Las mujeres a las que persigue el régimen de Nayib Bukele en El Salvador

Mientras unos policías empujaban a la abogada Ruth López, defensora de derechos humanos e investigadora anticorrupción, a la salida de una audiencia judicial, otros merodeaban en la casa de Ingrid Escobar, quien ha documentado las muertes en las cárceles del régimen salvadoreño.

Por Héctor Silva Ávalos

“Soy una presa política”. Después de haber estado retenida 17 días, mucho más de lo que permite la ley, la abogada Ruth López fue llevada a los tribunales de San Salvador por un nutrido grupo de policías cuya misión era alejarla de unos treinta periodistas que habían llegado a corroborar que la mujer estaba viva y con buena salud. Vestida con camiseta y pantaloneta blancos, como todos los presos en El Salvador, López pidió a gritos un juicio público y se describió como alguien que fue hecha prisionera por sus opiniones.

Ruth Eleonora López, de 47 años, es uno de los rostros más reconocidos de la sociedad civil salvadoreña. Jefa de la unidad anticorrupción de la organización Cristosal desde principios de la década. López ha coordinado investigaciones sobre el uso del software de espionaje Pegasus por parte de funcionarios salvadoreños para vigilar a periodistas, activistas y opositores, sobre la contaminación de aguas durante la construcción de una cárcel de máxima seguridad, y sobre corrupción atribuida al círculo íntimo del presidente Nayib Bukele durante la pandemia de covid-19.

La policía salvadoreña, controlada por Bukele, la llevó al centro judicial de San Salvador a enfrentar su audiencia inicial. Cuando la capturaron, el 18 de mayo pasado, la Fiscalía General de la República (FGR), también controlada por Bukele, anunció que la acusaba de peculado, es decir, de apropiarse de dineros públicos. Luego, poco antes de llevarla ante un juez, los fiscales cambiaron el delito por enriquecimiento ilícito, que de acuerdo con la legislación salvadoreña, deben de probar que López aumentó su patrimonio de forma indebida.

Pero será muy difícil para la prensa, para el público, aun para la misma acusada, saber todos los detalles de la acusación y cuáles son las supuestas pruebas que la FGR dice tener en su contra. Como lo ha hecho en otros casos de alto perfil que involucran a defensores de derechos humanos o a críticos del gobierno de Bukele, la fiscalía ha pedido reserva total del proceso, algo que la jueza a cargo concedió en el caso contra Ruth López. En otras palabras, a ella la van a juzgar en secreto.

Y ese fue uno de los reclamos que López tuvo que hacer, a gritos, durante los instantes en que recorrió uno de los pasillos del centro judicial arrastrada por policías que la apuraban para evitar demasiadas preguntas de los periodistas congregados ahí.

“Un juicio público quiero”, gritó Ruth López. “La gente merece saber… Soy inocente”, insistió.

Lo poco que se sabe respecto al caso fiscal es que, como lo ha hecho con otras personas, la FGR argumenta que López extrajo fondos públicos cuando fue empleada del Tribunal Supremo Electoral, donde trabajó en el equipo de uno de los magistrados. Extraoficialmente su supo que le reclaman el uso de unos $11,000 dólares en viáticos y otros gastos durante cinco años. Con la reserva total impuesta no es posible saber si eso es así y cuáles, de tenerlas, son las pruebas de los fiscales.

Más allá de las oficinas fiscales que dirige Rodolfo Delgado, el fiscal general impuesto por Bukele, organizaciones internacionales y los medios más prestigiosos del mundo entienden que Ruth López es, como ella misma lo dijo, una presa política; alguien a quien el régimen de Nayib Bukele arrestó por investigar al presidente y a su entorno y por denunciar públicamente sus hallazgos.

Cuatro expertas del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de Naciones Unidas exigieron el 30 de mayo al Estado salvadoreño que respete todas las salvaguardas legales y garantice el debido proceso en el caso de López.

Dos días después de su captura, 40 abogados de Centro y Suramérica firmaron un comunicado en el que exigieron la libertad de Ruth López y calificaron la captura de “acto ilegal y represivo… (que) no solo busca castigar su trabajo como abogada y defensora, sino también intimidar a quienes se atreven a alzar la voz frente a los abusos del poder”. Medios de comunicación en España, Estados Unidos y América Latina han reportado el arresto de López y lo han relacionado con el contexto de escalada en la represión ejercida por Bukele contra sus críticos.

Más represión: el operativo de “Chirriplín”

Los hechos ocurridos en El Salvador en los días previos y después del arresto de la abogada Ruth López parecen dar la razón a quienes entienden este proceso judicial como un caso político.

La detención de López ocurrió días después de que el periódico digital El Faro denunciara que habían sido advertidos de que el gobierno preparaba órdenes de arresto para siete de sus periodistas. Eso después de que el periódico publicó el testimonio de un miembro del Barrio 18 que compromete a Bukele y a sus funcionarios con un pacto pandillero. Varios periodistas de sus periodistas han tenido que salir de El Salvador y se han sumado a varios que ya estaban en el exilio por exponer casos de corrupción que implican al presidente.

Prensa Comunitaria recibió información de dos altos oficiales de la Policía Nacional Civil sobre operativos de localización y acoso a periodistas, críticos y defensores ordenadas por el régimen salvadoreño.

“Chirriplín”, oficial encargado de seguimiento a periodistas, defensores y opositores según confirmaron altos oficiales de la PNC de El Salvador.

La semana del 19 de mayo, después de la captura de López, varios exoficiales de la PNC se comunicaron por mensajería a través de la plataforma WhatsApp para hablar sobre posibles objetivos de la vigilancia, entre ellos personal de El Faro, del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA) y empleados de Cristosal y del Socorro Jurídico Humanitario (SJH), entre otros. “El objetivo es desarticular o quitarle el agua al pez”, dice en uno de los mensajes, del que Prensa Comunitaria tiene copia.

Uno de los oficiales consultados, quien habló con Prensa Comunitaria desde el anonimato para poder hacerlo libremente, aseguró que el responsable de los operativos de seguimiento es un oficial retirado de la PNC, un subcomisionado de nombre Carlos Roberto Hernández, conocido como “Chirriplín”. Otros dos oficiales en activo en la policía salvadoreña confirmaron esta información.

Chirriplín ganaba U$547 dólares en la PNC hasta mayo de 2020, según registros del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) a los que este medio ha tenido acceso. A partir de entonces fue designado como asesor en el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, con un sueldo de U$ 3,000 mensuales (unos 23,000 quetzales), bajo el mando del ministro Gustavo Villatoro, uno de los hombres más relevantes en el gabinete de seguridad del presidente Bukele.

Dueño de una hoja de vida escabrosa, incluido un arresto por supuesto tráfico ilegal de personas en julio de 2003, Chirriplín fue señalado de participar en 2023 en supuestas torturas a Alejandro Muyshondt, exasesor de seguridad nacional de Bukele a quien el presidente acusó de espionaje, fue arrestado por orden del fiscal general en agosto de 2023 y murió bajo custodia del Estado en febrero de 2024.

Acoso a directora de organización que reporta muertes carcelarias

Ingrid Adriana Escobar es directora del Socorro Jurídico Humanitario, una organización no gubernamental que ha seguido de cerca los abusos atribuidos al régimen de Bukele en las cárceles. El SJH lleva el registro más completo de muertes carcelarias desde que inició el régimen de excepción decretado por Bukele en marzo de 2022. Ese registro es ya una referencia en la prensa salvadoreña e internacional.

Al cierre de esta nota, este 5 de junio, el SJH registraba 417 muertes carcelarias en los 38 que dura el régimen de excepción. Esto es, aproximadamente una muerte cada tres días. La mayoría de los muertos, un 94%, no tenía antecedentes pandilleros según la información de SJH.

El miércoles 4 de junio, a las 9:31 de la noche, Escobar colgó en su cuenta X un video tomado por cámaras de seguridad que ha instalada en su casa. Las cámaras habían registrado a tres policías motorizados que llegan hasta el lugar, con las sirenas encendidas, y se retiran después de merodear un rato. La defensora acompañó la publicación con este texto, dirigido al subcomisionado Hernández, supuesto responsable de los operativos de seguimiento:

“Chirriplín: Seguís acosándome con tus policías pero en el lugar equivocado. Hace tiempo me tuve que desplazar de mi casa porque siguen haciendo este amedrentamiento… No sé qué pretenden con este hostigamiento. Yo no he cometido ningún delito…”.

Ingrid Escobar, directora del SJH, acosada por la policía de Bukele.

Escobar también tiene palabras para el presidente del país: “A vos cobarde Nayib Bukele, tolera la crítica y la denuncia que hacemos por los actos arbitrarios de la administración pública. Hago responsable de cualquier cosa que me pase a mí o mi familia…”.

Ingrid Escobar detalló, en una entrevista telefónica con Prensa Comunitaria, que la persecución inició hace un año. Al principio, cuenta, solo podía detectarla gracias al trabajo de voluntarios del SJH que habían servido antes como policías o en la fiscalía. No era una persecución visible. Eso ha cambiado en las últimas semanas: “Hoy ya no les importa que los vea… tienen la intención de generar miedo y paranoia”. Se trata de carros particulares, picops de doble cabina, que se estacionan cerca de donde ella está o la siguen.

“Es una política de la inteligencia (estatal) de acoso y amedrentamiento para que nos entré la paranoia y solitos nos vayamos (del país)”, asegura.

Prensa Comunitaria intentó comunicarse con las autoridades de seguridad pública de El Salvador para obtener comentarios pero no hubo respuesta.

A Ruth López e Ingrid Escobar se suma el caso de Ivania Cruz, otra abogada y quien también ha desafiado en público al régimen de Bukele por varios casos de persecución política. La FGR también ha acusado formalmente a Cruz por haber defendido a miembros de una comunidad desplazada. La abogada, quien tuvo que salir forzada de El Salvador, también trabajó en la defensa de Fidel Zavala, un hombre que denunció torturas y muertes en las cárceles salvadoreñas.