Un cura y un expastor evangélico fueron acusados de agredir sexualmente a dos menores. Las víctimas llevan más de dos años esperando la respuesta del sistema de justicia para atender sus casos. Uno de los señalados planteó apelaciones para detener las investigaciones y el permanece en libertad.

Por Shirlie Rodríguez

Dos líderes religiosos y ejercían autoridad en la Iglesia evangélica y católica están en proceso en el Centro Regional de Justicia de Quetzaltenango; un expastor y un excura fueron acusados por agresión sexual a menores.

Welser Gilmar Reyes Florián, un expastor evangélico; y Marvin Gilberto García, exsacerdote, fueron acusados por el delito de agresión sexual.

El caso de Welser Reyes, está estancado en la Sala de Apelaciones, deteniendo así el avance de las investigaciones y las siguientes fases del proceso.

Reyes fue detenido en la zona 2 de Quetzaltenango, el 5 de noviembre de 2021. La acusación del Ministerio Público dijo que él era el presunto responsable de agredir sexualmente a una menor de edad.

Tras la detención, se denunciaron tres casos más y se unieron a la primera acusación, por lo que Reyes enfrenta cuatro acusaciones por delitos de agresión sexual con agravación de la pena.

Pese a que Reyes fue ligado a proceso, el caso no avanza a la etapa intermedia, por los recursos penales que presentó y que están pendientes de resolverse en la Sala Quinta de Apelaciones, según indicó el Juzgado de Femicidio de Quetzaltenango, sin dar detalles de lo planteado por el acusado.

Welser Reyes era el pastor de la Iglesia Ministerio Capital de Luz, que tiene sede en el municipio de Cantel, Quetzaltenango. Después de su captura, se conocieron detalles de cómo se aprovechaba de su influencia y liderazgo en la comunidad religiosa, para agredir y dañar a mujeres, principalmente jóvenes.

Los relatos de personas que asistían a esa iglesia dijeron que el pastor realizó una actividad en la que se autoproclamó rey y profeta. Se coronó, usó una bata roja y se sentó en un sillón que simulaba un trono. Al mismo tiempo dijo que él era un enviado de Dios para atender a la congregación.

Según las feligresas, tenía horarios para atender tiempos de oración y en ese momento abusó de algunas jóvenes. Incluso les decía que no tenían permiso de tener novio.

“Muchas jóvenes llegaban a solicitar consejería en estas reuniones privadas porque tenían problemas familiares, de estudios y de otro tipo, pero era la forma en que se aprovechó de su poder y autoridad para violentarlas”, dijo una testigo que habló bajo la condición de omitir su nombre.

Reyes permanece preso desde 2021 en el Preventivo para Varones, en la zona 1 de Xela, pero el caso está detenido por las apelaciones pendientes. 

Exsacerdote se mantiene en libertad

Marvin Gilberto García Ayala, el sacerdote de la iglesia San José Patriarca, en la zona 7 de Xela, también fue acusado de agresión sexual en contra de un menor de edad, integrante de la agrupación católica.

Fue ligado a proceso penal por ese delito, pero diferencia de Reyes, el juez le permitió que conservara su libertad mientras el caso avanza.

Según información del Juzgado de Femicidio en Xela, el próximo 14 de junio se realizará la etapa intermedia y definirá si será enviado a juicio.

La denuncia se presentó en marzo de 2021 y fue capturado en diciembre de ese mismo año. Luego de esto renunció, y la Arquidiócesis de Los Altos le retiró del cargo por los hechos de los que se le sindica.

Algunos de los feligreses exigieron que no participara más en actividades de la iglesia, porque denunciaron que aún tenía algunos grupos en casas y que representaba un peligro para otras personas que podían ser víctimas.

Andrea Matul Reyes, quien trabaja en organizaciones de apoyo a mujeres víctimas de violencia, señaló que estos casos vulneran a las víctimas, porque no solo pasan por un proceso de entrevistas, recolección de evidencias, reconstrucción de hechos y asistir a las audiencias, sino también porque pueden durar hasta cinco años en los tribunales.

“La vulneración hacia las víctimas se da en el sistea de justicia del país. No se prioriza su seguridad y tampoco tienen confianza en el sistema, más cuando los casos tardan años en resolverse”, anotó.

Diferentes organizaciones de mujeres en Quetzaltenango han dado apoyo a las víctimas en estos casos y ahora esperan que se agilicen los casos y diligencias judiciales para dar respuestas a las víctimas.