“La justicia es como las serpientes: solo muerde a los descalzos“ (Monseñor Óscar Arnulfo Romero, arzobispo de San Salvador, asesinado en 1980) 

El pasado viernes 12 de junio, trascendió en redes sociales que un grupo de personas, especialmente jóvenes participaron de una fiesta clandestina en las instalaciones de la tienda de muebles O3 en Condado Concepción, Carretera a El Salvador, pese a estar en vigencia el decreto del toque de queda en todo el país. El Ministerio de Gobernación informó en un comunicado que dicha fiesta, puso en riesgo a todos los asistentes, y que al enterarse de lo sucedido, desalojaron el lugar y que en las próximas horas ejecutarían acciones legales para cerrar el negocio por desobedecer las órdenes gubernamentales. No se hizo ninguna detención en el lugar.

La Guatemala del privilegio

La tienda de muebles O3, lugar donde se realizó la fiesta, según el Centro de Medios Independientes – CMI pertenece al Grupo Recinos, de los hermanos Recinos Jo, entre los invitados estaba el sobrino del exembajador de Guatemala en Washington, Manuel Alfredo Espina Pinto conocido lobista antiCICIG y por haber sido director de la organización a cargo del Desayuno Nacional de Oración Guatemala Próspera, también se encontraba el hijo del director del Banco de los Trabajadores –Bantrab- Sergio Romano Monzón, entre otras personas. El CMI relaciona al Grupo Recinos como parte de las redes de los Panama Papers.

Según un audio de uno de los asistentes al evento, que circula en las redes sociales. No tuvieron graves consecuencias, “nos paramos y logramos salir fresh, no nos cobraron multa ni nada, logramos salir fresh.”, dice el joven que habla en el audio.

También circula información que afirma que ésta no es la primera fiesta que organiza este grupo de personas, que ya habían realizado una también durante el tiempo de confinamiento y toque de queda por la covid-19.

En un comunicado, la Policía Nacional Civil informó que ha designado a un equipo técnico de la Inspectoría General, para verificar el detalle de los procedimientos que llevaron a cabo los agentes de policía que se dirigieron al lugar, las medidas que en ese momento tomaron y verificar que hayan estado en el marco de la ley y de las restricciones actuales. Así mismo indican que tomarán las acciones necesarias para identificar a las personas que participaron en la fiesta y así individualizar a los responsables, sin embargo aún no hay ninguna confirmación de arrestos o sanciones a pesar de que varias personas en las redes sociales han nombrado a muchos de los asistentes.

La Guatemala profunda

A pesar de que el Estado insiste en que se tomarán sanciones para aquellos que de acuerdo al marco de la ley incumplan con las restricciones, esto parece ser algo selectivo, pues durante el decreto del toque de queda en el país se han arrestado de forma injusta a distintos trabajadores y trabajadoras que por buscar la subsistencia en este contexto, han tenido que salir a las calles, y sin titubear, ha llegado a ellas todo el peso de la ley de forma inmediata.

En Quetzaltenango cuatro mujeres que venden verduras en el mercado, indicaron que cuando se estaban retirando fueron detenidas por la policía, que sin mediar fueron tratadas como delincuentes, según las autoridades las apresaron por no acatar el horario de cierre del mercado.

Entre los casos de arrestos que se han dado desde el 13 de marzo hasta la actualidad, también está el de Odilia Rancho Yache, una vendedora de frutas a quien por orden de la juez municipal en San Juan Alotenango, agentes de la Policía Municipal de Tránsito, le retiraron sus productos a pesar de que vendía frente a su casa, con el argumento de que Odilia estaba incumpliendo las órdenes gubernamentales. Según algunos medios locales, a raíz de la expropiación de las frutas que ella comercializaba, no pudo tener un sustento monetario para cubrir sus medicamentos pues era diabética, ni su alimentación, y como consecuencia murió dejando a dos niños huérfanos.

Es importante también recordar el caso de Manuela Alejandra Pop Tuy y su esposo, quienes de forma ilegal fueron arrestados el 30 de mayo en Santa Catarina Ixtahuacán en el marco del Estado de Sitio en la localidad. Se les inculpaba de contar en su vivienda con una pistola esmerilada sin documentación, 7 piezas de armas de fuego, dos radio comunicadores marca Motorola, cinco teléfonos y la cantidad de Q6, 760.00 en diferentes denominaciones. Sin embargo gracias a la defensa de una abogada del Bufete de Pueblos Indígenas, se evidenció que el álbum fotográfico que contenía las pruebas de lo supuestamente incautado en su vivienda, había sido armado un día antes de la detención por la Policía Nacional Civil, lo cual le otorgó de nuevo a Manuela y a su esposo, la libertad.

Al mostrar estos acontecimientos podemos evidenciar que en nuestro país existe una justicia selectiva, en donde se arresta de inmediato a la clase trabajadora, a la gente sencilla, a la población maya, a los que defienden sus territorios y que sobre todo, son pobres, pero se les deja en libertad y únicamente se les desaloja de forma tranquila a quienes ilegalmente organizan una fiesta en plena crisis de salud.