Para sobrevivientes del conflicto armado los casos de justicia transicional están en riesgo
Foto: Andrea Hernández Guerra
Víctimas y sobrevivientes del Conflicto Armado Interno, junto a integrantes de la Plataforma de Víctimas del Conflicto y de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Guatemala (Famdegua) llegaron a la sede del Ministerio Público (MP) para entregar una carta de rechazo por el desmantelamiento de la Fiscalía de Derechos Humanos que en su criterio pone en peligro las investigaciones y en riesgo al acceso a la justicia transicional.
José Alberto Flores, de Famdegua, fue quien entregó la carta en el despacho de la fiscal general, indicando que la petición fue firmada por múltiples ciudadanos de diversos países en la cual piden “garantizar el no desmantelamiento de la Fiscalía de Derechos Humanos y la restitución de la licenciada Hilda Pineda, que por más de diez años ha venido trabajando
con las víctimas y familiares del conflicto”.
De acuerdo con las víctimas y sobrevivientes, la remoción de la fiscal Hilda Pineda, el pasado 11 de octubre, fue un acto arbitrario y de impunidad, lo que podría afectar a la justicia transicional, ya que ella acumuló diez años de experiencia en esa fiscalía. Durante esos años permitió a las víctimas y sus familias formar parte activa y directa de las investigaciones especializadas de múltiples casos emblemáticos como Sepur Zarco, CREOMPAZ, Molina Theissen, Violencia sexual contra mujeres de la etnia maya Achi, Genocidio contra la etnia maya Ixil y más recientemente el caso del Diario Militar.
En el comunicado que presentaron las organizaciones se detalla que “la remoción de la fiscal Hilda Pineda es una represalia debido a que en junio de este año la Fiscalía de Derechos Humanos promovió la captura de 12 exmilitares y policías implicados en el caso Diario Militar”.
Representantes de la Plataforma de Víctimas del Conflicto Armado Interno consideran que no se están garantizando los derechos humanos pues aún existe en el país un clima de inseguridad, persecuciones y discriminación en contra de las personas que luchan por el acceso a la justicia.
Asimismo, Miguel Quiej, de la Plataforma de Víctimas del Conflicto Armado Interno, señaló que “los intereses militares están instalados en el gobierno actual, repitiendo procesos de impunidad, regresión autoritaria y un gran retroceso de la democracia en el país”.
Otras organizaciones como la Asociación para la Justicia y Reconciliación (AJR), Genocidio Nunca Más e Impunity Watch también se han sumado a las acciones de rechazo por los cambios en la Fiscalía de Derechos Humanos. La semana pasada presentaron un amparo ante la Corte de Constitucionalidad en contra de la Fiscal Porras, por la remoción arbitraria
de Pineda y exigir que se garantice el derecho a la justicia de las víctimas y sobrevivientes del conflicto.
“Somos miles de víctimas de desapariciones forzadas, masacres y toda la violación a derechos humanos, pero no ha habido una respuesta de parte del Estado en justicia, resarcimiento y reparación de los daños, más bien se está desmantelando lo poco que quedaba de los Acuerdos de Paz”, indicó Juan Pérez Cedillo en la acción de hoy.
Además, en la carta entregada por FAMDEGUA, piden a la fiscal general que garantice la seguridad de los fiscales que aún continúan en la Fiscalía de Derechos Humanos, pero sobre todo de la fiscal Hilda Pineda quien en múltiples ocasiones ha sido señalada y denunciada penalmente por la Fundación Contra el Terrorismo.
Para Miguel Quiej, las recientes acciones de quema y desalojo en Chinebal, al sur del Estor, Izabal, les recuerda las quemas de casas y masacres que ocurrieron en los años ochenta por lo que ven en estas acciones y en la remoción de la fiscal Hilda una regresión autoritaria. Para Feliciana Macario, de la plataforma, estas acciones también afectan a las mujeres víctimas de violencia sexual durante el conflicto. Las organizaciones aún se encuentran planificando las siguientes acciones que tomarán.