Los rostros resilientes de La Puya y el territorio Xinka del nororiente de Guatemala
La defensa del territorio trasciende la protección del espacio físico: implica también la defensa del pensamiento propio, de las prácticas ancestrales, de la identidad, de las relaciones comunitarias y de las memorias históricas que sostienen la vida en común.
Por Prensa Comunitaria
El 2 de marzo de 2025 se cumplieron trece años desde que las comunidades de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc decidieron apostarse, día tras día, frente a los portones del proyecto minero Progreso VII Derivada.
Altar ceremonial Xinka como ofrenda espiritual a Tiwix. Fotografía: Derik Mazariegos
Ese lugar, conocido como La Puya, no fue elegido al azar. El territorio que rodea esa carretera estrecha, sembrada de árboles delgados y montañas erosionadas, forma parte de un corredor histórico ignorado por los relatos oficiales: La Montaña, un enclave geográfico-cultural de fuerte presencia xinka, invisibilizada desde los tiempos coloniales y sistemáticamente negada durante los siglos XIX y XX.
https://prensacomunitaria.org/2025/03/a-13-anos-de-resistencia-contra-la-mineria-la-puya-reafirma-su-compromiso-en-defensa-del-territorio/
Un estudio publicado por el colectivo Chiviricuarta en 2025 recuerda que La Montaña —que incluye Palencia, San Pedro Ayampuc, San José del Golfo y San Antonio La Paz— fue durante siglos un corredor de intercambio entre pueblos xinka y mayas. Antes de que se impusieran las fronteras municipales y catastrales, esta región era un territorio compartido de comercio, agricultura y conocimiento. Allí están los vestigios de talleres de obsidiana en El Chayal (Palencia), y topónimos como Ayampuc, Sanguayabá o Sansur, que conservan raíces del idioma xinka.
Portada de la investigación “Minería, Deforestación, Basura y Organización: Percepciones comunitarias de San José del Golfo, San Pedro Ayampuc, Palencia y San Antonio La Paz”, elaborada por el Colectivo Chiviricuarta.
Territorio Xinka, objetivo minero
En este mismo territorio, desde los años noventa, empresas como Radius Explorations, Geominas S.A. y más recientemente Kappes, Cassiday & Associates (KCA), a través de su subsidiaria guatemalteca EXMINGUA, comenzaron a solicitar licencias de exploración y explotación minera. En sus expedientes hablaban del “cinturón de oro de El Tambor”, una zona estratégica sobre la falla del Motagua, rica en metales. Así lo documenta el Observatorio de Industrias Extractivas (OIE) en su informe de marzo de 2025.
En 2011, el Ministerio de Energía y Minas otorgó a EXMINGUA la licencia Progreso VII Derivada para la extracción de oro y plata, sin que se realizara consulta previa, libre e informada a las comunidades indígenas de la zona. Fue esa violación la que dio origen a la resistencia pacífica de La Puya: un plantón permanente y sostenido, protagonizado principalmente por mujeres, campesinos y jóvenes. Durante años, enfrentaron amenazas, criminalización y ataques como el que sufrió la lideresa Yolanda Oquelí en 2012.
Mapa elaborado por el Observatorio de Industrias Extractivas que representa las solicitudes de licencias de exploración minera en la región norte de Guatemala, clasificadas por empresa operadora.
José Ángel, dirigente Xinka originario de la aldea La Choleña, fue uno de quienes se sumaron desde el inicio, “Me integré a la resistencia a partir de una primera reunión que coordinaron algunos vecinos. Ahí me enteré de lo que estaba ocurriendo y decidí unirme”, recuerda.
A José le preocupaba el impacto ambiental de la minería de oro, pero también la forma en que operaba la empresa. “Desde el inicio hubo intimidación. En mi caso, fui seguido dos veces al viajar a la capital. Sabía que era un intento deliberado de asustar a quienes participábamos”.
Ante esos riesgos, se adoptaron medidas colectivas de protección. “En el plantón no nos presentamos como líderes, sino como integrantes de la comunidad. Y cuando nos sentíamos bajo vigilancia, nos comunicábamos con compañeros que llegaban a brindar apoyo”, relata.
Don Ángel recuerda que una de las acciones más significativas fue la presentación de un amparo legal “La empresa ya operaba sin licencia y decía tener respaldo, pero nunca tuvo el consentimiento de la población.”
Para José Ángel, uno de los logros más importantes ha sido mantener la suspensión del proyecto durante ocho años. “De no haber sido así, el paisaje y la vida serían muy distintos ahora.”
La Corte Suprema de Justicia resolvió en 2016 que la licencia debía suspenderse por no haberse respetado el derecho a la consulta, conforme al Convenio 169 de la OIT. El fallo obliga al Estado guatemalteco a realizar dicho proceso de forma previa a cualquier decisión administrativa futura. A pesar de años de estancamiento, en 2025 comenzaron a registrarse avances sustantivos.
https://prensacomunitaria.org/2020/06/cc-emitio-sentencia-definitiva-a-favor-de-la-puya/
Conexiones que cruzan territorios
La resistencia también articuló solidaridades más allá del territorio inmediato. Lili, mujer Xinka residente de la zona 18 de la ciudad, conoció el plantón en 2012.
“Escuché en las noticias que había comenzado un plantón para resistir a un proyecto minero, y me llamó la atención. Poco después, un amigo me invitó a conocer la comunidad. Desde el principio me gustó mucho. Era una defensa auténtica de la vida, y lo que más me atrajo fue que se hacía de forma pacífica”.
Para ella, el impacto del proyecto no se limitaba al área rural; también reconocía las fuertes repercusiones que tendría en zonas urbanas de la capital, como la zona 18, la zona 6, la zona 25, entre otras.
“La ciudad está cerca. Si se instalaba la mina, iba a afectar el agua, que ya es escasa. Un proyecto así consumiría grandes cantidades y probablemente contaminaría lo poco que tenemos.”
Desde el inicio, las mujeres jugaron un rol central y también fueron blanco de ataques.
“Decían que venían aquí a prostituirse o a buscar hombres. Esa fue la primera gran batalla: que se reconociera su lucha como legítima.”
También enfrentaron criminalización y el reto constante de sostener una resistencia pacífica.
Lili describe: “muchas mujeres dividían su tiempo entre el trabajo, familia y plantón. Aprendimos en el camino. Ahora sabemos más sobre leyes, derechos, minería. Especialmente las mujeres hemos crecido mucho en este proceso”.
La consulta: exclusión, resistencia y reapropiación cultural
Desde 2021, una serie de reuniones convocadas por el Ministerio de Energía y Minas (MEM) documentan los primeros intentos por dar cumplimiento a la sentencia de la Corte.
Actas fechadas entre octubre de 2021 y noviembre de 2022 registran reuniones en hoteles de la ciudad capital, con participación de funcionarios del MEM, Ministerio de Cultura y Deportes (MICUDE), Ministerio de Ambiente (MARN), y representantes municipales.
Sin embargo, estas reuniones iniciales se desarrollaban sin participación directa de las autoridades indígenas y sin una metodología definida. Era una institucionalidad dialogando consigo misma.
Todo cambió en 2023, cuando las reuniones se trasladaron al territorio, específicamente a la Aldea San José Nacahuil. Las actas del MEM, empezando por la No. VDS-10-2023 del 30 de abril de ese año, documentan el inicio formal del proceso de acercamiento entre el Estado y las autoridades legítimas del pueblo Maya Kaqchikel y el pueblo Xinka, a través de la Alcaldía Indígena Nak’awil.
Desde entonces, los encuentros se han sucedido con frecuencia: junio, agosto, octubre y noviembre de 2023, y luego en febrero y marzo de 2025. Las actas reflejan una participación creciente y más estructurada de las comunidades, con listas claras de representantes por comunidad: El Guapinol, El Carrizal, La Choleña, Los Achiotes, entre otras. También se ha incorporado el acompañamiento de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), dando mayor legitimidad y resguardo al proceso.
Cronograma y acuerdos: del discurso a la práctica
En la reunión del 16 de marzo de 2025 (Acta VDS-2-2025), se establecieron acuerdos clave:
Se reconoció formalmente a los pueblos indígenas como sujetos colectivos de derecho.
Se reafirmó el compromiso del Estado de cumplir con lo ordenado por la Corte.
Se acordó un cronograma de trabajo y la conformación de mesas técnicas para la consulta.
Se reconoció la necesidad de garantizar la participación plena, incluyendo en el diseño metodológico.
Además, desde 2023 se ha abordado otro tema sensible: la forma de documentar las reuniones. A petición de la Alcaldía Indígena, se acordó que las actas serían acompañadas de registro audiovisual, pero con consentimiento explícito de las comunidades, en una apuesta por la transparencia y el respeto a sus formas de organización.
La resistencia a la minera continúa en los municipios de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc. Foto Colectivo Chiviricuarta
Durante estos años, varios actores han estado en escena. El MEM, a través de su Viceministerio de Desarrollo Sostenible, ha cambiado de rostro tres veces: de Oscar Rafael Pérez Ramírez (hasta 2023) a Edvin Danilo Mazariegos Can (inicios de 2024) y actualmente Luis Haroldo Pacheco Gutiérrez. Cada relevo ha implicado reacomodamientos y nuevos estilos de interlocución. (Al cierre de este reportaje, Pacheco, quien fue directivo de los 48 Cantones de Totonicapán, fue detenido por el Ministerio Público junto a Héctor Chaclán, por su papel en las manifestaciones de 2023 en defensa de la democracia).
Por parte de las comunidades, la Alcaldía Indígena Nak’awil ha actuado como portavoz principal, articulando las voces de diversos territorios. El discurso comunitario ha insistido en que la consulta no puede ser una formalidad técnica, sino un proceso vivo, legítimo y transformador, que devuelva al territorio su dignidad y autonomía.
Más allá de Progreso VII: las amenazas continúan
El informe del OIE detalla que, aunque la licencia Progreso VII fue suspendida, EXMINGUA continúa solicitando otras licencias como Santa Margarita, Carlos Antonio y La Laguna, todas dentro de la misma zona de La Montaña. En paralelo, la empresa KCA mantiene un arbitraje internacional contra el Estado, en el marco del tratado CAFTA-DR, argumentando pérdida de inversiones.
Esto coloca a las comunidades en una doble línea de defensa: contra la continuidad extractiva y contra la arquitectura legal que privilegia a las corporaciones por encima de los derechos colectivos.
La amenaza internacional: arbitraje y presiones desde el exterior
Mientras las comunidades organizan reuniones, acuerdan metodologías y debaten cómo ejercer sus derechos de forma colectiva, una sombra se cierne sobre el proceso de consulta: el arbitraje internacional impulsado por Kappes, Cassiday & Associates (KCA) contra el Estado de Guatemala.
Desde 2018, la empresa KCA, matriz de EXMINGUA, mantiene un litigio ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), alegando que la suspensión del proyecto Progreso VII Derivada constituye una violación de las protecciones que les otorga el tratado de libre comercio CAFTA-DR. Según la demanda, el Estado guatemalteco habría afectado “inversiones legítimas” al detener la operación de la mina tras la sentencia de la Corte Suprema que ordenó la consulta.
KCA exige una compensación millonaria que podría superar los 300 millones de dólares, según reportes de seguimiento del caso. Las contradicciones del proceso se evidencian: en el ámbito interno se reconoce la deuda histórica con los pueblos indígenas y se inicia un proceso de consulta, en el ámbito internacional se defiende la legitimidad de una licencia otorgada sin esa misma consulta.
Esta situación ha sido calificada por organizaciones como el Observatorio de Industrias Extractivas (OIE) como una forma de “doble estándar jurídico”, donde el Estado es presionado a compensar a una empresa por cumplir con estándares mínimos de derechos humanos. Además, el arbitraje no es un hecho aislado. Forma parte de una tendencia más amplia en América Latina, donde las empresas transnacionales usan mecanismos de protección a la inversión para frenar o castigar decisiones soberanas en favor de pueblos y territorios.
En las reuniones celebradas en San José Nacahuil entre 2023 y 2025, este tema ha surgido como una preocupación estratégica. Las comunidades lo entienden como una forma de chantaje: si Guatemala decide escuchar a sus pueblos, corre el riesgo de ser sancionada por tribunales económicos internacionales. Y, sin embargo, como han repetido en múltiples actas, “los derechos colectivos no pueden subordinarse a intereses privados”.
Jóvenes del colectivo Chiviricuarta entregan estudio sobre percepciones comunitaria sobre minería, deforestación, basura y organización. Foto colectivo
Como señala el Informe Especial No. 35 de El Observador, en el caso del proyecto minero El Tambor, “el sistema de arbitraje internacional es abusivo y lesivo para el país”, y revela una contradicción estructural: ¿cómo puede el Estado garantizar el derecho de los pueblos indígenas a decidir sobre su territorio, si al mismo tiempo está obligado por tratados que priorizan los intereses de la inversión extranjera?
Formación, memoria y diálogos culturales en territorio xinka
Desde la llegada del proyecto minero Progreso VII Derivada al territorio, las comunidades de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc han emprendido un proceso continuo de investigación, formación y resignificación de su identidad indígena.
Uno de los momentos más significativos fue el festival comunitario “Recuperando nuestra identidad y memoria histórica”, realizado en julio de 2024, donde la Resistencia Pacífica de La Puya impulsó un espacio cultural para reflexionar, desde el arte y la palabra, sobre la memoria ancestral como herramienta para la defensa del territorio. Este proceso ha contribuido a consolidar la idea de que resistir no solo es oponerse a un proyecto extractivo, sino también reafirmar una forma de habitar, sentir y narrar el territorio.
En esta línea se sitúa el estudio Percepciones comunitarias sobre minería, deforestación, basura y organización, realizado por el colectivo Chiviricuarta, que documenta experiencias en San José del Golfo, San Pedro Ayampuc, Palencia y San Antonio La Paz. El informe señala que la resistencia ha servido como catalizador de una identidad territorial más arraigada, tejida en la memoria de quienes fueron históricamente invisibilizados por los proyectos coloniales y republicanos.
Tata Chonito, junto a una lideresa comunitaria de Palencia, comparte saberes sobre las piezas de barro encontradas en el territorio.
La Montaña, históricamente considerada una periferia de la ciudad, ha sido, desde la rebelión campesina que derrocó a Mariano Gálvez en el siglo XIX hasta el plantón de La Puya, un escenario constante de resistencia. Como recoge la investigación del Colectivo Chiviricuarta: “la resistencia no es un símbolo, sino el peso cotidiano de la lucha: por el agua, por el bosque, por el derecho a habitar un territorio sin miedo”. Hoy, La Puya no solo defiende las montañas de una empresa extractiva sino afirma una existencia histórica que se resiste a ser borrada.
En esa lógica de recuperación activa de la memoria territorial, el 30 de marzo de 2025 concluyó un proceso formativo sobre la cultura, idioma, historia y elementos de la cosmovisión Xinka, que se extendió durante seis meses y fue impulsado por comunidades de San José del Golfo, San Pedro Ayampuc y Palencia. Este proceso, que se inició en septiembre de 2024, fue concebido como un espacio pedagógico de diálogo y fortalecimiento identitario, centrado en el reconocimiento de los derechos colectivos del pueblo Xinka.
Fue también el resultado de una alianza espontánea entre liderazgos de la Resistencia Pacífica de La Puya y jóvenes del colectivo Chiviricuarta en Palencia, quienes, desde distintas trayectorias, se encontraron en la búsqueda común por recuperar la historia, la memoria y la identidad de sus territorios.
En este proceso, las y los líderes de La Puya coincidieron con el colectivo, que de forma paralela e independiente ya se encontraba en diálogo con Tata Chonito, del Parlamento Xinka, en un esfuerzo por reconectar con las raíces culturales y espirituales de un territorio que, aunque vecino a La Puya, había permanecido en gran medida en silencio frente a las amenazas extractivas.
A pesar de que gran parte de la población de Palencia ha mantenido cierta distancia o desconocimiento sobre los impactos del extractivismo en su propio municipio, las juventudes están empezando a mirar con otros ojos su territorio, inspiradas por el ejemplo y la constancia de La Puya. Esta nueva sensibilidad ha comenzado a fortalecer los vínculos entre comunidades y generaciones en lo que históricamente ha sido conocido como el territorio de La Montaña.
Una joven participante del proceso y parte del Colectivo Chiviricuarta dijo: “La Resistencia Pacífica de La Puya es un ejemplo de lucha en el territorio, nos han inspirado a aprender más sobre nuestro territorio para poder defenderlo. Antes no sabíamos ni por dónde empezar, pero ahora sentimos que no estamos solos. Desde Palencia también podemos despertar”.
Los talleres formativos abordaron temas como el idioma xinka, la cosmovisión ancestral, el vínculo espiritual con el territorio, la historia del despojo y las formas propias de organización. Lejos de una recuperación pasiva del pasado, el proceso apostó por la reactivación viva de saberes que nutren la autonomía cultural y política de las comunidades.
El acompañamiento estuvo a cargo de Tata Chonito, integrante de la Comisión de Educación y Espiritualidad del Parlamento Xinka, quien facilitó las sesiones desde el pensamiento ancestral y las prácticas ceremoniales del pueblo.
https://prensacomunitaria.org/2024/07/don-chonito-un-bastion-de-la-cultura-xinka-que-lucha-contra-el-saqueo-a-la-naturaleza/
“La ceremonia que dirigió Tata Chonito no fue solo un acto simbólico. Para nosotros fue algo que nos fortaleció espiritualmente, nos hizo recordar lo que somos como pueblo y nos animó a seguir defendiendo el territorio. Nos dejó aprendizajes y nos unió más como comunidad”, compartieron líderes comunitarios de C
Imagen 8. Tata Chonito, junto a una lideresa comunitaria de Palencia, comparte saberes sobre las piezas de barro encontradas en el territorio.
Paralelamente, el proceso de consulta alrededor del proyecto minero ha comenzado a visibilizar formalmente la presencia histórica del pueblo Xinka en el territorio. Aunque las primeras actas institucionales del Ministerio de Energía y Minas (2021–2022) no los mencionaban, a partir de 2023 se registra su participación reiterada a través de representantes de comunidades como La Choleña, El Carrizal y Los Achiotes. Su incorporación formal se dio en reuniones realizadas en San José Nacahuil, y junto con el pueblo maya kaqchikel, han sido reconocidos como sujetos colectivos de derecho dentro del proceso.
Este reconocimiento marca un giro relevante: por primera vez, el Estado empieza a abrirse a otras memorias territoriales que habían sido negadas tanto en los registros censales como en los estudios de impacto ambiental. En un contexto donde la consulta no solo debe cumplir con estándares legales, sino también sanar omisiones históricas, la inclusión del pueblo Xinka representa un paso hacia una representación más justa y plural de la diversidad indígena en La Montaña, en el nororiente del departamento de Guatemala.
Así, “la defensa del territorio trasciende la protección del espacio físico: implica también la defensa del pensamiento propio, de las prácticas ancestrales, de las relaciones comunitarias y de las memorias históricas que sostienen la vida en común”, cita uno de los miembros del colectivo Chiviricuarta.
