Inicia este 28 de enero el segundo juicio por el caso Mujeres Achi contra 3 expatrulleros de autodefensa civil, por violencia sexual y delitos contra los deberes de la humanidad cometidos en Rabinal, Baja Verapaz entre 1982 y 1983. 36 sobrevivientes maya Achi testificarán en este nuevo proceso.

Por Jasmin López

Las 36 querellantes intentaron llevar a los expatrulleros frente a la justicia anteriormente, en el 2018, pero fueron puestos en libertad  por la jueza Claudette Domínguez al año siguiente. Durante el debate, las sobrevivientes fueron tratadas de forma discriminatoria, como consta en un informe técnico elaborado por la antropóloga Aura Cumes, y que fue presentado como prueba para apoyar la denuncia por discriminación y racismo levantada por las mujeres. La jueza, sin embargo, no recibió sanción alguna.

Una apelación presentada por las abogadas de las víctimas -Lucía Xiloj, Gloria Reyes y Haydeé Valey- logró que el 3 de julio del 2023 se reabriera el proceso contra los 3 acusados.

El juicio se llevará a cabo en el Tribunal de Mayor Riesgo B, y estará a cargo de la jueza María Eugenia Castellanos Cruz. Los acusados son Pedro Sánchez Cortez, Simeón Enríquez Gómez y Félix Tum Ramírez, y habrían perpetrado estos actos deshumanizantes cuando formaban parte de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), dentro de destacamentos militares durante detenciones ilegales.

Como consecuencia de las violaciones, las sobrevivientes han sufrido graves secuelas psicológicas y físicas: embarazos forzados, abortos, incapacidad para procrear a causa de las lesiones. Además, han enfrentado una fuerte estigmatización dentro de sus propias comunidades; y revictimización, racismo y violencia por parte de las instituciones estatales durante su lucha por la justicia.

La estrategia del terror

El caso se reanuda a tres años de que el Tribunal de Mayor Riesgo A condenara a 5 expatrulleros por delitos contra los deberes de la humanidad y violencia sexual. Esta sentencia representó un paso histórico en el reconocimiento de la violencia sistemática y estratégica ejercida por el Estado guatemalteco contra la población indígena, durante la guerra interna.

El Tribunal determinó que el Ejército utilizó la violencia sexual como arma de guerra, con el objetivo de infundir terror y someter a las comunidades. El 88.7% de las víctimas de los casos de violación sexual documentadas por la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) fueron mujeres mayas, y una tercio de ellas eran niñas. Esta forma de violencia era perpetrada bajo órdenes precisas, con frecuencia frente a las familias de las víctimas, de acuerdo a testimonios recogidos en el informe “Nos quitaron todo menos la dignidad”.

Dos medidas de reparación digna fueron aprobadas en dicha sentencia. El Estado está obligado a proporcionar una indemnización económica, tratamiento psicológico, psiquiátrico y ginecológico a las sobrevivientes,  y a difundir y preservar sus testimonios como parte de la memoria histórica del país. Sin embargo, las representantes legales de las querellantes denunciaron que el Gobierno guatemalteco no ha cumplido con la gran mayoría de las medidas ordenadas por el Tribunal. 

“Es una cuestión de voluntad política, de que se asigne personal calificado, presupuesto, que se depuren los procedimientos para que pueda agilizarse la implementación, porque ahora uno de los grandes obstáculos que hemos visto no es solo la burocracia sino el cambio continuo de las instituciones”, indicó la abogada Haydeé Valey.