En febrero pasado el caso de Walter Sical Orozco, del departamento de San Marcos que acosó a una niña en la calle cuando esta fue a comprar tortillas provocó indignación en todo el país. Sical fue detenido mientras trataba de huir y ligado a proceso el 24 de febrero; el pasado 8 de septiembre, un Juzgado de Malacatán, San Marcos, resolvió que tendrá que enfrentar juicio por agresión sexual con agravación de la pena.

Keyla López, madre de la niña, quien denunció a Sical y buscó las cámaras de video después del hecho, señaló que el proceso, que empezó en febrero, ha sido agotador y cree que esto es una razón por la que personas que han sido víctimas de cosas mucho peores “ya no quieran seguir los procesos”.

López señaló que enviar a Sical a juicio “hasta cierto punto es el inicio de una posible justicia”, ya que desconocen cómo concluirá el proceso y si el caso tendrá una sentencia condenatoria.

Agregó que para ella como madre es una satisfacción que Sical haya sido enviado a juicio y esperan que el proceso no sea tan largo como hasta ahora. Para López, si desde un principio no se hubiera cambiado al juez que conocía el caso, el proceso hubiera concluido.

El proceso fue enviado a un juzgado de Malacatán, San Marcos, luego de que el acusado recusara al juez del Juzgado de Femicidio de San Marcos. La familia de la niña también recusó a la jueza, designada por el Tribunal de Apelación, ya que Sical había hecho su pasantía en ese mismo Tribunal, con la misma jueza a cargo, mencionó López.

El ofrecimiento de pruebas en este caso será el 16 de septiembre, en el Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente.

Miriam Roquel, procuradora adjunta de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), señaló que ahora corresponde al Tribunal determinar la culpabilidad o inocencia de Sical Orozco. Roquel señaló que la condena previa que Sical había recibido, por un delito de violencia contra la mujer en su manifestación sexual, “viene a ser un agravante, a efecto que el Tribunal tiene que valorar al momento de condenar o absolverlo, porque al final lo que se busca con este caso es que se haga justicia a la niña”, dijo. Es por ello que esa reincidencia tendrá que ser valorada por el Tribunal, agregó.

Roquel indicó que lo que procede es que se haga justicia y se deje un precedente para que se respeten los derechos de la niñez.

Mujeres no denuncian por miedo y/o por desconocimiento

Según Meeylyn Mejía, de Mujeres Transformando el Mundo (MTM), muchos casos de agresiones sexuales y de violencia sexual contra mujeres y niñas, no se denuncian por miedo y por desconocimiento “porque no nos enseñan a que el cuerpo no se nos tiene que violentar, hay una normalización de la violencia”.

De acuerdo con Mejía, esto se debe a la falta de información y educación integral en sexualidad. “Desconocemos que tenemos que defender principalmente nuestro cuerpo como primer territorio” dijo.

Por otro lado, la entrevistada señaló que muchas mujeres acuden al sistema de justicia pero sus denuncias no prosperan. Casi siempre hay una revictimización, una culpabilidad hacia las mujeres, que si va con minifalda o tiene tatuajes, “es que usted andaba así, como no quiere que le metan mano”, señaló.

Mientras que las mujeres únicamente quieren contar qué les pasó, cómo se sienten, “el mismo sistema tampoco nos ha brindado a las niñas, mujeres y adolescentes esa confianza de poder ir a contar qué fue lo que me pasó”, mencionó.

Esto se replica en la familia, según Mejía, donde las niñas y adolescentes no tienen la confianza de contar a sus padres las situaciones que han vivido y acuden a una amiga, a una tía o a una vecina. “Nos cuesta mucho hablar de estos temas que vivimos en soledad porque no tenemos esa educación, ni en los hogares, ni en la escuela ni el trabajo, pero la misma institucionalidad tampoco te brinda esa seguridad de que vas a tener ese apoyo” indicó.

En las últimas semanas se han conocido de varios casos de mujeres que han acudido al sistema de justicia a denunciar violencia en su contra sin recibir una respuesta. Ante esa situación, ellas han decidido exponer sus historias en las redes sociales, de cómo han encontrado esas barreras en instituciones como el Ministerio Público.

Mejía subraya que la situación es mucho peor para “una niña de Totonicapán o Quiché que ha vivido historias más difíciles no tienen los medios o el apoyo para poder alzar la voz”.

Finalmente, Mejía señaló que la violencia está tan naturalizada dentro de los hogares y comunidades que vemos a una niña de 12 años embarazada y las autoridades comunitarias no denuncian. Es un continuum de violencia que se vive, de generación en generación, y se normaliza, enfatizó.