¿Dónde están? ¿qué hicieron con ellas y ellos? Son preguntas que, desde hace 39 años, han estado presentes en las familias de más de 100 personas desaparecidas durante el gobierno de Óscar Mejía Víctores. Desde entonces han iniciado el camino de exigir justicia por una hermana, un papá o una mamá, y para saber de su paradero.

Esa incansable búsqueda por la verdad dio un giro importante en 1999, cuando Kate Doyle, analista del Archivo de Seguridad Nacional, un ente no gubernamental de Estados Unidos, hizo público el “Diario Militar”.

En este documento aparecen los registros de 183 personas, entre estudiantes, integrantes de sindicatos y organizaciones sociales, que fueron detenidas, torturadas, violadas sexualmente y desaparecidas por militares y policías, miembros de seguridad del Estado, entre 1983 y 1985.

Una lucha por la memoria protagonizada por mujeres

Esta ruta por encontrar respuestas o la verdad, tiene una fuerte presencia de mujeres luchando por obtener información sobre su ser querido. Así lo cuenta Alejandra Cabrera, hija de Leopoldo Cabrera, detenido y desaparecido durante el gobierno de Mejía Víctores.

Alejandra es querellante adhesiva del caso Diario Militar, un proceso que luego de casi cuatro décadas llegó al Juzgado de Mayor Riesgo B en Torre de Tribunales. “En su mayoría eran mujeres, es una búsqueda de justicia fortalecida por la lucha y fuerza de las mujeres, incluso hubo algunas veces que se les contestaba que no estaban ahí, otras veces que no iban a salir, o lo que le contestó a doña Farfán el propio Mejía Víctores, quién aseguró que si su propia madre fuera guerrillera, él mismo la asesinaba”.

Alejandra se refiere a Aura Elena Farfán, cofundadora del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) y de la asociación de Familiares de Detenidos-desaparecidos de Guatemala (Famdegua), quien ha dedicado su vida a la búsqueda de su hermano desaparecido en 1984: Rubén Amilcar Farfán.

“Este tipo de respuesta hizo que familiares iniciaran el camino de buscar justicia por distintos mecanismos, como la prensa internacional, y de hacerse acompañar por abogados a través de Famdegua”, explica Cabrera.

Otro actor importante ha sido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando en el 2012 condenó al Estado de Guatemala por la desaparición forzada, ejecución extrajudicial y tortura de víctimas incluidas en el “Diario Militar”, y ordenó al Estado investigar, procesar y sancionar a los responsables de los crímenes.

En los últimos años en Guatemala se han desarrollado juicios históricos donde se han condenado a militares y expatrulleros por crímenes de lesa humanidad como el caso Zepur Zarco en 2016, , Molina Theissen en 2018 y Mujeres Achi a inicios de 2022. Ahora se espera la sentencia del “Diario Militar” que se encuentra en etapa intermedia, para sumarse a esa lucha por la justicia que han realizado sobrevivientes y familiares.

Primeros capturados

El 27 de mayo de 2021 la Fiscalía de Derechos Humanos Humanos del Ministerio Público (MP), con el apoyo de la Policía Nacional Civil (PNC), detuvo a 11 exoficiales militares acusados de ser los responsables materiales e intelectuales de graves violaciones a los derechos humanos ocurridas entre 1983 y 1985 que se detallan en el “Diario Militar”.

En ese momento se logró la captura de Edgar Corado Samayoa, antiguo especialista del Estado Mayor Presidencial (EPM), sargento mayor especialista, Rone René Lara, Sargento mayor especialista; José Daniel Monterroso Villagrán, Sargento mayor especialista Estado Mayor de la Defensa Nacional; Jacobo Esdras Salán Sánchez, Enrique Cifuentes de la Cruz, Comisario de la Policía Nacional (PN) y jefe de la Oficina de Responsabilidad Profesional de la PN; Edgar Virgilio de León Sigüenza, cabo especialista; Marco Antonio González Taracena, jefe del archivo y subdirector del Centro de Adiestramiento Kaibil; Juan Francisco Cifuentes Cano, primer jefe de la Brigada de Operaciones Especiales de la Policía y del Quinto Cuerpo de la PN; Eliseo Barrios Soto, militar y especialista del Estado Mayor Presidencial; Mavilo Aurelio Castañeda Bethancourt, militar y especialista del EPM y Gustavo Adolfo Oliva Blanco, integrantes de la PN.

La abogada Jovita Tzul, que representa a las querellantes adhesivas Alejandra Cabrera y Wendy Santizo, señala cómo se llegó a esas detenciones y esa búsqueda de justicia. “El proceso tiene más de 20 años de estar judicializado, alrededor del año 2000 se realizan las primeras diligencias y se constituyen las primeras víctimas para pedir las investigaciones. Es en mayo del año pasado que, después de la larga investigación, se emitieron órdenes de captura para los ahora acusados y otros que están prófugos”.

Esas detenciones, para Cabrera significaron una sorpresa después de décadas clamando justicia, ya que a pesar que habían profesionales haciendo su trabajo por una u otra razón no se lograba ese paso, recuerda. “Esperaba que algún día se diera. Son sentimientos encontrados porque finalmente pudimos estar de frente, tener el rostro real de esas personas que posiblemente, según los datos del Ministerio Público (MP), hayan estado relacionados con las estructuras criminales clandestinas e ilegales, parte de los operativos de las víctimas que están contenidas dentro del Diario Militar”.

Una larga primera declaración

Aunque a finales de mayo de 2021 se dieron las primeras detenciones, los sindicados llegaron a Torre de Tribunales en junio. Para que eso sucediera y por fin se lograra la primera audiencia, el camino fue complicado y extenso. De hecho a principios de este 2022 se seguía en esas audiencias.

“Ha habido postergación de la justicia durante casi cuatro décadas y era de esperarse que no era fácil lograr iniciar, de hecho la audiencia de primera declaración duró hasta este año”, comentó Cabrera.

De acuerdo con Tzul, en las audiencias de primera declaración en esas se escuchó a las personas capturadas y se decidió ligarlas al proceso. Luego el MP inició las investigaciones del caso.

Según la abogada, durante ese proceso fue cuando más dificultades se presentaron. “Durante ese tiempo de investigación se dieron muchas incidencias, ahí también los defensores tienen derecho a plantear acciones, revisiones, proponer medios de investigación y todo eso sucedió. Hubo varias audiencias para conocerlo”.

Por la pandemia de COVID-19 se les impidió el ingreso a las primeras audiencias a familiares de las partes agraviadas, incluso en los elevadores de Torre de Tribunales solo podían ingresar cuatro personas.

Además, las audiencias habían sido más breves por las condiciones de salud de los militares retirados. “Eso ha ido postergando, atrasando y aplazando, porque no son audiencias que se pueden tomar de corrido por las condiciones de salud de estas personas, desgraciadamente de la barra acusadora”, explica Cabrera.

La etapa que define el juicio

Después de resolver incidentes presentados por parte de los procesados, el juez Miguel Ángel Gálvez dio por iniciada la audiencia de etapa intermedia en el Caso Diario Militar en contra de 9 de los acusados: José Daniel Monterroso Villagrán, Enrique Cifuentes de la Cruz, Rone René Lara, Jacobo Esdras Salán Sánchez, Edgar Corado Samayoa, Maco Antonio Gonzáles Taracena, Juan Francisco Cifuentes Cano, Víctor Augusto Vásquez Echeverría y Gustavo Adolfo Oliva Blanco.

Desde abril del 2022 se pasó a la etapa intermedia que es el paso previo a llegar al juicio. “Hoy estamos en la etapa intermedia, estamos conociendo la acusación del Ministerio Público y ya llevamos tres semanas de audiencia. Lo que se busca es que se dé una declaración que hay indicios para conocer en un debate público”, explica Tzul.

En esta etapa, tres de los acusados llegan en sillas de ruedas, con ropa de hospital y utilizan audífonos, ya que han explicado que tienen problemas de audición. Mientras los demás están sentados en las sillas para el público y permanecen sin grilletes. Los policías del sistema penitenciario están en una esquina del fondo viendo pasar el tiempo.

Familiares de los y las desaparecidas también se encuentran en el lugar, escuchando detenidamente todo lo que sucede. El aire apenas circula. Y de esta forma se mantiene la Sala de Vistas número 6 del piso 14 donde este caso está por esclarecer lo que sucedió entre 1983 y 1985.

En esta etapa, la fiscalía hizo lectura de las acusaciones contra los exoficiales entre las que se encuentran la desaparición forzada y delitos contra deberes de Humanidad, tentativa de asesinato y actos de violencia en contra de al menos 28 mujeres por su condición de género, incluida la violencia sexual.

Según la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, la desaparición forzada es el hecho de que “se arreste, detenga o traslade contra su voluntad a las personas, o que estas resulten privadas de su libertad de alguna otra forma por agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel, por grupos organizados o por particulares que actúan en nombre del Gobierno o con su apoyo directo o indirecto, su autorización o su asentimiento, y que luego se niegan a revelar la suerte o el paradero de esas personas o a reconocer que están privadas de la libertad, sustrayéndolas así a la protección de la ley”.

Violencia sexual contra mujeres

La abogada Tzul, realizó una intervención en la que dio a conocer patrones diferenciados contra los cuerpos de las mujeres registradas en el Diario Militar. Con el apoyo de una presentación, explicó que investigaciones del MP y declaraciones de mujeres sobrevivientes dan indicios de violencia sexual, colgamientos, sometimiento a tareas domésticas y tortura.

“Fui victima de violencia sexual, a mi me violaron como siete soldados, a veces me violaban a diario o unos días sí otros no eso lo hacían en el mismo cuarto donde me tenían presa”, declaración del 10 de abril del 2014 de la señora Candelaria Pop Coy leída por la abogada.

Entre fragmentos de declaraciones también se contó que las mujeres recibían toques eléctricos en genitales y pechos. En uno de los casos también se indicó que a una mujer la metieron a una tina de agua sucia con excremento. Al momento de leer esos testimonios Tzul, agregaba “hasta donde llegaba la pérdida de la dignidad”. Mientras los acusados permanecían quietos en sus asientos sin realizar mayor cambio en su mirada.

También se presentaron declaraciones de mujeres que se encontraban embarazadas. “Esos patrones, que fueron ejecutados de manera directa en contra del cuerpo y de la vida de las mujeres, no fueron hechos fortuitos, formaban parte de esa estrategia de sometimiento utilizando para ello la vida y el cuerpo de las mujeres”, dijo enfrente del juez la abogada.

La voz de Tzul en todo momento fue directa, fuerte y sin pausas. Su intervención duró cerca de dos horas. Por la situación de los acusados, el juez dio un breve descanso para que pudieran comer. Luego solo permitió que se diera una intervención más por parte del abogado Francisco Vivar y la audiencia se dio por concluida.

Para Cabrera, aunque en este proceso está cerca de llegar a juicio y esperan se dé una sentencia, algo que seguirán haciendo es preguntar dónde están sus seres queridos. “Aunque haya una sentencia seguiremos preguntando dónde están nuestros familiares, hasta que los encontremos o hasta que dejemos de existir. Eso es algo que no vamos a abandonar, la búsqueda, la exigencia”, expresa.

Esta última semana de abril es posible que el juez Galvéz resuelva si el proceso pasa a debate oral y público. Sin embargo, para los familiares la justicia es la puerta que desean abrir y que los lleve a obtener respuestas. Si el caso pasa a debate, representaría un juicio histórico y que aclararía momentos de la historia de Guatemala y de las familias de personas desaparecidas.

Con información de Prensa Comunitaria y Famdegua.