en relación a su población, Honduras tiene la cifra más alta del mundo de asesinatos de personas defensoras de los derechos ambientales y de la tierra.
De dicha cuenta, la coordinadora de la Organización Fraternal Negra Hondureña, Miriam Miranda, sufrió una tentativa de atentado en septiembre, y tres personas de la comunidad de Guapinol fueron asesinadas.
Además, en diciembre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró al Estado hondureño responsable de la violación de los derechos colectivos de una comunidad garífuna, mientras que la elaboración de un protocolo para investigar los ataques contra las personas defensoras de los derechos humanos, ordenada por la CIDH en 2018, seguía pendiente.
Sobre el tema de derechos sexuales y reproductivos, en marzo de 2023, el gobierno hondureño autorizó el uso y la venta de la píldora anticonceptiva de emergencia y puso fin a 14 años de prohibición.
Pese a los altos niveles de embarazos en niñas y adolescentes, la presidenta Xiomara Castro vetó la Ley sobre Prevención del Embarazo, orientada a brindar educación sexual integral. El aborto continúa prohibido en todas las circunstancias.
Respecto a las personas LGTBI en Honduras, estas seguían sufriendo violencia y discriminación, y el matrimonio entre personas del mismo sexo continuó prohibido. Al concluir el año, las autoridades no habían adoptado un procedimiento para el reconocimiento de la identidad de género de las personas no binarias, ordenado por una sentencia de la CIDH realizada en 2021.
NICARAGUA, PRIVACIÓN ARBITRARIA DE NACIONALIDAD
Nicaragua se caracterizó por la privación arbitraria de la nacionalidad. El 9 de febrero, el gobierno excarceló y expulsó inesperadamente a más de 200 personas de la oposición política que habían sido detenidas arbitrariamente entre 2018 y 2021. La mayoría de ellas, acusadas de delitos de traición y terrorismo formulados en procesos judiciales carentes de las debidas garantías.
Por su parte, la Asamblea Nacional (órgano legislativo de Nicaragua), aprobó una reforma constitucional que determinaba que las personas declaradas culpables de delitos políticos, perdían la nacionalidad nicaragüense. Esta política se aplicó de forma arbitraria para retirar la nacionalidad a todas las personas expulsadas en febrero, así como a otras que ya estaban exiliadas, entre ellas integrantes de la oposición política, periodistas, defensores y defensoras de los derechos humanos y miembros de la iglesia católica.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, calificó la privación de la nacionalidad y la confiscación de bienes de “violaciones graves de derechos humanos” y exigió al gobierno que permitiera su retorno voluntario y seguro al país, pusiera fin a esas prácticas y restituya los derechos de las personas afectadas.
La CIDH reafirmó las medidas provisionales dictadas en favor de activistas privados de su nacionalidad, como la defensora de derechos humanos, Vilma Núñez de Escorcia.
La libertad de asociación también se vio limitada en el país. Como lo indica el informe, la CIDH describió la situación de Nicaragua como uno de los casos más graves de cierre del espacio cívico en la región, mediante la cancelación de la personería jurídica y la disolución forzosa de organizaciones de la sociedad civil de forma masiva.
Entre agosto de 2022 y septiembre de 2023, Nicaragua revocó la personería jurídica de más de 2 mil organizaciones no gubernamentales (ONG), lo que implicaba el cese de sus actividades en el país; con ellas, el número total de entidades de este tipo que se habían visto afectadas desde 2018, ascendía a 3 mil 394.
Durante el 2023, las autoridades cerraron la Universidad Centroamericana, a la que acusaron de ser un “centro de terrorismo”, y confiscaron los bienes de organizaciones como Cruz Roja y el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE).
