Los magistrados de la Sala Primera de Mayor Riesgo volvieron a beneficiar al general retirado Benedicto Lucas García al aceptar la recusación que se presentó en contra del Tribunal de Mayor Riesgo “A” quien adujo que el Tribunal mostró parcialidad, lo cual obligaría a repetir nuevamente el juicio.

Por Regina Pérez

Los magistrados Miriam Regina Brolo, Marco Tulio Pérez Lemus y Jorge Emilio Morales Quezada dieron la razón al general Benedicto Lucas García, quien está siendo juzgado por genocidio, delitos contra los deberes de la humanidad y desaparición forzada.

Los magistrados aceptaron la recusación en contra del Tribunal de Mayor Riesgo “A” que ha realizado 99 audiencias en este juicio y cuyos integrantes fueron señalados de parcialidad por la defensa del militar acusado.

Este 28 de noviembre se realizó una audiencia donde se conoció la recusación planteada por las abogadas defensoras de Lucas, Carmen Peralta y Teresa Martínez, del Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP), que se originó de una frase expresada por el juez presidente del Tribunal, Gervi Sical, en una audiencia del 9 de agosto.

La magistrada presidenta Miriam Brolo indicó durante su resolución que escucharon el audio de la audiencia de esa fecha, cuando fue interrogado por el fiscal del Ministerio Público (MP) el perito Omar Bertoni, de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG), sobre el hallazgo de una fosa con 80 osamentas en el destacamento militar de Xoluxinay, en San Juan Cotzal, Quiché.

El perito mencionó que posterior al hallazgo habían sido identificadas algunas víctimas, ya que el procesos de identificación llevaba tiempo. La pregunta fue cuántas osamentas, de esas 80 localizadas, habían sido identificadas.

Al comenzar a responder el perito, la defensa de Lucas interrumpió y se opuso a que el perito siguiera contestando, porque a su criterio, los hechos estaban fuera del marco de la acusación.

Al momento de resolver sobre la solicitud de la defensa, el juez Sical manifestó “no podríamos caer en impunidad” toda vez que se entendía que este caso y otros siguen en investigación y se fundamentó en el artículo 373, del Código Penal, para que el perito respondiera la pregunta.

Según la fiscal del MP, Cándida Morales Santos, durante las argumentaciones de esta mañana, el perito no respondió esa pregunta porque no tenía en ese momento la respuesta.

Resuelven que sí hubo parcialidad

Sin embargo, tras analizar el audio los magistrados concluyeron que el Tribunal fue parcial.

Cuando el juez Sical dijo, que de no admitir la prueba se generaría impunidad, “prácticamente el Tribunal previo a emitir sentencia dentro de ese debate ha emitido criterio”, dijo Brolo y por ello establecieron que el Tribunal denotaba parcialidad y sesgo a favor del MP y los querellantes.

En la parte resolutiva del fallo, los magistrados resolvieron dar con lugar la recusación presentada por Lucas García contra el Tribunal integrado por los jueces Gervi Sical, Óscar Alberto Herrera y Lilian Ajcam y designar al Tribunal de Mayor Riesgo “B” para que continúe conociendo esta carpeta judicial.

El juicio contra Lucas García, exjefe del Estado Mayor del Ejército se inició el 5 de abril y, desde entonces, se han realizado 99 audiencias. Sin embargo, en la etapa conclusiva, del 23 de noviembre, se conoció que la Sala Primera de Mayor Riesgo otorgó un amparo provisional al militar. A pesar de ello los jueces se negaron a suspender la audiencia y la jueza vocal Lilian Ajcam sufrió un desmayo lo que les impidió continuar.

En este caso, el MP solicitó una pena de 2860 años de prisión contra el exjefe del Estado Mayor del Ejército, Benedicto Lucas García, de 92 años, acusado de los delitos de deberes contra la humanidad, genocidio y desaparición forzada, por hechos que ocurrieron entre agosto de 1981 y marzo de 1982, en Quiché, mientras su hermano Fernando Romeo Lucas García era el presidente del país.

Evitan afirmar si juicio se anula

Luego de conocerse la resolución de la Sala, las y los abogados de las víctimas ofrecieron una rueda de prensa afuera del Juzgado. Jovita Tzul, abogada de la Asociación para la Justicia y Reconciliación (AJR), evitó afirmar si la resolución anula los siete meses de juicio.

“Fueron 99 audiencias de debate oral y público que se llevaron a cabo a la presente fecha, tendremos que reunirnos con el equipo, analizar los alcances que tiene esta resolución y de la manera en que se pronuncie el Tribunal de Mayor Riesgo “A” en cumplimiento de esta resolución, esperando esta situación analizaremos cuál es el camino procesal que sigue”, indicó.

Para Tzul, las abogadas del general Lucas no ofrecieron ninguna prueba que acredite la participación de los integrantes del Tribunal.

En tanto Nery Rodenas, de la Oficina para los Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), entidad querellante en el caso, manifestó que lo resuelto por los magistrados es una “bofetada” del sistema de justicia a las víctimas quienes han tenido que esperar más de 40 años para obtener una sentencia.

Rodenas dijo que les preocupa que una Sala, que saben tiene vinculaciones con personas corruptas como magistrados que han sido cuestionados por la sociedad, tomen este tipo de decisiones que consideran una regresión.

Los integrantes de la Sala Primera de Apelaciones de Mayor Riesgo fueron electos por el Congreso, el 8 de octubre pasado, durante el proceso de renovación de Cortes. Varios de los magistrados que integran esta importante Sala fueron señalados por la sociedad civil como Marco Tulio Pérez Lemus y Jaime Amílcar González Dávila.

El juicio por genocidio no es el único que ha sufrido un revés, ya que el caso de desaparición forzada CREOMPAZ, donde también estaba acusado Lucas García, fue anulado por la Sala Segunda de Mayor Riesgo.