El Movimiento Nacional de y para Personas con Discapacidad convocó este 5 de septiembre a una conferencia de prensa para denunciar el poco interés del Estado por aprobar la Iniciativa 5125, Ley de Personas con Discapacidad, la cual lleva 8 años engavetada en el Congreso. A pesar de haber ratificado la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, Guatemala es el único país latinoamericano que aún no tiene una legislación que dignifique a estas poblaciones.

Por Jasmin López

Representantes de las 40 asociaciones civiles que conforman el Movimiento Nacional de y para Personas con Discapacidad exigieron a las y los diputados la aprobación de la Iniciativa 5125, y que se agende como una ley marco en discapacidad. Aunque ya pasó la primera y segunda lectura en el Congreso, dicha iniciativa se encuentra estancada desde el 2016. Esto constituye un incumplimiento de los compromisos adquiridos por el Estado guatemalteco al firmar la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en marzo del 2008, siendo el único país de Latinoamérica que no ha adoptado medidas administrativas y legislativas que garanticen los derechos humanos de estas poblaciones.

“No ven como una prioridad a las personas con discapacidad”, expresó Ingrid Lee, integrante del Movimiento de Madres de los Claveles Blancos. “Las personas con discapacidad no están en la agenda política de este país. Estamos llegando con los diputados a decir que las personas con discapacidad importan y que deben de ser incluidas”.

Emily Rojas, presidenta de la Asociación de Estudiantes con Discapacidad de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), instó a la vicepresidenta Karin Herrera a ponerse al frente de este proceso para poder lograr un avance.

El Movimiento señaló que la legislación existente, conocida como Ley de Atención a las Personas con Discapacidad, es obsoleta y no responde a las necesidades básicas de estas personas y sus familias, ya que está fundamentada en un modelo asistencialista y médico rehabilitador, el cual no considera la exclusión estructural y social de las personas con discapacidades.

Otro de los puntos por los que se pronunciaron fue la reciente ampliación del presupuesto nacional para el año 2024, ya que en este y en el proyecto de presupuesto para el 2025 no hay ningún monto destinado al desarrollo de políticas públicas en beneficio de las personas con discapacidad. En un comunicado oficial difundido a los medios, manifestaron que esta omisión “es incompatible con los discursos sobre el compromiso con la inclusión social y el bienestar social”.

Luego de la conferencia de prensa, el Movimiento se dirigió hacia el Congreso para hacer saber sus demandas y dar seguimiento a las mismas, pero les fue negada la entrada por el personal de seguridad sin dar explicaciones claras del por qué o de cómo solicitar su ingreso, información que fue requerida en múltiples ocasiones por el colectivo.

Después de varios minutos, finalmente les permitieron ingresar al edificio, el cual, como pudieron constatar los y las activistas, carece de infraestructura accesible para las personas con discapacidad visual y física.

Sorteando estas dificultades, lograron entregar su comunicado a la diputada Karina Paz, de la bancada VOS, quien se comprometió a entregar una copia impresa a los 160 diputados y diputadas del Congreso y dejarlo en sus respectivas curules.

La 5125

“La Iniciativa 5125 busca que las personas con discapacidad seamos sujetos y objetos de derecho, que nosotros podamos decidir sobre nuestro desarrollo, que nos convirtamos en profesionales, que nos puedan garantizar trabajo, salud, formar una familia y todos los derechos fundamentales que tiene toda persona en Guatemala”, dijo Guillermo Guillén, del Movimiento Cívico por la Inclusión.

La Ley que reconoce y aprueba la Lengua de Señas de Guatemala y la Ley de Certificación de Discapacidad son derivadas de la 5125, pero no conservan el enfoque respetuoso e inclusivo de esta, explicó Guillén. Además, no se consultó a las asociaciones de personas con discapacidad para su elaboración.

La Iniciativa 5125 o Ley de Personas con Discapacidad, en cambio, está hecha por y para personas que conviven, proveen cuidados o viven con discapacidades, y en su creación contaron con la asesoría del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Esta normativa establece una serie de acciones que tienen la finalidad de promover los derechos de este sector, que conforma el 10% de la población guatemalteca e incluye a personas con discapacidades adquiridas, como los adultos mayores. Entre las medidas que propone están el garantizar su acceso a la salud, educación, vivienda, trabajo e información,  así como la creación de una secretaría encargada de diseñar, coordinar y promover políticas públicas en favor de esta población. Ésta es una de las razones por las que Guillén señaló que el Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad (CONADI) “se ha encargado de bloquear la 5125”.

Mabel Palencia, de la Asociación de Personas Productivas con Discapacidad, refirió que “la no aprobación de dicha iniciativa es permitir la discriminación, exclusión y marginación en que vive gran parte de la población con discapacidad”.