La exfiscal señaló que ella es la primera en ser procesada y condenada por presentar denuncias administrativas. “Lo que ellos esperaban es que yo me quedara callada”, indicó en referencia a las personas que la denunciaron.

La exfiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Virginia Laparra junto a sus abogadas defensoras pidió a la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones que la absuelva y que anule la sentencia de 4 años conmutables que dictó la jueza Oly González, del Tribunal Octavo, el 16 de diciembre de 2022. “Los hechos por los que fui condenada no son un delito”, dijo Laparra.

La exfiscal argumentó varias razones por las cuales debería ser absuelta. Uno de esos motivos es que ella no presentó denuncias antojadizas, sino que había hechos específicos de las cuales su entonces jefe, Juan Francisco Sandoval, tenía conocimiento.

“No existe en ninguna parte de la legislación o norma alguna que especifique que el fiscal que tenga conocimiento de hechos que puedan ser perseguidos administrativamente tenga que pedir una autorización”, dijo.

Laparra señaló que la jueza mencionó durante la sentencia que tenía dudas sobre la autorización que la exfiscal solicitó a Sandoval para presentar dichas denuncias. “Que tenía dudas, dijo la juez del Tribunal Octavo, claro, y qué dice la ley respecto a la duda, favorece al reo, eso es un principio universal que no se aplicó en esta sentencia”, agregó.

La exfiscal indicó que ella no es la primera fiscal que presenta denuncias en contra de un juez, pero “sí la primera en ser procesada y condenada”.

¿En qué parte de la Ley de la Carrera Judicial establece que los fiscales tienen prohibido presentar denuncias por parte de agentes fiscales del Ministerio Público (MP)?, se pregunta. Y ella misma responde: “no hay, pero se está sentando un precedente que hay una prohibición”, indicó.

Según el MP, ella cometió el abuso de autoridad por haber denunciado al juez Lesther Castellanos por la vía administrativa, utilizando su cargo como fiscal. Sin embargo, ella indicó que si las hubiera presentado de forma individual estaría procesada igualmente.

“Sería la misma historia, acá no estamos hablando de que una agente fiscal no tiene facultades para denunciar, se está hablando de que Virginia Laparra, agente fiscal de la FECI, debió quedarse callada, de eso se trata esto”, expresó.

“Ella no cometió ningún delito”

La abogada Claudia González señaló que pidieron a los magistrados que revisen la sentencia y si la norma se adecuó a los hechos que quedaron probados por el Tribunal Octavo. Eso significa que los magistrados no pueden valorar prueba sino valorar si los hechos que están descritos por el Tribunal se acoplan a los artículos que citaron.  

La abogada señaló que existe aplicación indebida del artículo 418 del Código Penal sobre abuso de autoridad y del artículo 11 sobre el dolo, que no está plasmado en la sentencia de la jueza.

“Consideramos que ella no cometió ningún delito por presentar cuatro denuncias administrativas, no llena los requisitos establecidos en la ley, qué nos dice que ella tenga culpa, el tiempo, el modo, el lugar y que tenga elementos probatorios contundentes para demostrar que Laparra haya cometido delitos”, indicó.

Por otro lado, González dijo que no es posible que ahora el MP pida 8 años de prisión no conmutables por presentar dichas denuncias y la Procuraduría General de la Nación (PGN) pida resarcimiento. Durante la audiencia se conoció que el Ministerio Público solicitó aumentar la pena de prisión en contra de la exfiscal, de 4 a 8 años.

Al finalizar, Virginia Laparra expresó su confianza en que la Sala tome en consideración los argumentos de las apelaciones y que la absuelva. Sobre la solicitud del MP de aumentar a 8 años la prisión en su contra, dijo que es monstruoso e irreal. “Evidentemente se está utilizando el derecho penal para criminalizar, para desaparecer, para callar personas que en su momento nos atrevimos a llevar casos de corrupción”, manifestó.

El proceso en su contra, más que por presentar denuncias administrativas, es por haber pertenecido a la FECI, añadió.

Los magistrados integrantes de la Sala darán a conocer su resolución el 9 de mayo y, de no obtener una resolución favorable, se presentará un recurso de casación en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), informó la abogada González.

La exfiscal lleva 14 meses en prisión preventiva y jueces y magistrados de la Sala Segunda le han denegado el arresto domiciliario. También enfrenta otro proceso en Quetzaltenango, en el cual fue enviado a juicio por revelación de información confidencial.