Por: Hivos

Rechazamos los actos de acoso, intimidación y criminalización que grupos conservadores emprendieron en contra de las colegas de Incidejoven, Prensa Comunitaria y Ruda y de las periodistas Jovanna García y Mercedes Vaides, solicitamos a las instancias del Estado asumir una postura que garantice las condiciones de salud y vida dignas para las niñas, adolescentes y mujeres en Guatemala.

En el marco de la conmemoración del Día por la Despenalización del Aborto en América Latina diversas organizaciones llevaron a cabo acciones de incidencia y visibilidad pública para demandar que el Estado garantice los derechos sexuales y reproductivos de niñas, adolescentes y mujeres. Estas acciones se enfocaron en visibilizar la necesidad urgente de promover la Educación Sexual Integral, garantizar los Derechos Sexuales y Reproductivos y exigir la despenalización del aborto.

Según cifras del Observatorio de Salud Reproductiva (OSAR), de enero al 16 de septiembre de 2020 se registraron 77,847 embarazos en niñas y adolescentes de 10 a 19 años. Y, entre enero y julio 2020, el OSAR registró 30,020 nacimientos de madres entre 10 y 19 años, de las cuales 29,230 fueron en adolescentes entre 15 y 19 años, mientras que 790 fueron de niñas entre 10 y 14 años.

Según el informe Acelerar el progreso hacia la reducción del embarazo en la adolescencia en América Latina y el Caribe: “el embarazo en la adolescencia tiene un efecto profundo en la trayectoria de vida de las adolescentes. Obstaculiza su desarrollo psicosocial, se asocia con resultados deficientes en materia de salud tanto para ellas como para sus hijos, repercute negativamente en sus oportunidades educativas y laborales, y contribuye a perpetuar los ciclos intergeneracionales de pobreza y mala salud”.

Las tasas de embarazo adolescente en América Latina y el Caribe continúan siendo las segundas más altas en el mundo, estimadas en 66.5 nacimientos por cada 1,000 niñas de entre 15 y 19 años, y son sólo superadas por las de África subsahariana. No podemos seguir ignorando esta realidad, pero sobre todo que el Estado continúe sin brindar una atención desde un enfoque integral y desde una perspectiva de derechos humanos. Las autoridades deben priorizar la salud y la vida de las niñas, adolescentes y mujeres que, por no contar con servicios de salud para interrupción del embarazo no deseado, acuden a lugares clandestinos que ponen en riesgo sus vidas.

Una sociedad democrática promueve la libertad de expresión y facilita espacios para debatir sobre temas que impactan la vida de sus habitantes. Por ello, nos oponemos a la censura y hostigamiento de la que fueran objeto las organizaciones Incidejoven, Prensa Comunitaria y Ruda. Las organizaciones socias y aliadas del Proyecto Guate Diversa e Inclusiva nos solidarizamos ante los ataques sufridos por llevar adelante acciones que garanticen a las niñas, adolescentes y mujeres el derecho a decidir sobre sus cuerpos.

¡No más criminalización!

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