Caso Rancho Bejuco: sala confirma condena contra coronel y libertad para ocho militare
La Sala Segunda de Mayor Riesgo confirmó la sentencia dictada por el Tribunal de Mayor Riesgo “D”, en 2023, en la que se absolvió a ocho acusados por la masacre de 25 personas, en su mayoría niños y niñas, en el caserío Rancho Bejuco, en Baja Verapaz, durante el gobierno de facto de Efraín Ríos Montt en 1982.
Por Prensa Comunitaria
La Sala Segunda de Mayor Riesgo confirmó la sentencia dictada por el Tribunal de Mayor Riesgo “D” a favor ocho de nueve acusados por la masacre de 25 personas, en su mayoría niños y niñas, en el caserío Rancho Bejuco, en Baja Verapaz, durante el gobierno de facto de Efraín Ríos Montt en 1982. Además, mantiene la sentencia condenatoria de 20 años de cárcel dictada contra el coronel retirado Juan Ovalle Salazar, por delitos contra la humanidad.
El recurso legal que se analizó fue la apelación especial de la Asociación Bufete Jurídico Popular, María Natividad Alvarado y de la Fiscalía de Derechos Humanos, quienes alegaron que hubo una “errónea” aplicación de diferentes artículos, entre estos, lo relacionado a la obediencia debida. Sin embargo, fueron rechazados.
Con el fallo se mantiene la sentencia emitida en agosto de 2023, en la que se absolvió a las siguientes personas: Mario Elfidio Córdova, Santiago Cojón Galeano, Lázaro Alvarado De Paz, Carlos Sesán Cajbón, Lauro Garrido Córdova, Mario Garrido Córdova, Juan López Sic y Santos Cojón Galeano.
En la resolución figura un voto razonado de la magistrada Eva Recinos, quien consideró que se debía revocar la sentencia absolutoria, debido a que no se podía aplicar la “obediencia debida” como justificación para liberar de responsabilidad penal a los acusados. En el mismo hace ver que en los procesos de conflicto armado el Convenio de Viena es claro sobre ese aspecto, de los requisitos para establecer la obediencia debida y eso no se cumple en ese caso.
Una sentencia agridulce
En este caso, el juez presidente del Tribunal, Walter Eugenio Mazariegos Culpatan, explicó que únicamente se pudo acreditar la culpabilidad del coronel retirado Juan Ovalle Salazar, por el delito de deberes contra la humanidad. En 2016, Ovalle también fue procesado por el caso Creompaz, acusado como responsable de la masacre ocurrida en Pambach en 1982.
Por otro lado, Mazariegos Culpatan dijo, el día de la sentencia, que el Ministerio Público (MP) no pudo probar que los ocho integrantes de las Patrullas de Autodefensa Civil (PNC) fueran responsables de participar en el asesinato de las 25 personas en Rancho Bejuco, por lo cual ordenó su inmediata libertad.
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Un crimen militar
La investigación de la Fiscalía de Derechos Humanos señaló que los acusados fueron identificados como exmiembros de las PAC y comisionados militares que coordinaban entre los exparamilitares y el Ejército de Guatemala durante el conflicto armado interno.
La masacre en el caserío Rancho Bejuco ocurrió dentro de un contexto de violencia sistemática y generalizada en Baja Verapaz. Ya que, según la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), las muertes fueron ejecutadas durante la dictadura del general Efraín Ríos Montt, lo cual ejemplifica “la persecución sistemática del Estado para eliminar a la población maya de la región”.
Dentro de las pruebas presentadas por la fiscalía se encuentran testimonios que evidencian cómo los expatrulleros cavaron un agujero y posteriormente asesinaron a las mujeres y niños y uno por uno fueron lanzados a los hoyos; para cerciorarse que las víctimas habían fallecido, los expatrulleros lanzaron bombas.
El 8 de agosto de 2023, las mujeres maya Achí y familiares de las víctimas, pidieron justicia por los masacrados, indicando que se habían presentado para exigir justicia por el asesinato que cometieron los patrulleros en 1982.
Durante el juicio, el MP dijo que a unos 80 kilómetros al norte de la ciudad de Guatemala “los hombres mayas Achí de esta comunidad agrícola no habrían aceptado unirse a las PAC y esto fue utilizado como excusa por el Ejército para su eliminación”.
Durante el conflicto armado interno en Guatemala se estima que el ejército masacró a 1 mil 500 indígenas del norte de Guatemala, por esos crímenes Ríos Montt fue condenado por el delito de genocidio contra el pueblo Ixil, de Nebaj, Quiché, en mayo de 2013.
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