La covid-19 amenaza a las mujeres y niñas migrantes en América Latina

Fotografía: Bruna Curcio

Por: Natalia Cintra, Jean Grugel y Pia Riggirozzi

Las emergencias sanitarias exacerban casi todas las formas de injusticia social en el Sur Global. Los prejuicios estatales, las fallas de gobernanza y las respuestas políticas inadecuadas e inapropiadas dejan legados que pueden ser tan graves como la enfermedad misma.

En situaciones de crisis, la provisión de servicios públicos y el acceso a los servicios de salud y bienestar pueden deteriorarse rápidamente. Los impactos son mayores en grupos y poblaciones en situación de vulnerabilidad, o vulnerados, precisamente por políticas públicas negligentes.

A mediano y largo plazo las crisis sanitarias exacerban pobreza, desigualdades e inequidades socioeconómicas y de género. En este contexto, mujeres, niñas y niños pobres, minorías étnicas, así como aquellos refugiados y migrantes que huyen de condiciones de pobreza, quiebres políticos, guerras, conflictos y violencia son particularmente afectados y los que sufren mayores inequidades en términos de acceso a servicios y políticas de salud públicas.

La Covid-19 ha puesto en evidencia los peligros adicionales que enfrentan mujeres y niñas migrantes en América Latina, como señaló recientemente The Lancet. El distanciamiento físico es casi imposible en albergues y refugios donde migrantes se asientan temporariamente o de forma semi-permanente. Además, el acceso a viviendas casi siempre acarrea hacinamiento y limitaciones en suministros de agua compartidos, por lo que las políticas de cuarentena y el “quédate en casa” tienen un valor muy limitado, sino nominal, para muchos refugiados y migrantes.

Para las mujeres y niñas, que representan alrededor del 50% de las personas migrantes y refugiadas, y cuyas necesidades muchas veces son invisibles, incluso en tiempos “normales”, los riesgos de salud planteados por la Covid-19 son insondables.

Las pandemias no son neutrales y tienen profundas divisiones e impacto de género. Sabemos por crisis sanitarias anteriores, como el Ébola, el Zika y el SARS, que éstas refuerzan los roles sociales de género, exacerban entendimientos sesgados, patriarcales del rol de la mujer en la familia y la sociedad, y reducen el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, ya sea debido a la escasez de suministros, medicamentos y trabajadores de atención médica especializados o porque los recursos se reorientan para reflejar prioridades asignadas en tiempos de crisis por los formuladores de políticas (generalmente hombres), en lugar de las necesidades específicas de género.

Los niveles de violencia doméstica y de género también aumentan y las mujeres y niñas a menudo dependen de organizaciones humanitarias y de socorro para acceder a servicios de información y apoyo a victimas de violencia de género, servicios de atención a la salud sexual y reproductiva, pruebas de VIH y enfermedades de transmisión sexual, anticonceptivos, atención de abortos seguros y visitas ginecológicas.

La Covid-19 puede privar a las mujeres y niñas desplazadas de los servicios de protección esenciales de los que dependen y exacerbar los riesgos que ya enfrentan para su bienestar y sus vidas.

¿Cómo impactará la Covid-19 en la salud y el bienestar de este grupo excepcionalmente vulnerable? ¿Cómo se debe responder para minimizar los impactos inmediatos y promover las necesidades de salud a largo plazo de las mujeres y niñas migrantes y refugiadas? Consideramos estas preguntas en relación con el creciente número de mujeres y niñas desplazadas en América Latina y como parte de un llamado a corregir las desigualdades de salud de género en contextos de crisis migratoria.

Sugerimos que las organizaciones internacionales y los estados, de tránsito y residencia, deben urgentemente destinar recursos para abordar las necesidades de salud inmediatas y de largo plazo de las mujeres y niñas migrantes y refugiadas. Así, argumentamos que se necesita un paradigma de políticas basado tanto en el reconocimiento de la dignidad de género como en las obligaciones estatales de respetar, proteger y de cumplir con, y hacer cumplir, compromisos de derechos humanos de manera que salvaguarde la salud de las poblaciones vulnerables y contribuya a romper los ciclos de privación y exclusión experimentados por estas poblaciones.

Migrantes y refugiadas en América Latina: números crecientes, necesidades de salud ignoradas

En la última década, El Salvador, Guatemala y Honduras han visto un rápido incremento en el número de solicitantes de asilo y refugiados en ruta hacia Méjico y los Estados Unidos – hasta un total de 396.000, equivalente a un aumento del 58% desde 2016. En Venezuela, 5 millones han abandonado su país para dirigirse a Colombia, Brasil, Ecuador y el Caribe desde 2014. Las mujeres representan alrededor del 30% del total de migrantes centroamericanos a México y el 50% de la migración venezolana a Brasil y Colombia.

La migración irregular de las mujeres y niñas genera mayores riesgos de protección asociados con violencia, intimidación, tráfico, abuso, violación, agresión sexual, así como situaciones de discriminación y estigma, barreras lingüísticas y diferencias en normas socioculturales, exclusión social y pobreza.

Estos riesgos pueden incrementarse debido a las restricciones de viaje internos y externos, las dificultades de acceso a servicios de salud y medicamentos en sitios fronterizos, en tránsito y en asentamientos, así como la falta de documentación. Asimismo, muchas migrantes trabajan en el sector informal sin protección social y asumen responsabilidades de cuidados de niños y otros miembros de sus hogares.

Incluso sin una pandemia, refugiados, migrantes o desplazados internos debido a conflictos, desastres naturales o pobreza extrema, a menudo enfrentan deficiencias nutricionales y de salud propias de vivir en campamentos o refugios superpoblados y con enormes barreras para acceder a servicios de salud y saneamiento.

Un ejemplo de esto es Boa Vista, ciudad brasileña en el estado norteño de Roraima y principal puerta de entrada a Brasil para venezolanos que huyen de la actual crisis económica, política y social, incluido el colapso de los sistemas de salud en ese país.

De acuerdo con ACNUR, sólo 3 de 13 refugios donde se albergan estos migrantes actualmente se consideran de bajo riesgo en términos de propagación del coronavirus. Además, un número cada vez mayor de venezolanos se esta quedando sin hogar luego de ser desalojados y a consecuencia del creciente cierre de refugios, lo que a su vez afecta negativamente la percepción pública sobre refugiados y migrantes.

En este contexto, las restricciones al acceso a los servicios de salud están profundizando la negligencia experimentada por poblaciones migrantes y de refugiados. Algunas respuestas del gobierno federal y organizaciones internacionales que han tratado de abordar esta situación, por ejemplo, han puesto en marcha la creación de centros de emergencia “Covid-19”, pero el objetivo de estos es tratar a pacientes infectados y afectados por la pandemia, en lugar de la prestación de servicios de salud más amplios.

El abandono de la política de salud es particularmente preocupante entre las mujeres indígenas, como las de las comunidades Warao, que son parte de los miles de venezolanos que han huido a la vecina Boa Vista, en Roraima. El refugio Warao en Boa Vista se considera particularmente vulnerable a un brote de COVID 19. Las malas condiciones de salud y la alta prevalencia de enfermedades infecciosas, en particular el VIH, junto con barreras al acceso a los servicios de salud debido a diferencias culturales y lingüísticas, son el contexto en el cual el COVID-19 ahonda una crisis de salud ya existente.

Esto también es cierto en Bogotá, Colombia, que alberga casi el 20% de los cerca de 2 millones de venezolanos en el país, con problemas similares. Incapaces de pagar una vivienda local debido a los altos alquileres, muchos inmigrantes venezolanos están en situación de desprotección y sin hogar.

El acceso a la atención médica en tiempos normales ya es un problema importante en Colombia, ya que el sistema nacional de salud excluye de los servicios que no son de emergencia a los migrantes irregulares (alrededor de un 20% de la población de migrantes). Además, el aumento de la xenofobia significa que los migrantes venezolanos con frecuencia son acusados ​​de difundir enfermedades transmisibles, y ahora de transmitir la Covid-19 en el país.

Tanto Brasil como Colombia han cerrado sus fronteras con Venezuela, e incluso deportado varios migrantes a Venezuela en respuesta al brote. Brasil ha aprobado un decreto que permite la deportación, en violación del principio internacional de no retorno de refugiados y migrantes en situación de asilo político. Esta situación coloca a mujeres y niñas desplazadas frente a un peligro aún mayor.

La negación de un lugar de refugio y asentamiento significa también una negación del derecho a la salud. La provisión restringida de asilo interrumpe gravemente el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva y obstaculiza el acceso a la atención médica adecuada para la prevención y el manejo de la violencia de género, en un momento en que las mujeres y las niñas necesitan más estos servicios.

Si estas dificultades no se corrigen, las consecuencias para las mujeres y las niñas migrantes y refugiadas serán catastróficas en términos de acceso a anticonceptivos, medicinas y productos de higiene personal, aumentos de embarazos no deseados, falta de acceso a abortos seguros, incremento del riesgo de la morbilidad y mortalidad materno-infantil, socavando todo principio de autonomía y derecho a la igualdad y dignidad de las mujeres y las niñas.

No dejar a nadie atrás: la importancia de los derechos humanos

En 2015, los Objetivos de Desarrollo Sustentable prometieron la introducción de políticas de desarrollo global basadas en un compromiso significativo con los derechos humanos de los más pobres y vulnerables. Sin embargo, incluso antes del brote de la Covid-19, ya había serias dudas sobre el ritmo y la dirección del cambio global y el compromiso con el objetivo de “no dejar a nadie atrás”. Si los gobiernos realmente son serios en relación a este compromiso, entonces no pueden ignorar los derechos de los más vulnerables, sobre todo en tiempos de pandemia.

Como argumenta Sara Pantuliano, directora del Overseas Development Institute, una de las organizaciones referentes en temas de desarrollo en el Reino Unido, defender los derechos humanos como una herramienta para abordar las desigualdades es esencial. La reacción negligente hacia los derechos humanos de las mujeres ahondará una grieta particularmente crítica.

¿Qué significa esto para las mujeres y niñas desplazadas por situaciones de conflicto, pobreza y violencia política? Primero, debemos reconocer que la Covid-19 es uno de los tantos desafíos que afectan el bienestar de estas mujeres y niñas. Es importante no olvidar hasta qué punto sus derechos ya han sido despojados, incluso antes de la pandemia.

Por esta razón, es crucial denunciar toda naturalización de la violencia de género y la invisibilidad de la que muchas mujeres y niñas migrantes y refugiadas son parte. En última instancia, la Covid-19 más que alterar sus vidas que ya sin duda están alejadas de situaciones “normales”, esta aumentando aún más su deshumanización.

¿La solución? Situar los derechos humanos de los más vulnerables, particularmente de las mujeres y niñas migrantes y refugiadas, en el centro de las respuestas políticas. Esto requiere un compromiso de los gobiernos de asignar recursos apropiados para abordar las necesidades que la Covid-19 define para estas mujeres y niñas mas allá de las necesidades inmediatas, para que no solo se mitiguen riesgos sino fundamentalmente se defienda su dignidad.

Para las políticas actuales y futuras, las mujeres y niñas desplazadas deben ser escuchadas y sus perspectivas incorporadas en las respuestas del gobierno a esta y otras crisis de desarrollo. Ahora, y después de la crisis de la Covid-19, necesitamos un enfoque de la salud pública basado en los derechos humanos que aborde directamente las desigualdades de salud globales de género, afirme la indivisibilidad de los derechos humanos, promueva la integridad y dignidad de las personas vulnerables y que aseguren la rendición de cuentas de las autoridades estatales que tienen obligación de hacer cumplir estos derechos.

Los gobiernos en América Latina y en otros lugares tienen obligaciones legales y éticas en virtud del derecho internacional para garantizar el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr como un derechos fundamental de todo ser humano. Así, los gobiernos no pueden permitirse elegir qué derechos efectuar y cuáles ignorar. Acordando con Lancet Migration, argumentamos que la transparencia y la rendición de cuentas tanto sobre las políticas adoptadas por los gobiernos así como sobre los recursos para dar respuestas apropiadas son primordiales para abordar la Covid-19 desde una perspectiva de derechos a la salud.

En este sentido, pedimos la suspensión de todos los intentos, legales o de otro tipo, de limitar el acceso de migrantes y refugiados a la atención médica y el fin de los retornos forzosos, así como medidas que contrarresten la xenofobia y la discriminación, todo lo cual socava los derechos de los migrantes a la salud.

Asimismo, interpelamos a los gobiernos a que trabajen de forma coordinada y transfronteriza para garantizar que los servicios de salud apropiados, particularmente aquellos específicos a la salud sexual y reproductiva, alcancen a las mujeres y niñas migrantes y refugiadas ahora y en el futuro.

* Natalia Cintra es investigadora en ReGHID.

* Jean Grugel dirige el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias sobre el Desarrollo (Interdisciplinary Global Development Centre, IGDC) en la Universidad de York (Reino Unido) y es co-investigadora en ReGHID.

* Pia Riggirozzi es profesora en el departamento de Ciencias Politicas en la Universidad de Southampton (Reino Unido) e investigadora principal del proyecto Redressing Gendered Health Inequalities of Displaced Women and Girls in Contexts of Protracted Crises in Central and South America (ReGHID), financiado por el Economic and Social Research Council (Reino Unido).

Fuente: Open democracy