Paro Nacional: una serie de eventos extraordinarios

Arte de Rosario Lucas

Por Javier Urízar*

El pasado 14 de enero se cumplió un año de los 106 días de la movilización social que inicio el 2 de octubre de 2023, cuando diversas autoridades indígenas[1] de todo el país se declararon en “Paro Nacional Indefinido”, tomando vías de tránsito y cerrando comercios a nivel nacional, en protesta ante la permanencia en el cargo de la fiscal general Consuelo Porras, el fiscal Rafael Curruchiche y el juez Fredy Orellana, “quienes con sus acciones arbitrarias están atentando en contra de la democracia y autonomía de nuestro pueblo y orden constitucional”.[2]

Como es bien sabido, las acciones de estos tres actores, entre otros, pretendían impedir que el presidente electo, Bernardo Arévalo, así como su partido político, Movimiento Semilla, pudieran tomar posesión, después de haber ganado sorpresivamente las elecciones generales.

La mejor forma en que pude resumir este turbulento período es con la frase “una serie de eventos extraordinarios”, pues, desde las elecciones hasta la toma de posesión, pasaron muchas cosas por primera vez en la historia. Recapitulemos.

Las elecciones

En enero de 2023 se da la convocatoria a las elecciones, con poca esperanza de un cambio real, pues el entonces presidente Alejandro Giammattei había logrado cooptar prácticamente todas las instituciones y destruir la separación de poderes. La presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Blanca Alfaro, había denunciado ante la embajada de Estados Unidos que, desde finales de 2021, los magistrados del tribunal electoral habían recibido sobornos por parte de Miguel Martínez, pareja sentimental de Giammattei, en un intento de controlar al TSE previo a las elecciones.

Giammattei y Martínez, con el apoyo de más de 200 alcaldes, impulsaban la candidatura de Manuel Conde, y, de forma menos activa, las de Zury Ríos y Sandra Torres, perpetuas candidatas presidenciales.

Ajeno al oficialismo (al menos en su discurso) ganaba popularidad el centrista Edmond Mulet, los conservadores Carlos Pineda y Roberto Arzú, y los progresistas Thelma Cabrera y Manuel Villacorta. Con 22 binomios de candidatura, esta era la elección con la segunda mayor cantidad de candidatos presidenciales en la historia. El partido Semilla y su candidato Bernardo Arévalo oscilaban en un distante octavo lugar.

El oficialismo decidió ahorrarse riesgos y decidió excluir de la contienda a los candidatos “peligrosos”. Con argumentos espurios, ilegítimos y un TSE obediente, Pineda, Arzú y Cabrera fueron excluidos de la contienda.

Las votaciones tendrían lugar el 25 de junio de 2023, pero el resultado parecía ya decidido: Zury Ríos lideraba todas las encuestas, seguida de Torres, Conde y Mulet. Los dos candidatos progresistas y “antisistema”, Villacorta y Arévalo, no eran una amenaza real, y, en todo caso, se dividirían los votos de la misma base, asegurando que ninguno de los dos avanzaría.

Aquí, la primera sorpresa. Un día antes de las elecciones, Villacorta publica un video apoyando a Álvaro Arzú, diputado por herencia que personifica la “vieja política” de la que pregonaba distanciarse. Este endorsement le costó el voto urbano, progresista y antisistema, quienes se inclinaron por otro candidato.

La segunda sorpresa se da el día de las elecciones, cuando se reporta que los ganadores de la primera vuelta fueron Sandra Torres (15.97% de los votos) y Bernardo Arévalo (11.74% de los votos). Contrario a las expectativas, fueron los candidatos del oficialismo quienes se quitaron votos entre sí, y los progresistas recogieron a los indecisos. Arévalo obtuvo 4 veces más votos que los previstos por las encuestas (que le asignaban un máximo de 3%).

Estas figuras superaron las de cualquier otra elección en Latinoamérica desde 2015: el mayor porcentaje de votos nulos / en blanco (24%) y el mayor aumento de votantes previstos a reales para un candidato presidencial.[3] La segunda vuelta sería contra Sandra Torres.

“Fraude”

No habían siquiera terminado de publicarse los resultados cuando los candidatos perdedores (así como sus seguidores) estaban alegando fraude electoral. Estas elecciones fueron las más vigiladas en la historia reciente de Guatemala, con la participación de múltiples observadores electorales nacionales e internacionales, y ninguno hizo eco de esta denuncia. Además, en uno de los muchos actos de defensa ciudadana de la democracia que se darían, los ciudadanos que participaron en las mesas electorales empezaron a publicar en redes las actas de conteo de votos de sus mesas, dando legitimidad a los resultados.

Esto no detendría al oficialismo que buscaba revertir su derrota; en este momento se da uno de los muchos sucesos inéditos de este proceso tan particular: por primera vez en la historia, la Corte de Constitucionalidad (CC) ordena (de forma completamente ilegal, claro) que se volvieran a contar las actas electorales. A pesar de intentos por el oficialismo de que se anularan las elecciones, el resultado no cambió, la segunda vuelta sería entre Torres y Arévalo.

El 12 de julio de 2023, horas antes de que el TSE oficializara los resultados, otro suceso inédito: un juez de Primera Instancia Penal (el segundo puesto más bajo en la jerarquía judicial), Fredy Raúl Orellana Letona, emite tres órdenes ilegales: la suspensión del partido Movimiento Semilla, la prohibición de que se adjudiquen cargos a sus candidatos electos (diputados y alcaldes) y la negativa a participar en la segunda vuelta electoral.

Más “primeras veces”: Por primera vez, se suspende un partido político durante las elecciones: por primera vez, el Ministerio Público (MP) allana las sedes del TSE y se lleva documentos electorales originales; por primera vez, un órgano de Estado (el TSE) le pide a la CC protección por los ataques de otro órgano de Estado (el MP).

La CC pone pausa, pero no fin a la crisis: no anula la resolución de Orellana, pero ordena que la segunda vuelta se lleve a cabo.

La segunda vuelta

La segunda vuelta fue como ninguna otra.

La Guatemala profundamente conservadora solo tenía dos candidatos a la Presidencia: ambos ajenos al conservadurismo. El sistema tuvo que aliarse con la candidata que les prometía perpetuarlo; la misma candidata que por doce años había sido acusada de “comunista” e “izquierdista radical”.

Por primera vez, los representantes del conservadurismo guatemalteco, incluyendo el más radical, hicieron un llamado a votar por Sandra Torres. Fue contundente la imagen de la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (AVEMILGUA) detrás de Torres, quien semanas atrás habían acusado de ser “guerrillera”.

A pesar de que las campañas de desinformación han sido perennes en Guatemala, el nivel y la naturaleza de estas fue inédito en estas elecciones: por todo el país (principalmente en la capital) aparecía todo tipo de propaganda en contra de Arévalo. En un aparente intento de mitigar la culpa de los votantes históricamente opuestos a Torres, aparecía la campaña “No es por Sandra, es por Guatemala”. También se publicaban propuestas polémicas e impopulares (como la legalización de las drogas) que supuestamente se atribuían a Arévalo.

Los embates del MP continuaron, cada vez más violentos y burdos, pero, irónicamente, tuvieron el efecto contrario: mucha gente votó por Arévalo únicamente por la persecución que estaba sufriendo (recuerdo a quien me dijo “No creo en Semilla, pero es tan descarado lo que están haciendo que me prueba que no es más de lo mismo”).

Arévalo ganó la segunda vuelta con un cómodo margen y se dio otro suceso inédito: sin convocatoria, planificación, ni presentación “oficial”, la ciudadanía salió a las calles a celebrar su victoria.

Cuatro días después de la segunda vuelta, otro suceso inédito: por primera vez en la historia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a candidatos electos en Guatemala, ante la amenaza de dos planes de asesinato contra Arévalo y su vicepresidenciable, Karin Herrera. El MP negó su responsabilidad.

El MP continuó e intensificó su persecución. Dieron la vuelta al mundo las imágenes de sus fiscales y de su propia fuerza pública (un grupo paramilitar creado meses antes de las elecciones) allanando las sedes electorales y llevándose las papeletas, pasando por encima (literal y figurativamente) de los magistrados del TSE.

Por primera vez en la era democrática, el TSE perdía custodia del documento “sagrado” de las elecciones: los votos. El TSE publica un video similar al que hacían los presidentes en tiempos de guerra: llama a la población a defender la democracia.

La defensa de la democracia

La comunidad internacional se interesó por Guatemala como no lo hacía desde el conflicto armado interno: figuras públicas de todo tipo (políticos, artistas, figuras religiosas, etc…) de todo el espectro ideológico condenaban públicamente el intento de golpe de Estado. El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) sostuvo más de ocho reuniones sobre Guatemala y el secretario general, Luis Almagro, visitó más de tres veces el país.

La defensa ciudadana creció en frecuencia y cantidad: se recolectaron cientos de miles de firmas ciudadanas exigiendo la renuncia de los artífices del golpe (Porras, Curruchiche y Orellana), usuarios en redes sociales realizaron, de forma gratuita, análisis estadísticos, informáticos, políticos, legales y demás para defender los resultados; juristas destacados trabajaron pro bono para defender legalmente la voluntad popular. Por primera vez en la historia, un presidente electo presentó un amparo para garantizar su propia toma de posesión.

A pesar de ello, las altas cortes continuaban consintiendo el intento de golpe de Estado con silencio cómplice o con resoluciones absurdas y novedosas en su descarada ilegalidad.

El Paro Nacional

La salida ya no era institucional, y las manifestaciones dispersas e irregulares no estaban funcionando. La población guatemalteca estaba lista para luchar por su país, pero necesitaba organizarse, necesitaba liderazgo.

Ese liderazgo lo encontraron en las autoridades de distintos pueblos indígenas, quienes se aliaron y actuaron entre sí como una confederación, volviéndose “el eje moral y sociopolítico de toda la nación”,[4] algo similar no ocurría desde la invasión española en 1524.[5]

El Paro Nacional de octubre fue, de por sí, un evento único. Un suceso sociológico, histórico y político extraordinario, el cual requiere libros enteros para comprender. Parte de ello responde a distintos fenómenos sumamente particulares que diferenciaron esta movilización popular de todas las anteriores: se articularon grupos que se unían por primera vez en la historia,[6] incluyendo población mestiza que reconocía la autoridad y se sometía a las órdenes de las autoridades indígenas.

Este fue el primer movimiento exitoso entre lo urbano y lo rural, con mercados cantonales, barrios proletarios, mestizos de clase media y pueblos indígenas luchando lado a lado.[7] A diferencia de manifestaciones en 2015 (y de 1821, 1920, 1944, 1954 y 1962), la capital no fue el lugar político decisivo, sino que lo fueron los territorios del país, de donde surgió la resistencia.[8]

También fue la manifestación más intensa y más insubordinada:[9] en términos de personas involucradas, esta fue la movilización más grande en la historia de Guatemala. No se limitó a los días sábados ni a cantos en la plaza, fue disruptiva e incómoda para el poder: con cortes de ruta estratégicos (dejando pasar servicios esenciales, pero bloqueando mercaderías de los financistas del golpe), técnicas para defenderse de la represión policial y acciones para incomodar a los golpistas. Fue una verdadera rebelión, comparable con sólo 3 en la historia de Guatemala.[10]

El Paro Nacional despertó un fervor patrio sumamente especial. Se dieron hermosas muestras de solidaridad y apoyo que inspiraron y sostuvieron a la resistencia. La ciudadanía donó su tiempo, recursos y habilidades para apoyar la lucha. Frente al MP se habilitaron cocinas, una clínica médica, servicios sanitarios, áreas de descanso y espacios de recreación. Los miles de donaciones recibidas eran organizadas y administradas en una suerte de centro de acopio.

Además, las manifestaciones no sólo implicaron ocupar las calles, sino también una reapropiación de ellas: se volvieron espacios comunitarios, de recreación, de reforzamiento de un tejido comunal. Personas que no se sentían seguras de siquiera transitar en las calles durante la noche estaban jugando en ellas, sin temor. En el MP y en todo el país, las calles se volvieron salones de danza, pintura y karaoke, espacios para conciertos, clases y actos circenses. El tráfico fue reemplazado por chamuscas, piñatas y concursos.

Evidentemente, el apoyo al Paro Nacional no fue unánime. Había quienes criticaban el impacto en las clases económicas más bajas, quienes dependen de la economía “informal” y demás personas que no podían costearse un día sin trabajar.

Lo curioso fue que el paro fue mantenido principalmente por quienes eran usados como símbolos de daño colateral. Taxistas, mercaderes, pilotos, vendedores, apoyaron directa o indirectamente el paro. Conductores bloqueados ofrecían pasos de baile a cambio de poder pasar. La opinión mayoritaria fue clara: el verdadero bloqueo venía del gobierno.[11]

Existía un temor legítimo a que la respuesta policial se volviera violenta. Un presidente que había sido partícipe en ejecuciones extrajudiciales y que frecuentemente había recurrido a la violencia, sumado a un contexto de antecedentes similares recientes en Perú, y la falta de independencia del Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y las Cortes (la CC llegando a insinuar que algunos manifestantes podían ser criminales de guerra) hacían pensar que sólo era cuestión de tiempo para que la brutalidad policial apareciera.

Y aquí se dio otro suceso extraordinario: por su gran mayoría, la violencia no se hizo presente; fue reemplazada por diálogo, negociación y consenso.

El Paro Nacional duró 106 días: del 2 de octubre de 2023 al 14 de enero del 2024, el día de la toma de posesión de Bernardo Arévalo y Karin Herrera.

El Congreso se une al golpe

Como un último intento en dar el golpe, el Congreso de la República levantó la inmunidad de los magistrados del TSE, como represalia y para excluirlos del Tribunal, tomando su lugar otros que estarían dispuestos a anular las elecciones. Los diputados realizaron un trámite inédito del antejuicio, extraordinariamente rápido e irregular.

Para Estados Unidos, esta fue la gota que derramó el vaso. Pocos días después, anunció que, como sanción por sus acciones corruptas y antidemocráticas, tendrían vedado el ingreso a su país los 108 diputados que votaron a favor de levantar el antejuicio, así como otras 200 personas, incluyendo, por primera vez, empresarios guatemaltecos.

Esto generó pánico en la Corte de Constitucionalidad, que tan sólo 3 días después de dicho anuncio otorgó un amparo ordenando la transición de poder, por primera vez mencionando que debían ser Bernardo Arévalo y Karin Herrera quienes habrían de asumir. Sólo una vez antes, en 1993, la CC había intervenido directamente para detener un intento de golpe de Estado.

A pesar de ello, el 14 de enero diputados del Congreso de la República mantenían negociaciones para nombrar a una Junta Directiva afín al oficialismo, la cual se negaría a dar posesión a Arévalo. Esto llevó a que múltiples dignatarios que habían atendido la toma de posesión se retiraran, pues esta se atrasó por horas. A su vez, otros dignatarios, liderados por el presidente Gustavo Petro de Colombia, realizaron una inédita declaración conjunta exigiendo la transición.

Por primera vez, la toma de posesión presidencial se dio el 15 de enero. En la Plaza de la Constitución, las personas celebraban. Arévalo fue al frente del MP para agradecer a las autoridades indígenas por sus 106 días de resistencia. Oficialmente se dio fin al Paro Nacional.

La suma de factores que dieron lugar a la presidencia de Bernardo Arévalo fue extraordinaria. La Presidencia de alguien verdaderamente ajeno al sistema era inconcebible en 2022, especialmente considerando lo cerca que estaba Guatemala de caer en el autoritarismo. Una mezcla de imprevistos, suerte y, principalmente, compromiso ciudadano con la democracia lo tienen hoy en la silla presidencial.

Ello presentaba una oportunidad excepcional, de demostrar a la ciudadanía que su voto importa, que la política puede ser digna, y que un gobierno puede brindar resultados sin caer en el autoritarismo. La defensa de la democracia no fue a favor de Arévalo ni de Semilla, fue en contra de la corrupción, movido, entre otras cosas, por una esperanza de que las cosas pueden ser mejores.

Un año después

Ha pasado un año desde la toma de posesión y las cosas han cambiado; o, más bien, no lo han hecho lo suficiente. La gente ha empezado a perder la esperanza en el gobierno de Bernardo Arévalo.

El Ministerio de Gobernación (Mingob) continúa ejecutando violentamente los desalojos contra las comunidades indígenas, los exiliados no ven cercano su regreso, Consuelo Porras, Orellana y Curruchiche continúan criminalizando inocentes.

No todo esto se puede atribuir a Arévalo y su equipo. Los esfuerzos por sabotearles y removerlos del poder continúan latentes, liderados por la Corte de Constitucionalidad y un sector privado tradicional que juega a ambos bandos. La bancada Semilla (“independiente” por una aberrante resolución de la CC) está acorralada en el Congreso de la República, enfrentándose a diputados que negocian con caletas y amenazas. Las demás bancadas aprovechan su facultad de citaciones para hacerle difícil la vida a los miembros del Ejecutivo, y así extraer de ellos concesiones. Detrás de cámaras, el antiguo oficialismo y el llamado “Pacto de Corruptos” continúan con campañas de desprestigio y sabotaje.

Pero hay otra parte que sí puede atribuírsele al actual Ejecutivo. Su pasividad e inacción de cara a sus opositores. En lugar de recriminar a los financistas del golpe, se codea con ellos, como si hubiesen sido estos quienes lo pusieron en el poder, y no el ciudadano común.

En un presunto intento de mantener neutralidad, diplomacia y respeto democrático, Arévalo se ha abstenido de ejercer el poder que le confirió el pueblo. Bajo el discurso de imparcialidad, deja a su equipo y al pueblo a la suerte de una institucionalidad completamente corrompida, empeñada en hacerles el mayor daño posible.

El pueblo no percibe un cambio significativo, y la decepción y frustración aumentan. Hay quienes ya hablan de que “es más de lo mismo”.

El período de Arévalo no ha terminado, apenas va por su primer año. Tiene una responsabilidad enorme con el pueblo que lo puso en el poder, y oportunidad única de cambiar el rumbo del país. Debe aprovecharla.

*Javier Urízar es un abogado de derechos humanos graduado de la Universidad Rafael Landívar. Actualmente trabaja en la ONG “International Service for Human Rights”, con sede en Ginebra, Suiza. En 2023 realizó una visita de derechos humanos a Palestina.

[1] 48 Cantones de Totonicapán, Municipalidad Indígena de Sololá, Parlamento del Pueblo Xinka, Comunidades Indígenas Aliadas de Chichicastenango, Municipalidad Indígena de Santa Lucía Utatlán, Movimiento Social Q’eqchi’ Cobán, Alta Verapaz, Asociación Indígena de San Francisco el Alto, Junta Directiva de Alcaldes Comunales de las 14 Comunidades de San Cristóbal Totonicapán, el Concejo de Autoridades Ancestrales de los 7 municipios de Totonicapán y Alcaldía Indígena Ancestral Municipal Maya Ixil de Nebaj, Quiché

[2] https://www.ojoconmipisto.com/cronica-de-una-semana-de-manifestaciones-en-totonicapan/

[3] Manuel Meléndez-Sánchez y Lucas Perelló, “The June Guatemalan Election Was an Outlier in Latin America” en El Faro, 11 de julio de 2023. Disponible en: https://elfaro.net/en/202307/opinion/26925/the-june-guatemalan-election-was-an-outlier-in-latin-america

[4] Diego Vásquez Monterroso, “¿Una confederación indígena?: historia larga y las movilizaciones de 2023 como ensayo estatal”, disponible en: https://prensacomunitaria.org/2023/11/una-confederacion-indigena-historia-larga-y-las-movilizaciones-de-2023-como-ensayo-estatal/

[5] Jody García, ”Defendieron la democracia por 106 días, ahora los pueblos indígenas fiscalizarán a Arévalo”. Plaza Pública. 17 de enero de 2024. Disponible en: https://www.plazapublica.com.gt/cronica/cronica/defendieron-la-democracia-por-106-dias-ahora-los-pueblos-indigenas-fiscalizaran

[6] Diego Vásquez Monterroso, “¿Una confederación indígena?: historia larga y las movilizaciones de 2023 como ensayo estatal”, disponible en: https://prensacomunitaria.org/2023/11/una-confederacion-indigena-historia-larga-y-las-movilizaciones-de-2023-como-ensayo-estatal/

[7] Sergio Palencia Frener, “Cantón 49: los barrios rebeldes en ciudad de Guatemala, 2023”. Pag. 30

[8] Carlos Figueroa Ibarra, Dictadura de clase, dictadura delincuencial y rebelión en Guatemala” en: p.56

[9] Mariano González “2015-2023: crisis política y movilizaciones”, en: pág. 83

[10] https://prensacomunitaria.org/2023/10/historia-sincronica-el-paro-nacional-desde-la-historia-de-larga-duracion/

[11] Sergio Palencia Frener, “Cantón 49: los barrios rebeldes en ciudad de Guatemala, 2023”. Pág. 34.