Desde el 2 de octubre las autoridades indígenas y ancestrales de los pueblos originarios se declararon en paro nacional indefinido, hasta que se obtenga la renuncia de diversos funcionarios públicos, que señalan de atentar contra el proceso democrático. Desde ese día, diversos sectores de la población han respaldado y acompañado a las lideresas y líderes indígenas con diversas expresiones de manifestaciones pacíficas y artísticas.

Con información de Eslly Melgarejo

Los pueblos originarios se han levantado para defender la democracia y el voto ciudadano expresado en las urnas. Este martes se cumplen 16 días de protesta y resistencia, ya que desde el 2 de octubre, las autoridades indígenas y ancestrales de diversos pueblos originarios se establecieron frente al Ministerio Público, en la zona 1 capitalina, y miles de personas en todo el territorio nacional han respaldado esta lucha; entre ellas, médicas, médicos, maestras, representantes de mercados, así como el sector urbano y de la periferia de la ciudad, para “defender la democracia”, desde la alegría, con baile, canto, proyecciones de películas, así como diversas expresiones artísticas y pacíficas.

Las autoridades indígenas y ancestrales comenzaron el paro nacional indefinido ante el peligro inminente del asalto a la democracia por el denominado pacto de corruptos que tiene miedo de perder el poder, y para exigir la renuncia de la Fiscal General Consuelo Porras, ya que consideran que desde el Ministerio Público se han impulsado acciones hacia un golpe de Estado, junto al fiscal Rafael Curruchiche, de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y en complicidad con las resoluciones del juez Fredy Orellana. Esto también lo ha denunciado el binomio presidencial electo de Karin Herrera y Bernardo Arévalo. Según varios analistas, cómo Ricardo Saenz Tejeda, también tendría  responsabilidad el presidente Alejandro Giammattei sobre estas acciones. “El gobierno está comprometido con graves actos de corrupción, y saben qué, a partir del 14 de enero de 2024, en cualquier investigación los identificarán como responsables”, aseguró Sáez de Tejada. 

Ante la incertidumbre que provocó la judicialización del proceso electoral, las y los guatemaltecos estaban molestos con las acciones del gobierno y del Ministerio Público, pero la gota que rebalsó el vaso, fue el 30 de septiembre, cuando ejecutaron un nuevo allanamiento al Tribunal Supremo Electoral y el secuestro de las cajas con las papeletas electorales por personal del MP. 

Durante las acciones de protesta que le siguieron a ese allanamiento, se señaló que hubo personas infiltradas violentas en las manifestaciones para deslegitimar las demandas ciudadanas y el paro nacional. Pero esto no funcionó, porque a nivel nacional los puntos de toma se han mantenido firmes.

Mientras el paro nacional se fortalecía, el presidente permaneció en silencio, hasta que la Fiscal General, pidió su intervención y de la Corte de Constitucionalidad en forma pública, para reprimir las manifestaciones y toma de carreteras que han sido parte de las manifestaciones. Esto fue también solicitado por el sector privado organizado.

Con la mediación de la Organización de Estados Americanos (OEA), y la presencia de las y los líderes indígenas para buscar una salida a la crisis, el presidente Giammattei aseguró que no podía pedirle la renuncia a Consuelo Porras, argumentando un impedimento legal, sin embargo, el clamor popular a nivel nacional continúa. Las autoridades ancestrales e indígenas así como la población general aseguran que continuarán hasta que renuncien los golpistas y corruptos que no quieren aceptar su derrota en las urnas. 

A diferencia de las manifestaciones ciudadanas en el 2015, que exigían la renuncia del presidente Otto Pérez Molina, las manifestaciones de este año se han convertido en la nueva revolución de octubre, con tomas y protestas pacíficas, donde ha destacado la solidaridad, el arte y la digna resistencia en todo el territorio nacional en defensa de la democracia. 

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