La audiencia de primera declaración contra Leily Santizo, exmandataria de la Comisión Internacional contra la impunidad en Guatemala (CICIG) continúa sin llevarse a cabo tras dos meses de haber sido girada la segunda orden de captura en su contra.

En el quinto nivel de Torre de Tribunales la jueza del Tribunal Octavo, Oly González dictó condena contra Virginia Laparra, la exfiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) en Quetzaltenango, la sentenció a 4 años de cárcel conmutables a razón de Q10 diarios por abuso de autoridad, según la acusación del Ministerio Público, MP y Lesther Castellanos, exjuez de Mayor Riesgo. La jueza González también la inhabilitó como abogada durante el tiempo que dure la condena y tiene la prohibición de optar a cualquier cargo público.

Virginia Laparra salió de la Torre de Tribunales a través del sótano, escoltada por agentes del Sistema Penitenciario y rodeada de periodistas. A su paso, se escuchaba un coro de hombres lanzando comentarios sexuales desde las carceletas. La exfiscal quetzalteca acababa de ser sentenciada a 4 años de prisión conmutables por “abuso de autoridad en forma continuada” por la jueza Oly González por una denuncia que, desde 2018, ha buscado establecer que una fiscal no puede denunciar a los jueces.

Llegó la etapa de conclusiones en el juicio contra la exfiscal quezalteca Virginia Laparra. El Ministerio Público (MP) pidió que se le condene a 8 años de prisión por “abuso de autoridad continuado” y los querellantes se adhirieron a la solicitud, añadiendo una disculpa pública. Ellos insisten en que la exjefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) de Quetzaltenango “abusó de su poder” al denunciar administrativamente al entonces juez Lesther Castellanos. 

El 29 de noviembre se llevó a cabo el segundo día del juicio contra Virginia Laparra, antigua jefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad en Quetzaltenango (FECI). Durante la jornada, se escuchó el testimonio de Lesther Castellanos, querellante adhesivo y presunto agraviado del caso. También se presentaron peritajes y pruebas materiales.

Las abogadas fueron denunciadas de “obstrucción a la justicia y colusión” por la Fundación Contra el Terrorismo (FCT). Obtuvieron falta de mérito por el primer delito, por lo cual resta resolver su situación penal sobre el delito de colusión.

Diputada Ligia Hernández señala persecución política en su contra.