Nicaragua, 18 de abril de 2018. Cientos de activistas y estudiantes, salen a las calles a protestar en contra de las reformas al Instituto Nicaragüense de Seguridad Nacional (INSS), que da luz verde al incremento en la cuota de contribución de los pensionados. Este hecho y los indicios de represión fueron los elementos que prendieron fuego a la indignación ciudadana contra el régimen sandinista de Daniel Ortega.

Lo que inicia como un plantón pacífico pronto se torna en el escenario en donde miembros de la “Juventud Sandinista” atacan a los manifestantes y a los opositores al régimen. El 18 fue la antesala de una protesta ciudadana que crecería en los siguientes días. 

Para el 19, las manifestaciones se extienden a varios departamentos de Nicaragua y más estudiantes y activistas se unen a ellas. El Gobierno, para mostrar su fuerza, opta por mandar a simpatizantes como grupos de choque a Managua, la capital, varios de ellos están armados, llevan armas y bombas. 

Es allí donde entran Meylin Hernández Salinas, de 34 años, y su esposo, Álvaro Isaías Treminio Blas, de 40, ambos son originarios del pueblo indígena de Monimbó, ubicado en Masaya, al sur de Nicaragua. Dedicados al comercio de frutas y verduras al por mayor. Acuden a las protestas no para involucrarse o para tomar partido, sino porque ante la represión quieren prestar ayuda, agua y alimentación.

Este acto desinteresado de apoyo se convertiría en la razón por la cual serían perseguidos por el régimen sandinista y el motivo que los trae a Guatemala para pedir refugio y asilo, casi tres años después de la violenta represión que cobró la vida de 110 personas.

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¿Por qué están en Guatemala?

«Nos venimos por la situación sociopolítica del Gobierno de Daniel Ortega. El Gobierno nos empezó a buscar y a muchos otros más, para apoyarlos. Mi esposo se negó», cuenta Meylin Hernández Salinas, madre de tres pequeños llamados Enoc Ezequiel (de 7 años), Abraham Isaac (de 5) y Abraham Ramsés (de 2). 

Ella y su familia están renuentes a ser grabados y a que se les tomen fotos por temor a que el Gobierno de su país tome represalias en su contra. Por eso, todo cuanto se escribe de su historia fue documentado, únicamente, a través de anotaciones.

Meylin y su familia salieron de Nicaragua en marzo de 2019, apenas unos días antes de que se anunciara la pandemia global por el COVID-19. Dejaron atrás su casa y su negocio para no ser detenidos por los sandinistas, la corriente política de izquierda que llevó a Ortega al poder en 2007. Pero dejaron mucho más que sus pertenencias, en Nicaragua se quedó la familia y toda la vida que conocían.

Tienen claro que jamás habrían huido de no ser porque la situación los orilló. En sus voces hay esperanza y un tremendo cariño por su tierra. 

¿Por qué son perseguidos?

«Nos señalaron de ser “terroristas golpistas”. Fue un señalamiento que se dio en contra de todos aquellos que nos negamos apoyar al Gobierno», cuenta Meylin. 

“Terroristas golpistas”, es una expresión que nace de la Ley Antiterrorista, aprobada por el parlamento en julio de 2018.  Desde su aprobación, varias organizaciones de derechos humanos opinaron que la normativa buscaba detener a los opositores del régimen y criminalizar las protestas.

La ley sería utilizada para perseguir a los opositores de Ortega con ayuda de imágenes captadas por drones del Gobierno, tomadas en las protestas de abril.  En ellas documentaron y registraron a las personas que participaron en las manifestaciones. Los rostros de Meylin y Álvaro fueron algunos de los que identificaron como “terroristas golpistas”.

El enfrentamiento en las calles continuó en los siguientes meses. Varias personas murieron por las ráfagas de disparos.  La represión dio paso a capturas masivas no solo de estudiantes y activistas sino de figuras políticas valiéndose de la “Ley de Soberanía”.

De acuerdo a organizaciones de Derechos Humanos, en Nicaragua hay más de 140 presos políticos. Las más recientes detenciones se dieron en junio de este año, en contra de cuatro mujeres que formaban parte del partido político Unión Democrática Renovadora (UNAMOS). Con las detenciones ilegales, Ortega ha logrado sacar de la contienda a 13 opositores políticos de cara a las elecciones generales que se llevarán a cabo en noviembre próximo.

De Dallas a Guatemala

Como la hostilidad del Gobierno se mantuvo, Meylin y su familia lograron escapar y llegaron a Dallas, Texas, pero solo consiguieron refugio gracias a las Iglesias Evangélicas del lugar. 

No pasó mucho tiempo antes de que Álvaro consiguiera un trabajo estable como lavaplatos en un restaurante de barbacoa y tacos. Poco a poco fue probando su conocimiento y llegó a ser uno de los cocineros, ganando 2 mil dólares al mes. 

El 3 de agosto de este año, 17 meses después de su llegada a Estados Unidos, la familia fue detenida y llevada por las autoridades migratorias. Los retuvieron poco más de 24 horas y les dieron dos alternativas: quedarse a pelear un espacio como migrantes indocumentados pero en prisión, con una espera de 8 meses a 1 año, o aceptar la deportación. 

Dos aviones federales los llevaron a ellos y a otros cientos de migrantes hacia la frontera de México con Guatemala. La mayoría de ellos, de nacionalidad hondureña.

“Nos deportaron a Tabasco junto a otros. México nos dejó en la frontera de El Ceibo, en La Libertad, Petén”, relatan. 

Meylin, Álvaro, Enoc, Abraham y Ramsés caminaron kilómetros y pidieron “ride” (aventón) a unos furgones para llegar hasta la Ciudad de Guatemala. Consiguieron llegar a la capital el 5 de agosto. Desde entonces han estado en el refugio de Casa del Migrante en la zona 1, donde contaron su historia a las trabajadoras sociales y el por qué salieron de Nicaragua y así iniciaron el proceso de asilado. 

“Queremos integrarnos, habitar Guatemala y retomar el comercio de frutas y verduras que teníamos en Nicaragua”, dice Álvaro quien durante la entrevista está pendiente de su hijo más pequeño, Ramsés.

Este se entretiene jugando con una botella de alcohol en gel y canta cancioncillas que acompañan su juego. Meylin se retira un par de ocasiones para llevarlo al baño o para prepararle la pacha porque tiene hambre. 

Pasada la una de la tarde, es hora de almuerzo en casa del migrante y hay casa llena. La mayoría de quienes están en la casa son hondureños y son hombres. Hay nada más tres mujeres que miran con curiosidad a los visitantes. Saben que ese día les toca entrevistarse con la Organización Internacional de Migrantes (OIM) para gestionar su retorno a Honduras. 

La presencia de mujeres migrantes ha decaído desde la pandemia, refiere Mauro Verzeletti, director de Casa del Migrante. Hace unas semanas, un grupo de mujeres ingresaría al refugio, pero dieron positivas a la prueba del coronavirus, así que fueron alojadas en otro espacio. 

“Ser migrante es duro”

“Ser migrante es duro… es duro andar en un país que no es tu lugar. Lo más duro es estabilizarse”, refiere Álvaro.

Todas las mañanas a las 7:00 horas, sale a la calle para ofrecer sus servicios como zapatero. Camina toda la zona 1, desde la 18 calle hasta el Parque Central y de regreso.

Confiesa que no hay demasiado trabajo para un zapatero y que es más la caminada en busca de algún trabajo que los ingresos que genera. Dice que procura mantenerse protegido utilizando mascarilla y alcohol, y cuando regresa, a eso de las 17:00 horas, se baña para prevenir contagios. 

Este viernes 3 de septiembre, la familia tendrá una citación con migración para dar seguimiento a su petición de asilo.

¿Qué probabilidades tienen de ser aceptados como asilados?

«Bastante. Es que nuestro caso es por el comunismo y la represión de Nicaragua, hay muchísimas personas reprimidas por Ortega».

Un primo de la pareja es una de las víctimas del régimen, cuentan que falleció por las ráfagas de disparos y, otro más, perdió una pierna en las protestas.

“Si el Gobierno nos da los papeles, nos gustaría tener un lugar para trabajar. Que los niños estudien y poder establecernos en Guatemala”, son las ambiciones de la pareja. 

Estas preocupaciones surgen no solo porque se encuentran en un país desconocido, sino porque cuando la pandemia empezó, en Nicaragua no se decretaron medidas de protección. Ortega no cerró escuelas, ni comercios. 

“Fue como si quisiera que nos muriéramos del contagio”, sentencia Álvaro, quien no pierde la oportunidad para saltar que: “Nosotros no migramos por gusto. Yo no cambiaría a mi país, pero las circunstancias lo obligan a uno”.

En Nicaragua, la gente no huye por la inseguridad y terror que infunden grupos paralelos como las pandillas y el crimen organizado, como ocurre en otros países de Centroamérica, si no que es el mismo Estado los ahuyenta, mata o aprisiona. Meylin y su familia, son algunas de las que han logrado salvarse.