Guatemala: historia de cómo la injusticia se ensañó contra las mujeres

El Ministerio Público y varios jueces -hombres la mayoría- añadieron a la venganza contra las personas que los investigaron, a ellos y sus patrones políticos, el odio misógino contra operadoras de justicia, juezas, fiscales, abogadas, activistas y periodistas.

“Nos llevamos la peor parte por habernos atrevido a ver a los ojos a este sistema corrupto”, Thelma Aldana, exfiscal general de Guatemala.

Por Ruda y Prensa Comunitaria

Virginia Laparra aún recuerda los intercambios con los hombres que se empeñaron en perseguirla, un juez, un abogado y los que dirigen la Fundación contra el Terrorismo en Guatemala. Los recuerda como ataques de hombres que no soportaron que ella no se sometiera, que no hiciera lo que ellos querían, que los confrontara.

Recuerda, por ejemplo, cuando la llevaron a una celda en la que ya estaban otras abogadas, fiscales y exmandatarias de la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), luego de que la arrestaron por un caso que le había montado el sistema, que controla Consuelo Porras desde el Ministerio Público (MP). Al poco tiempo de que la llevaron ahí, aparecieron dos miembros de la Fundación contra el Terrorismo, Ricardo Méndez Ruiz y Raúl Falla Ovalle, a tomarle fotos. “Ya está Laparra en su VIP”, recuerda que dijeron.

“La persecución en contra de nosotras ha tenido un tinte misógino. Lo pude percibir de manera directa durante al menos siete años que tuve de persecución. La persecución en contra de mujeres ha sido cruel y creo que en mucho sentido está dirigido a mancillar lo que ellos creen una debilidad por el hecho de ser mujeres. Yo lo interpreto así, por ejemplo, en mi caso: mujer, madre, con hijos pequeños, a quien reprimieron todo lo que pudieron para poder respaldar su discurso represivo, corrupto, misógino, intentar obligarme a decir lo que ellos querían, a admitir como delito lo que no fue delito ayer, no es delito hoy y no va a ser delito nunca…”, dice Laparra durante una entrevista con Ruda y Prensa Comunitaria.

A Virginia Laparra la policía guatemalteca la detuvo el 23 de febrero de 2022. Dos semanas antes, los policías, con una orden solicitada por el MP de Consuelo Porras, habían capturado a Leily Santizo, ex mandataria de la CICIG, también por un caso espurio que los fiscales le habían montado. Ambas mujeres tienen varias cosas en común. Ambas investigaron a las redes de mafias políticas y criminales a las que en Guatemala se ha conocido como el Pacto de Corruptos. Ambas fueron sometidas a persecuciones físicas y penales sin tregua desde que la lucha anticorrupción que el país emprendió a mediados de la década pasada desde un Ministerio Público reforzado por la llegada de CICIG empezó a languidecer. Ambas forman parte de una lista de guatemaltecos, unos 80, que formaron parte de esa lucha y han sido perseguidos desde al menos principios de esta década por haber expuesto a políticos, jueces, funcionarios y empresarios corruptos.

El principal implicado en la persecución a Laparra es un juez llamado Lesther Castellanos, al que la exfiscal denunció administrativamente, por procedimientos irregulares en la gestión de un expediente penal. Tras esas denuncias, que Castellanos consideró una afrenta personal, el juez la acusó de abuso de autoridad, que fue el delito por el que la detuvieron en febrero de 2022. A partir de entonces inició una persecución sin tregua a la que se unió Omar Barrios, amigo del juzgador, y la Fundación contra el Terrorismo como querellantes. Con maromas judiciales y sometiéndola a malos tratos en prisión, el sistema obró la venganza de Castellanos, mientras los aliados del expresidente Alejandro Giammattei en el Congreso de la República lo nombraron, de entre todos los puestos posibles, presidente de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura (OPT).

En la lista de perseguidos por jueces como Castellanos, por el MP y la Fundación contra el Terrorismo hay al menos 31 mujeres, entre ellas Claudia Paz y Paz y Thelma Aldana, las dos exfiscales generales y jefas del Ministerio Público que ayudaron a transformar la institución y emprendieron investigaciones de gran calado para desmantelar redes de narcotráfico y corrupción política, así como para llevar ante la justicia a los autores de crímenes de lesa humanidad y genocidio cometidos durante el conflicto armado interno.

También están en esa lista, además de Laparra y Santizo, las exmagistradas Gloria Porras y Claudia Escobar (nombrada embajadora de Guatemala ante la OEA por el presidente Bernardo Arévalo), la jueza Erika Aifán, las fiscales Aliss Morán Mejía, Eva Siomara Sosa, Paola Michelle Escobar Quiñónez, Amy Girón, Samari Gómez Díaz, Wendy Patricia Ordóñez, Sarah Elizabeth Romero, Eleonora Castillo, Elena Sut e Hilda Pineda García, las mandatarias de CICIG Claudia González y Flor Gálvez Álvarez, y la abogada defensora de derechos humanos Wendy Geraldine López, entre otras.

Una de ellas, Claudia González, fue mandataria de la CICIG. Las mandatarias como González y Santizo, abogadas con experiencia en investigación, litigio, derecho penal y derechos humanos, eran las profesionales guatemaltecas a las que la CICIG encomendó el litigio de casos complejos y el acompañamiento a los fiscales del MP durante la presentación de esos procesos. González y Gálvez también defendieron a Leily Santizo cuando la persecución a operadoras de justicia se hizo más evidente.

Después, cuando ya habían metido en la cárcel a Santizo, a Laparra y a otras exfiscales y a la exmandataria de CICIG, y cuando ya exjuezas, abogadas y exmagistradas habían sido forzadas al exilio, el MP de Consuelo Porras también la emprendió contra González; su delito: defender a sus colegas de un sistema que quería vengarse, creando para ello un caso por haber firmado un antejuicio en contra de la exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Blanca Stalling.

La celda compartida

Hay una celda en Guatemala que cuenta con el nefasto antecedente de haber albergado a varias de las mujeres que han sufrido persecución del MP y la judicatura guatemaltecos. Por ahí pasaron Virginia Laparra, Leily Santizo, Eva Siomara Sosa, Paola Escobar y Aliss Morán. Es un lugar oscuro, frío e indigno.

Virginia Laparra lo recuerda así: “Nunca había sentido tanto frío en mi vida. Hacía muchísimo frío. Ahí estaban ellas. Los del Sistema Penitenciario habían dado órdenes expresas de que nos pusieran juntas. Era una jaula donde no cabe ni la menor duda, donde no hay lugar ni para pararse ni para pensar”.

Flor Gálvez, quien, junto a Claudia González, fueron abogadas defensoras de sus compañeras recuerda esa celda porque estuvo ahí cuando llevaron a Leily Santizo y Siomara Sosa. “Era un pequeño cuarto, muy frío, donde no había luz durante el día. También llevaron a Virginia a ese lugar y ahí estaban las cinco en la misma celda. Para Claudia y para mí fue muy impactante verlas ahí a las cinco”, cuenta.

Claudia González y Flor Gálvez, ambas perseguidas, no dudaron en tomar la defensa de otras mujeres, como Leily Santizo o Siomara Sosa, cuando estas cayeron presas. Gálvez, hoy en el exilio, describe la detención de Santizo como el inicio de la persecución. Su recuerdo de aquellos días es vívido.

La abogada Gálvez estaba en su trabajo, en una ONG en la ciudad de Guatemala, cuando se enteró de que habían detenido a Santizo. Corrió a la Torre de Tribunales a esperarla. “La esperé desde que entró, que es un área donde bajan con todas las personas detenidas. Hay una foto que siempre guardo que es cuando yo la recibí, la abracé y me puse a llorar, porque fue un momento muy impactante para mí, porque se materializó todo lo que nos venían diciendo desde hace años. Además, no sabíamos cuál era el motivo de la detención, porque no nos querían dar información, tanto el Ministerio Público como en el juzgado no nos decían nada. Después, veo llegar al señor (Ricardo) Méndez Ruiz y al señor (Raúl) Falla (de la Fundación contra el Terrorismo) al juzgado, entonces yo dije: algo está pasando. Y, aun así, no entendíamos... bueno, yo no lo entendía”. 

“Mi compañera (Santizo) y su familia estaban muy mal. Las autoridades decidieron enviarla a Mariscal Zavala (la cárcel de máxima seguridad de Guatemala, ubicada en un recinto militar y en la que guardan prisión algunos de los narcotraficantes y corruptos a los que estas mujeres persiguieron. La misma dónde guardó prisión el exdirector de elPeriódico, Jose Rubén Zamora), pese a que sabían que en ninguna cárcel íbamos a estar seguras. En ese proceso de defensa, mi compañera Claudia González y yo, vimos que sí había un proceso de hostigamiento y estigmatización muy fuerte y a la vez se dio la persecución contra Eva Siomara Sosa quien también fue fiscal de la FECI”, cuenta Gálvez.

Algunas de las extrabajadoras de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), al ver el panorama y cómo la persecución apuntaba hacia ellas, una de ellas fue Eva Siomara Sosa, quien se presentó a Torre de Tribunales, pero a pesar de ello fue ignorada y nadie le atendía. 

Sosa se siguió presentando en Torre de Tribunales. Llegó del 10 al 15 de febrero de 2022, que fue cuando inició la audiencia de primera declaración. González y Gálvez, al ver todo aquello, quedaron convencidas de que toda la persecución que iniciaba contra las operadoras de justicia era una venganza. 

“Nosotras empezamos a ver el tema de la estigmatización que querían hacer y que efectivamente era una venganza hacia las personas que trabajamos en CICIG y en FECI, sobre todo el mensaje de odio hacia las mujeres porque empezaban a burlarse del aspecto físico o nos ponían apodos. También vimos que era una situación de hostigamiento y de estigmatización porque hacían comentarios en Twitter burlándose, diciéndoles adjetivos peyorativos en contra de ellas y también de nosotras (sus compañeras y defensa). Se dijo tanto en Twitter (red social renombrada X desde que fue adquirida por Elon Musk, magnate que comparte teorías conspirativas cercanas a la extrema derecha) y también en otras redes sociales, lo que sirvió de caja de resonancia para que todos los netcenters y todos esos bots empezaran a generar una ola de acoso en contra de nosotras”, dice Gálvez.

Una de las cuentas más activas de X en esta venganza ha sido la de Méndez Ruiz, el operador político de ultraderecha que ha abanderado la venganza judicial de funcionarios y empresarios ligados al Pacto de Corruptos y a crímenes de lesa humanidad. Méndez Ruiz es, de hecho, un personaje clave en esta historia: es director de la Fundación contra el Terrorismo, la organización paralegal que ha ayudado al Ministerio Público de Consuelo Porras a montar casos espurios contra las operadoras de justicia. Hijo del militar Ricardo Méndez Ruiz, exministro de Gobernación en tiempo de Efraín Ríos Montt (1982-1983), Méndez fue investigado por la CICIG, por posibles nexos con el tráfico de metanfetaminas. Además, figura en la Lista Engel de actores corruptos y antidemocráticos de Estados Unidos. Él, en representación de su fundación, ha presentado varias denuncias en contra de extrabajadores de la CICIG. 

La venganza de los machos

La espiral de corrupción y persecución penal y política en Guatemala había empezado antes de los arrestos de Leily Santizo, Virginia Laparra y otras. El acoso a las operadoras inició incluso poco después de que, en mayo de 2018, el entonces presidente Jimmy Morales nombró a Porras como fiscal general, según recuerdan algunas de las perseguidas.

Pero no fue hasta mediados de 2021, cuando ya era presidente del país Alejandro Giammattei, que la persecución judicial contra operadores de justicia, hombres y mujeres arreció y dio los primeros pasos para convertirse en una especie de política de Estado dirigida a quienes, con el apoyo de CICIG, habían desbaratado redes de empresarios corruptos, de funcionarios ladrones y de mafias que trabajaban de la mano con narcotraficantes. 

La ofensiva apuntó primero a algunas de las cabezas que habían dirigido aquel esfuerzo de limpiar el Estado guatemalteco de corrupción, entre ellas Claudia Paz y Thelma Aldana, las dos exfiscales generales. Aldana había abandonado Guatemala en 2019, tras al menos cinco intentos de atentado contra su vida. Paz y Paz había salido mucho antes, después de ayudar a sentar en el banquillo de la justicia a militares acusados de genocidio y crímenes de guerra.

En julio de 2021, Porras y sus aliados, entre ellos la Fundación contra el Terrorismo y jueces obedientes al Pacto de Corruptos, la emprendieron contra Juan Francisco Sandoval, el jefe fiscal que había liderado hasta entonces la FECI, la oficina desde la que se habían investigado y litigado varios de los casos anticorrupción más relevantes en la historia judicial de Guatemala. Fueron dos investigaciones a Giammattei, el entonces presidente, las que dinamitaron el puesto y seguridad de Sandoval, pero la mecha se había encendido antes, cuando el expresidente Morales expulsó a la CICIG y la comunidad internacional, que hasta entonces había servido de apoyo político y económico a los esfuerzos antimafias, fue incapaz de proteger a las personas guatemaltecas que habían expuesto a los corruptos.

Muy pronto, la persecución se enfocó en las mujeres. El patrón fue muy parecido: los hombres que dirigieron o participaron en la persecución, desde Méndez Ruiz a Falla Ovalle o jueces como Jimi Bremer y Víctor Cruz, no se guardaron ataques, humillaciones y violencia machista durante los arrestos, audiencias judiciales y días de encarcelamiento. 

Dice Virginia Laparra: “En todas las audiencias (judiciales) que tuve a lo largo del tiempo que estuve en prisión, pude percibir el odio que nos tienen a las mujeres. Y eso fue evidente en muchas ocasiones. Mi abogada estuvo presa, otra de mis abogadas fue expulsada de la sala de audiencia por el hecho de ser mujer y por ser indígena. Es excesivo el odio que tienen contra las mujeres”.

La violencia machista ha incluido ataques verbales y amenazas en los tribunales, donde los hombres que ejercen el poder no han dudado en utilizarlo de forma arbitraria para amedrentar a las mujeres. La abogada Claudia González recuerda, por ejemplo, los exabruptos del juez Bremer, uno de los juzgadores preferidos del Pacto de Corruptos que ya fue sancionado por el Departamento de Estado de Estados Unidos.

“¿Sabes qué me dijo en la audiencia? Me dijo: usted podrá ser una abogada muy exitosa, me lleva más años de experiencia, pero el juez aquí soy yo y usted se va presa… ¿Qué argumento es ese? ¿Qué explicación puedo dar más que esta es una venganza? Este es un castigo y tiene varios mensajes: este es un castigo por investigar esto. Tú eres un ejemplo para todos, para que no lo vuelvan a hacer”, dice González.

La persecución también ha incluido actos de tortura, como la tortura psicológica y física que implica mantener a las mujeres recluidas durante 23 horas en celdas oscuras y sacarlas a recibir el sol, momento que era aprovechado para fotografiarlas. Esas fotos aparecían luego publicadas en cuentas de redes sociales apócrifas que eran retomadas en publicaciones de otros, como los voceros de la Fundación contra el Terrorismo. La abogada Leily Santizo hizo denuncias tras recibir acoso de este tipo, pero sus reclamos no fueron siquiera escuchados por el MP.

Varias de las perseguidas, de hecho, pusieron denuncias ante la justicia tras agresiones verbales que sufrieron en audiencias o mientras estuvieron detenidas, casi siempre de hombres, jueces, guardias o los querellantes de la Fundación contra el Terrorismo. Ninguna de esas denuncias prosperó.

Virginia Laparra también recuerda los ataques verbales y el empoderamiento de algunos de los hombres que la persiguieron, como Méndez Ruiz, el director de la Fundación contra el Terrorismo. En una de tantas audiencias, Méndez, quien solía acudir a los tribunales para estar presente en los procedimientos judiciales contra las mujeres, se le acercó para decirle: “A usted le pasa lo que le pasa por ser de izquierda. Yo soy de extrema derecha… Usted está sufriendo lo que yo sufrí”. “El rencor, el resentimiento”, eran evidentes, dice Laparra. En una ocasión, Méndez Ruiz entró gritando a una audiencia a pesar de que él, directamente, no era parte de la querella, y lo hizo con la anuencia de las autoridades del tribunal.

Desde su exilio en Washington D. C., la exfiscal Thelma Aldana comparte su visión sobre la misoginia presente en la persecución a las guatemaltecas que desafiaron al llamado Pacto de Corruptos.

“Es una estrategia perversa de criminalización a hombres y mujeres, pero que tiene un agravante en el caso de nosotras, que conlleva violencia de género. Nos hemos llevado la peor parte por habernos atrevido a ver a los ojos al sistema corrupto y patriarcal”, dice Aldana.

Con este reportaje Ruda y Prensa Comunitaria presentan un especial sobre la violencia y persecución misógina emprendida por los actores del Pacto de Corruptos en Guatemala contra las mujeres que los expusieron.