El Estado no pudo callarla: testifica una sobreviviente del Hogar Seguro

Foto: Jasmin López.

Una de las 15 sobrevivientes del incendio en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción testificó sobre los sucesos del 7 y 8 de marzo de 2017, cuando la Policía Nacional Civil (PNC) encerró a 56 niñas en un aula, donde ocurrió un incendio en el que 41 de ellas fallecieron. Los horrores, sin embargo, empezaron mucho antes, con los maltratos que el personal del albergue ejercía sobre ellas. 

Por Jasmin López

A los 15 años, después de haber estado en tres diferentes albergues para menores, de haber sufrido maltrato y violencia sexual por parte de un familiar, y de ver obstaculizado su derecho a la educación, la testigo  “L” todavía podía soñar. Quería ser maestra de atletismo y modelar  “prendas de ropa”. Actualmente, las cicatrices y heridas en su cuerpo le dificultan encontrar un trabajo. Aunque L no es modelo ni profesora, todavía es una joven valiente, y sobrevivió para contar su historia.

Con su identidad protegida por lentes oscuros, mascarilla y un seudónimo, la testigo L declaró el 14 de noviembre, en el juicio por el caso Hogar Seguro, donde se busca justicia por las 15 niñas gravemente heridas y las 41 fallecidas bajo la custodia del Estado.

“Pasábamos frío todas las noches. Al día siguiente, nos levantaban temprano, a las 3 de la mañana, a dar 500 vueltas al campo y después, con el cuerpo ya todo caliente, así nos iban a meter a la pila a bañarnos con agua fría, y después a comenzar la rutina. (...) Para entrarnos a nuestros módulos las monitoras venían y nos entraban a empujones, o con un bastón que ellas cargaban nos pegaban”.

A estas y otras torturas eran sometidas las niñas en el Hogar Seguro, con la complicidad de los funcionarios que hoy están acusados en el juicio por el caso: Santos Torres, exdirector del Hogar Seguro Virgen de la Asunción; Gloria Castro, exdefensora de la Niñez y Adolescencia de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH); Brenda Chamán, exjefa del Departamento de protección especial contra el maltrato en todas sus formas, de la Secretaría de Bienestar Social (SBS); Harold Flores, exjefe de la Procuraduría de Menores de la Procuraduría General de la Nación; Anahí Keller, exsubsecretaria de la SBS; y Carlos Rodas, exjefe de la SBS.   

El albergue no contaba con las condiciones mínimas para garantizar el bienestar de las niñas internadas: no había cepillos dentales, toallas higiénicas, jabón, champú, productos para la limpieza de las instalaciones -que eran obligadas a realizar ellas mismas-, ni agua en las regaderas y en los baños. Tampoco les proporcionaban educación de calidad, útiles escolares en buen estado y atención médica. Las alimentaban con comida descompuesta o cruda que les provocaba diarrea y dolor de estómago, y en muchas ocasiones esta   contenía algún tipo de sedante o medicamento. “(La comida) hacía que nos durmiéramos y despertábamos aproximadamente hasta la tarde o al día siguiente, era como un calmante”, denunció la testigo. 

El 7 de marzo del 2017 las niñas se amotinaron para exigir un trato digno, y al no ser escuchadas escaparon del Hogar. La PNC fue llamada entonces para localizarlas y regresarlas al albergue. La testigo L, quien ya tenía 17 años, se refugió en una casa particular, donde pidió permiso para usar el baño y poder descansar. No sabe cómo la encontró la policía. “A la hora de que me agarraron me pusieron bien apretadas las esposas. Una vena de mi muñeca izquierda se me reventó y no paraba de sangrar. Vino un policía y me bajó de la patrulla con una patada, la bota de él me quedó marcada”. L alcanzó a ver que dos oficiales portaban un revólver y una pistola “normal”.

Al reingresarlas, las agentes mujeres obligaron a las menores a desnudarse para revisarlas de pies a cabeza. Ya adentro, encerraron a las 56 niñas en un salón bajo llave por varias horas, durante las cuales no les permitieron asearse, cambiarse de ropa ni ir al baño, hasta que, sin poder aguantarse más, hicieron sus necesidades allí mismo. Aunque los policías que han testificado en el juicio han asegurado que el incendio del día 8 comenzó cuando una de ellas le prendió fuego a las delgadas colchonetas que les dieron para dormir, L dijo que el fuego “venía de afuera para adentro”. Lucinda Marroquín, exsubinspectora a cargo, ignoró los gritos de auxilio. “En 5 minutos ya estaba todo encendido, y ni aún así (las policías) nos querían abrir la puerta”, manifestó la testigo. Esto resultó en la muerte de 41 niñas. 15 de ellas sobrevivieron con graves lesiones.

L vive desde entonces con las secuelas. Le cuesta caminar y subir gradas. Acciones cotidianas, como viajar en bus y limpiar, son complicadas para ella. Una de las quemaduras nunca sanó y le causa dolor en su vida diaria. Pero 7 años después, a pesar del trauma y la violencia, L sigue luchando por sus derechos, sigue siendo fuerte como lo fue a los 17, a los 15, cuando soñaba con modelar y enseñar atletismo.

Ruda

RUDA surgió en 2017 entre reuniones e ideas del consejo editorial de Prensa Comunitaria bajo la necesidad urgente y latente de tener un espacio digital en dónde evidenciar, publicar y visibilizar las luchas de las mujeres.

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