De acuerdo con un informe del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), el 3% del total de población carcelaria en los centros de detención de mujeres, está conformado por niños y niñas.

Por Mirna Alvarado

El sistema penitenciario de Guatemala enfrenta múltiples desafíos que afectan a una de las poblaciones más vulnerables: las madres encarceladas. Un reciente informe del GAM, explora la compleja realidad de las madres en prisión en el país, destacando las condiciones en las que viven.

Las condiciones de detención, la falta de recursos y la ausencia de apoyo adecuado agravan las dificultades que enfrentan estas mujeres, quienes, además de lidiar con el encarcelamiento, deben afrontar la responsabilidad de criar a sus hijos e hijas en un entorno desfavorable.

El informe detalla que el 3% del total de la población carcelaria en los centros de detención de mujeres está conformado por niños y niñas, mientras que las mujeres embarazadas representan el 1%. En su mayoría, estas mujeres son encarceladas por razones económicas y por delitos no violentos relacionados con su situación de pobreza y violencia.

Se destaca además que el 4 de diciembre de 2020, el Juzgado de Niñez y Adolescencia emitió una sentencia referente a que las madres que conviven con sus hijos e hijas en los diferentes centros penitenciarios del país, tengan derecho a la alimentación, igualdad y relaciones de apego familiar, entre otros.  

Hasta finales de 2023 el número de convictas llegaba a 2 mil 685, pero el número aumentó por el ingreso de 3 mujeres más durante los tres primeros meses de este año, según consta en el informe. Para el año 2022 se dio un incremento del 2.61% y en el año 2023 un descenso del 2.64%.  

Se revela también que durante el 2001 el número de reclusas llegó a un 46.18%, estas estadísticas son el resultado del análisis de datos que el GAM obtuvo por medio de solicitudes de información, sobre la situación de mujeres encarceladas durante los últimos 24 años. 

Dentro de la investigación se plasma que hay dos tipos de personas que se encuentran reclusas en los centros de detención: aquellas que ya cumplen una condena y las que están en prisión preventiva. En el caso de las últimas, la ley establece que deben estar privadas de su libertad por existir peligro de fuga o una posible obstrucción de la averiguación de la verdad.  

“La diferencia entre las condenadas y las personas en prisión preventiva, es que estas últimas deben ser tratadas como inocentes, de acuerdo con la ley”, se lee en el informe.

Hay un crecimiento de mujeres condenadas, principalmente por el delito de extorsión. El indicador se marcó desde el 2009, con un aumento de 163 mujeres condenadas; esa tendencia se mantuvo hasta ahora, no obstante, el pico más alto fue en el año 2019, con 1 mil 913 mujeres condenadas. 

Guatemala tiene 11 centros penitenciarios, todos son utilizados para el cumplimiento de condena y prisión preventiva. El informe enfatiza que según la medición, una de cada 3 mil 839 mujeres está en situación de cárcel, pero solo un hombre de cada 361 se encuentran en prisión, “lo que quiere decir que son los hombres quienes más delinquen y que representan una mujer de cada 10 hombres en esta situación”, se asegura en el documento. 

El informe menciona que las mujeres privadas de libertad a menudo se enfrentan a condiciones mucho peores que las de los hombres, esas condiciones incluyen violencia, abusos físicos y sexuales y que son obligadas a prostituirse. 

Los delitos más comunes por los que se condena a las mujeres son extorsión, asociación ilícita y promoción de drogadicción. Muchas de estas mujeres tienen a sus hijos e hijas menores de edad con ellas en el centro penitenciario hasta donde la ley lo permite. 

Otro detalle a considerar en el documento es que las mujeres detenidas a menudo son jóvenes o adultas menores de 40 años, pobres, con pocos años de escolaridad (primaria o menos) y en muchos casos analfabetas, solteras, madres y responsables del cuidado de sus hijas e hijos y otros miembros de sus familias que dependen de ellas. 

La investigación estableció que al momento de su detención estas mujeres están desempleadas o son amas de casa, las pocas mujeres que generan económicamente lo hacen por medio del autoempleo (economía informal).

 ¿Y las embarazadas?

Otro aspecto complejo al que las entidades estatales deben ponerle atención es a la situación de las mujeres embarazadas en prisión, que deben mantener a sus pequeños y pequeñas en condiciones de cárcel. Los datos disponibles no permiten determinar si las mujeres se embarazan estando en prisión preventiva o durante su condena, ya que los registros del Sistema Penitenciario no se desarticulan de esta manera.

 “Solo se entregaron registros del 2023, y los meses entre enero y febrero del 2024, las formas en que lo registra el Sistema Penitenciario, podría mejorar”, dice el informe.

Lo que sí se determinó fue la cantidad de mujeres embarazadas, en los primeros dos meses del 2024 se contaron 35 mujeres embarazadas, el número de mujeres embarazadas a partir del 2019 a 2023 no ha sido inferior a 100.

 El Santa Teresa

En cuanto a la cantidad de niños y niñas que viven con sus madres dentro de centros penitenciarios representan el 3% del total de féminas en situación de cárcel, el 1% corresponde a las mujeres embarazadas que son sentenciadas y dan a luz a niños y niñas que en un futuro vivirán con sus madres dentro de la cárcel.

De los 11 centros carcelarios, el Santa Teresa, ubicado en la zona 18 de la ciudad de Guatemala, tiene registrados 15 niños y 21 niñas que en conjunto suman 36 infantes en situación de cárcel. El 74% de los niños y niñas que cohabitan con sus madres se concentran en los centros carcelarios del departamento de Guatemala. En su mayoría son niñas menores de un año. 

Las edades de infantes dentro de las cárceles oscilan básicamente entre los menores de un año, eso quiere decir que la mayoría son bebés y serán separados de sus madres justo a los 4 años de edad. 

Falta de recursos

La falta de recursos adecuados en las cárceles guatemaltecas se refleja en la ausencia de programas específicos para apoyar a las madres encarceladas. Las mujeres en prisión a menudo tienen acceso limitado a servicios de salud, educación y apoyo psicológico, lo que agrava su situación y dificulta su reintegración a la sociedad una vez que cumplen sus condenas.

Además, el sistema penitenciario carece de programas de apoyo que puedan abordar las necesidades específicas de estas madres. La falta de formación laboral, actividades recreativas y programas de rehabilitación adecuados reduce significativamente las oportunidades de estas mujeres para mejorar su situación y preparar su reintegración a la vida fuera de prisión.

Considerando que el Ministerio de Gobernación (Mingob) respondió que se cuenta con un equipo disciplinario que atiende salud emocional y física y programas educativos, en la práctica estos recursos no son suficientes.

En síntesis, el GAM detalla que la situación de las madres encarceladas en Guatemala representa un grave desafío en materia de derechos humanos y la justicia social. A pesar de los esfuerzos realizados para mejorar sus condiciones, aún queda un largo camino por recorrer.

Se hace fundamental que tanto las autoridades como la sociedad civil continúen trabajando juntos para crear un sistema que garantice dignidad, apoyo y oportunidades de rehabilitación para estas mujeres y sus hijos e hijas, de manera que se desarrollen programas con enfoque integral y comprometido para así asegurar un mejor futuro para las madres encarceladas y sus familias en Guatemala, concluye el documento.