El Ministerio Público (MP) ha recibido 106 denuncias por hechos de violencia sexual en contra de mujeres en servicios de transporte durante el 2021 y el 2022. Estos han sucedido en transmetros, transurbanos, buses, Uber, InDriver y taxis. La mayoría de ellos están en proceso de investigación.

Las mujeres están expuestas a diversas expresiones de violencia en su cotidianidad, tanto en el espacio público, como en el privado. Los servicios de movilidad independiente (como Uber e InDriver) o el transporte público no son la excepción. Según el mapeo del Observatorio de Acoso Callejero de Guatemala (Ocac), son las mujeres entre 21 a 30 años, reportan más agresiones de violencia sexual en este último.  

La manera en que las mujeres hacen uso de los servicios de transporte es particular. Según María Virginia Jiménez, socióloga e investigadora sobre acoso sexual, ellas “utilizan distintos medios de transporte y no solo para ir del trabajo a su hogar; se movilizan también a la escuela de sus hijos o al mercado, entre otros. Utilizan el transporte de manera frecuente”. 

En el transcurso del 2021, el MP recibió 60 denuncias por delitos cometidos contra mujeres en medios de transporte tales como buses, transurbanos, transmetros, Uber, InDrive y taxis.

Treinta y ocho de las denuncias recibidas durante estos dos años por agresión sexual se encuentran en investigación. Dos están en procedimiento intermedio, tres fueron desestimadas y una se le otorgó criterio de oportunidad. Otras nueve están en archivo físico, lo que significa que no se les está brindando seguimiento. 

Del total de casos de violación en el transporte denunciados durante los últimos dos años, 37 se encuentran en investigación, 3 en procedimiento intermedio, 1 en etapa de juicio y debate y 1 en archivo físico. De  los casos, 2 fueron archivados y 1 desestimado, al igual que otras 24 mil 104 denuncias de hechos de violencia contra la mujer desestimados entre el 2019 y el 2021. 

En uno de los casos por violación sexual se obtuvo sentencia. Mientras que los 2 casos de agresión sexual con agravación de la pena y los 5 de violación agravada están en etapa de investigación. 

Las cifras silenciosas

No existen datos exactos sobre acoso y violencia sexual. Algunas mujeres deciden no denunciar, en especial en casos de acoso sexual, el cual no está tipificado en Guatemala. Otras, lo hacen a través de organizaciones no vinculadas al Estado, como lo es el OCAC. 

Según el OCAC, el acoso sexual callejero se define como aquellas “prácticas de connotación sexual ejercidas por una persona desconocida, en espacios públicos como la calle, el transporte o espacios semi públicos (centros comerciales, universidades, plazas entre otros); que suelen generar malestar en la víctima”. Son de tipo unidireccional: los agresores no tienen interés en entablar la comunicación real con la persona agredida y no se cuenta con su consentimiento. 

El OCAC realiza un esfuerzo por mapear los hechos de acoso en distintos espacios públicos y privados. Uno de ellos, es en los diversos medios de transporte. Hasta el 29 de julio, habían recibidio 575 reportes de acoso sexual. La mayoría de ellos, en buses rojos (69%), transmetro (44%) y transurbano (22%). 

El acoso sexual se manifiesta en el transporte de la misma manera que en otros espacios públicos. Sin embargo, existe una particularidad: “al ser cerrado y, usualmente, un espacio reducido, existe más hacinamiento. Por lo tanto, las prácticas más recurrentes en estos medios son los tocamientos, el recargarse en el cuerpo de la persona y la masturbación”, explicó Virginia Jiménez. La reacción más común por parte de las mujeres ha sido alejarse o defenderse sola. 

El proceso de denuncia

Las denuncias por violencia sexual deben presentarse al MP. Según Gladys Galeano, comunicadora de esta institución, “existen protocolos específicos que garantizan la atención integral a todas las víctimas”. Uno de ellos es el Modelo de Atención Integral para las Mujeres Víctimas de Violencia (MAIMI), el cual es un esfuerzo de 16 instituciones. Busca brindar atención integral y especializada, con calidad y calidez a las mujeres víctimas de violencia. 

Este mecanismo permite comenzar la investigación del hecho de manera inmediata, así como brindarles apoyo y atención en los centros asistenciales correspondientes. Estos tienen la obligación de remitir la denuncia al MP si al momento de realizar las evaluaciones médicas se detecta la existencia de abuso sexual. 

La violencia sexual limita la movilización 

La constante violencia sexual en los servicios de transporte impacta en la sensación de seguridad de las mujeres y en su movilización, pues provoca desconfianza hacia el sistema de transporte. A nivel colectivo, además, “fragmenta las relaciones de convivencia que existen entre las personas en estos espacios”, según Virginia Jiménez. 

El acoso sexual limita el derecho a la libre locomoción de las mujeres. En las calles, son obligadas a tomar ciertas medidas de seguridad como lo es cruzar al otro lado de la calle cuando perciben que están siendo acosadas. En el transporte, ocurre lo mismo: algunas prefieren viajar en la parte trasera del autobús o esperar al siguiente cuando en este viajan muchas personas. 

Algunos países latinoamericanos, como México, han implementado estrategias para prevenir la violencia sexual en los servicios de transporte. Algunos de ellos son los vagones de metro exclusivos para mujeres, botones de pánico y campañas de sensibilización a usuarios del servicio y personas que trabajan en él.  

Pero según Virginia Jiménez, esto no es suficiente. “Es necesario que el transporte en general mejore. El hecho de que no existan suficientes unidades disponibles o que las personas viajen hacinadas también influye”. 

Mientras no se modifiquen estas condiciones,  la violencia sexual en el transporte continuará siendo vista como un problema individual. Con esta visión, se plantea que la responsabilidad de solucionar esta problemática es de las personas que utilizan el transporte y no de la sociedad. “Esto es regresar a ese mismo juego de que la violencia es culpa de la mujer y el sistema de transporte reitera ese imaginario. En realidad, es obligación de la sociedad y el Estado responder a esta situación”, finalizó.