Cada 20 de noviembre, es el Día de la Memoria Trans se conmemora como un recordatorio de las luchas, desafíos y resistencia de la comunidad trans en todo el mundo. En Guatemala, este día también destaca diversas historias donde las personas trans se han enfrentado a obstáculos y violencias, pero también a procesos de organización, solidaridad y acompañamiento en la búsqueda de reconocimiento de sus derechos fundamentales.

Por Angie Ross

La lucha por la igualdad y los derechos fundamentales se revela como una tarea ardua para las poblaciones diversas en Guatemala, que debe enfrentarse a la falta de ciudadanía plena, hasta políticas antiderechos, como la iniciativa  de ley 5940, Ley para garantizar la protección integral de la niñez y adolescencia contra los trastornos de la identidad de género, por citar como ejemplos.

Stacy Velázquez de la Organización Trans Reinas de la Noche (Otrans), explica que dentro de los desafíos se incluyen la falta de reconocimiento legal de la identidad de género, así como la ausencia de políticas laborales, educativas y de desarrollo. Subraya la presencia de una cultura de odio hacia las personas trans, alimentada por la influencia de la religión en las políticas y decisiones del Gobierno.

En cuanto a la importancia de enfrentar estos desafíos, Velázquez destaca la necesidad de que las políticas sean una realidad y aboga por campañas de sensibilización. Además, indica que en el sistema de salud “deciden robar a la niñez, y la adolescencia a las personas trans, piensan que nos hacemos, si no en realidad nacemos”, aclara que este enfoque patologizante del sistema perpetúa la discriminación y afecta negativamente la salud mental de las personas trans.

Personas trans frente al sistema de justicia

Adriana Muñoz de Otrans explica que en el período de 2018 a 2021, el MP documentó 186 denuncias de violencias a las poblaciones LGBTIQ a nivel nacional, a pesar de que la estimación detallada de la población trans en el país supera las 15 mil personas. Estas cifras contrastan significativamente con los registros del Centro de Documentación y Situación Trans Latinoamericano y del Caribe, que reporta aproximadamente 150 casos anuales de violencia a mujeres trans solo en Guatemala. 

“Nos encontramos frente a un sistema de justicia que, desde el mismo Ministerio Público (MP), exhibe una actitud grosera y violenta, especialmente hacia la ciudadanía, y de manera más agravada hacia nosotras. La resistencia de muchas compañeras a recurrir al sistema judicial se debe en parte a la forma despectiva en que son tratadas desde el momento en que ingresan, enfrentándose a un proceso lleno de desdén y violencia verbal”, señaló Adriana.

Crímenes de odio  desde los años 60

Remontándonos a la década de 1960, lo que se puede calificar como crimen de odio en Guatemala ha dejado una huella en la historia. Según la documentación policial en el centro histórico de la Policía Nacional Civil (PNC) en Guatemala, se registraron más de 180 mil casos entre 1900 y finales de 1950, con ataques violentos vinculados al contexto político del país, donde activistas, periodistas y estudiantes universitarios fueron criminalizados y, en algunos casos, asesinados.

Dentro de este expediente La criminalización LGBTI media, se identificaron alrededor de 167 casos que fueron clasificados como "homosexuales y lesbianas". Al analizar detenidamente estos casos, se observó que las persecuciones también afectaron a la población LGBTQ+ debido a su inclusión en contextos sociales vulnerables, exacerbados por la falta de atención del Estado y diversos gobiernos.

Otro caso emblemático es el asesinato de María Conchita Alonso durante una manifestación pacífica en 1996, que puede ilustar cómo la seguridad está entrelazada con el machismo patriarcal y la discriminación hacia las poblaciones diversas en el país. En el presente, la falta de prioridad en la seguridad para personas LGBTQ+ también se manifiesta en un sistema judicial y de seguridad que no responde adecuadamente a los casos.

La seguridad va más allá de los problemas políticos del país y está entrelazada con elementos como el estigma, el prejuicio, la discriminación y la violencia sistemática estructural, ejercidos por el machismo patriarcal. Las mujeres trans también son víctimas de esta violencia debido a su expresión de género femenina.

"El resarcimiento debería ser digno y, al mismo tiempo, permitir trascender, brindando una proyección de vida integral donde las personas puedan abordar las diversas cuestiones. Todo este proceso debe llevarse a cabo a través de un sistema de seguridad que garantice un ambiente propicio y protector para el ser humano", expresó Adriana.

Desafíos

Adriana menciona el caso de Nancy Sacul, una mujer trans que fue asesinada y que representa una de las primeras sentencias en Guatemala relacionadas con personas trans, pero evidencia  su preocupación por las penas consideradas bajas ante el acto de quitarle la vida a alguien. 

Sin embargo, la falta de reconocimiento legal de la identidad de género agrega otra capa de vulnerabilidad, ya que los instrumentos legales no están equipados para abordar adecuadamente la violencia hacia la comunidad trans. La ausencia de disposiciones claras sobre el transfemicidio en la ley impide que el sistema de justicia responda con contundencia, subrayando la necesidad urgente de vincular estas cuestiones para garantizar respuestas efectivas y sentencias proporcionales a la gravedad de estos actos.

Esta violencia estructural no solo es una injusticia para las víctimas, como en el caso de Nancy, sino también para sus familias, que enfrentan desafíos económicos significativos. La reparación debe trascender las penas superficiales y abordar las necesidades reales de las familias afectadas. 

“La memoria que abarca décadas, refleja la continuidad en la lucha y resistencia de la comunidad trans en Guatemala, destacando la necesidad urgente de un reconocimiento y abordaje efectivo de la violencia persistente”, concluye Adriana Muñoz.